La Policía detiene y ficha a los soldadores de la grúa de Navantia tras 28 días de resistencia

El Estado español ha respondido con detenciones y fichaje policial a la protesta de Manuel Balber y Jesús Galván. Sin embargo, Balber y Galván ya estaban fichados: los dos soldadores permanecieron 28 días encaramados a una grúa de la empresa pública Navantia en San Fernando (Cádiz, Andalucía) precisamente para denunciar el veto laboral que sufren por las listas negras que emplea la patronal del sector. Tras ser desalojados el pasado martes por orden judicial, ambos comparecieron este jueves en la comisaría de la Policía Nacional española bajo acusaciones de "desorden público", "coacciones" y "daños a la propiedad". Según han denunciado los propios trabajadores en declaraciones recogidas por Público y Diario de Cádiz, el trato recibido ha sido el de "delincuentes".

El desalojo se produjo bajo un despliegue de más de 40 agentes, incluyendo unidades de los GEO y antidisturbios, instado por una denuncia de la dirección de Navantia. Los trabajadores, fundadores de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM), denuncian que durante el encierro a 25 metros de altura la empresa pública utilizó "técnicas de regímenes anteriores" para desgastarlos, como el corte de suministro eléctrico, la retirada de datos móviles y la prohibición inicial de subir alimentos. Galván relató que estuvieron a punto de la "incomunicación total", una situación que califican de "tortura" y que solo fue mitigada por la intervención de su defensa legal y el apoyo de cargos públicos que facilitaron material de descanso básico.

La lucha de Balber y Galván denuncia la existencia de listas negras que les impiden trabajar en la industria del metal de la Bahía de Cádiz desde hace seis años por su militancia sindical. Según informaron a Diario de Cádiz, cuentan con pruebas que remitieron a la Inspección de Trabajo, incluyendo el testimonio de una empresa gallega que reconoció que no podía contratarlos por ser considerados "personal no grato" en Navantia. Como contrapartida a la persecución policial, los sindicalistas han anunciado una denuncia contra la empresa pública por un "delito de odio" y "trato vejatorio".

Mientras el Juzgado instruye los cargos contra los operarios, las movilizaciones se han extendido por el Estado con concentraciones frente a las sedes del PSOE en ciudades como Cádiz, Sevilla, Ferrol y Sestao. La lucha de Manuel y Jesús ya ha forzado al Ministerio de Trabajo a enviar inspectores a Navantia y Dragados para investigar el veto laboral. "A los responsables de empresas públicas que incumplen la ley nunca los procesan; siempre pagamos los platos rotos los de abajo", sentencia Balber, subrayando que su objetivo no es otro que recuperar el derecho al trabajo en su propia tierra después de años de exclusión social forzada por la patronal y la connivencia institucional.