El Congreso admite a trámite la 'Ley antiokupas' del PP con la abstención de PNV y Junts
De ratificarse, permitirá desalojos en 24 horas, legalizar coacciones de entidades que corten suministros, aumentar el castigo penal para los inquilinos que no pueden afrontar los pagos y prohibir empadronamientos.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración este martes la proposición de ley del Partido Popular contra la ocupación ilegal de inmuebles. La iniciativa legislativa ha superado su primera votación parlamentaria gracias al respaldo explícito de Vox, UPN y Coalición Canaria, así como a la decisiva abstención de Junts y del PNV. Los partidos que forman el Gobierno se han opuesto a la medida. Esta votación se suma a la admisión a trámite sucedida hace unas semanas de la ley de vivienda propuesta también por el PP, que se encuentra a la espera del fin de los plazos de presentación de enmiendas.
El texto defendido por el grupo popular propone medidas estrictas como la ejecución de desalojos en un plazo máximo de 24 horas, el incremento de las penas de cárcel y el veto expreso al empadronamiento de los ocupantes en los municipios. Durante el turno de defensa de la propuesta, el diputado tránsfuga del Partido Popular (anteriormente UPN), Sergio Sayas, ha afirmado en la Cámara Baja que "la okupación ha crecido de manera exponencial en España".
No obstante, los datos oficiales del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan una tendencia opuesta, consolidando un descenso progresivo en el número de infracciones penales por ocupación. Según el Balance de Criminalidad, las denuncias, que engloban tanto la usurpación de inmuebles como el allanamiento de morada, han encadenado varios años de caídas consecutivas, situando la incidencia real del problema en un porcentaje inferior al 0,06% del parque residencial español, que supera los 26 millones de viviendas. Asimismo, las memorias de la Fiscalía General del Estado aclaran que la inmensa mayoría de estos procedimientos corresponden a delitos de usurpación pacífica de propiedades vacías, principalmente propiedad de bancos y fondos de inversión, mientras que los allanamientos de primeras o segundas residencias de particulares son anecdóticos y representan menos del 1% del total de los casos registrados, desmintiendo por completo las palabras de Sayas.
Contenido de la ley
La norma articula una reforma regresiva del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al elevar el delito de usurpación de inmuebles de la categoría de delito leve a "menos grave", imponiendo penas de prisión que facultan el arresto policial directo de familias vulnerables sin necesidad de orden judicial previa. En el ámbito estrictamente procesal, la implementación de lanzamientos sumarísimos mediante medidas cautelares en un plazo de 24 horas elimina de facto el control judicial de proporcionalidad y el trámite de audiencia de los afectados, omitiendo la intervención preceptiva de los servicios sociales para evaluar situaciones de desamparo o la presencia de menores de edad.
Asimismo, en el plano administrativo, la ley modifica la actual Ley de Bases del Régimen Local para prohibir la inscripción en el padrón municipal de quienes carezcan de un título posesorio formal. Por último, la asimilación técnica del impago de alquileres por precariedad económica, denominada recientemente por rentistas, bancos y fondos como 'inquiokupación', al tipo agravado de usurpación, junto con la flexibilización del delito de coacciones para eximir de responsabilidad penal a entidades y propietarios que suspendan los suministros de agua, luz y gas, legaliza de facto estrategias de coacción y acoso inmobiliario formalmente prohibidas por el ordenamiento jurídico vigente.
