Trump se autoexime de reclamaciones de impuestos de por vida
El Departamento de Justicia prohíbe cualquier investigación sobre las finanzas pasadas del presidente y su familia y crea un fondo de 1.800 millones de dólares para aliados.
El Gobierno de Estados Unidos ha retirado de forma permanente todas las reclamaciones y auditorías fiscales vigentes contra el presidente Donald Trump, sus hijos y la Organización Trump, según un documento de conciliación del Departamento de Justicia hecho público por medios como Reuters y Associated Press este martes. El texto de una sola página, firmado por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, establece que el Ejecutivo estadounidense queda inhabilitado y excluido "para siempre" de examinar o procesar penalmente las declaraciones de impuestos del mandatario presentadas antes de este lunes, así como cualquier asunto derivado de ellas que haya sido o pudiera haber sido planteado. Esta medida representa una expansión del acuerdo marco anunciado a principios de semana para resolver la demanda de 10.000 millones de dólares que Trump había interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro, alegando “daños financieros y reputacionales tras la filtración de sus registros financieros confidenciales”.
Como parte de esta resolución judicial, la Administración de Trump anunció la creación del denominado ‘Anti-Weaponization Fund’, dotado con 1.776 millones de dólares. Según detallaron las fuentes oficiales, este mecanismo está diseñado para reembolsar y compensar a ciudadanos y aliados del mandatario republicano que consideren “haber sido objeto de investigaciones y procesos injustos con fines políticos”. Durante una comparecencia ante el Congreso este martes, en la que fue severamente cuestionado por los legisladores, el fiscal en funciones Todd Blanche evitó descartar que las personas procesadas por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 puedan solicitar estas compensaciones económicas. Trump, por su parte, defendió la iniciativa ante los periodistas en la Casa Blanca señalando que el fondo “se limita a reparar el daño a personas que recibieron un trato horrible por parte del sistema judicial”.
La medida ha desatado duras críticas. Incluso dentro del propio partido republicano se han registrado muestras de malestar, como la del líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien manifestó a los medios de comunicación “no ser partidario” de la medida. Asimismo, expertos fiscales han cuestionado la legalidad del blindaje concedido al mandatario. Daniel Werfel, excomisionado del IRS durante la administración de Biden, señaló a las agencias Associated Press y Reuters que “no existen precedentes de que la agencia fiscal acepte renunciar por adelantado y de por vida a revisar declaraciones previas de un contribuyente específico”, advirtiendo que esta resolución “otorga a la familia del presidente unas reglas impositivas distintas a las del resto de los ciudadanos estadounidenses”.
La resolución original del caso implicaba que Trump recibiría una disculpa formal del Gobierno federal pero no percibiría indemnizaciones económicas directas a cambio de retirar su demanda penal. Sin embargo, la posterior exención de responsabilidades fiscales añadida discretamente a la web del Departamento de Justicia otorga un blindaje financiero total sobre cualquier posible deuda fiscal pendiente. La jueza federal encargada de tramitar la demanda en los tribunales, Kathleen Williams, desestimó formalmente el caso tras el pacto de las partes, aunque incluyó en su resolución una seria amonestación a las agencias gubernamentales, especialmente al Departamento de Justicia, por "no actuar con la transparencia debida" y por "omitir la documentación que acreditara la idoneidad del acuerdo”.
