La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interior de Alemania, ha ampliado oficialmente la monitorización y vigilancia de los activistas propalestinos tras añadir una nueva sección específica en su portal web dirigida a grupos no religiosos. Según las nuevas revelaciones de este organismo estatal, la inteligencia alemana sostiene que se ha formado un "núcleo duro" de activistas, especialmente en Berlín, que incluye a "individuos y organizaciones extremistas". Esta decisión profundiza la estrategia de persecución política iniciada por el Estado alemán desde el recrudecimiento del genocidio a gran escala contra Gaza en 2023, periodo en el que las autoridades han reprimido con violencia las manifestaciones que denuncian el régimen de apartheid y limpieza étnica.

El aparato de inteligencia alemán ha incluido en su lista de indicadores de "actividad extremista" símbolos de gran arraigo visual y cultural, destacando el uso de la imagen de la sandía cuando se emplea para delimitar el mapa de la Palestina histórica. El informe también sitúa bajo sospecha la consigna "Desde el río hasta el mar, Palestina será libre", a pesar de que los propios tribunales alemanes han dictaminado previamente que este lema "solo es ilegal en contextos específicos de vinculación", como con la resistencia de Hamas. Asimismo, el BfV criminaliza el uso de la imagen de un pulpo y del triángulo rojo —utilizado en vídeos de la resistencia palestina para marcar objetivos militares e históricamente por los nazis para clasificar a los presos comunistas y socialistas en los campos de concentración —, alegando que estos símbolos señalan el apoyo a "la violencia".

La agencia estatal justifica este despliegue de vigilancia masiva sobre la militancia propalestina afirmando que las movilizaciones presentan, como es natural, contenido antiisraelí y mensajes que califica de "antisemitas". Según el BfV, la indignación por las acciones militares de Israel puede transformarse en "hostilidad hacia los judíos en general", describiendo este fenómeno como "una proyección de agravios políticos". Con este argumento torticero, el Estado alemán asume un lenguaje que amalgama la crítica política a un Estado ocupante con el odio racial, permitiendo así que la inteligencia interior catalogue como "extremismo" la oposición a la política de exterminio de su aliado.

Organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado que estas restricciones y la vigilancia del BfV sobre el discurso político legítimo suponen un grave riesgo de criminalización de la libertad de expresión. Mientras el número de activistas contra el genocidio crece en visibilidad y organiza manifestaciones de gran escala en todo el país, las autoridades alemanas responden con el endurecimiento de sus aparatos represivos e ideológicos.