La comunidad educativa del País Valencià ha manifestado un rechazo contundente a la última propuesta de la Conselleria de Educación en la que ya constituye la octava jornada de huelga. Según el primer balance del sondeo realizado por las organizaciones sindicales STEPV, CCOO, UGT, CADPV, CNT, CGT, COS, CSO y Docents en Lluita, el 78% de los participantes (24.427 votos) ha rechazado el acuerdo planteado por la administración. Este contundente rechazo se ha conocido apenas dos horas antes de la reunión clave de las 17:00 horas, en la que las centrales sindicales debían decidir si asumían el ultimátum de la administración. Reflejo del estado de tensión ha sido la propia duración de la reunión, que no superó los doce minutos. Frente a la negativa generalizada, la aceptación total del texto oficial ha quedado reducida a una posición marginal, con el respaldo de únicamente el 6% de los votantes.

La tensión también ha aumentado después de que Ortí cuestionara la validez de la consulta realizada entre los docentes, asegurando que "cualquier persona con un correo Microsoft" podía participar. Los sindicatos han interpretado estas declaraciones como un intento de desacreditar la movilización y han respondido que la participación está siendo "masiva".

El malestar en los centros educativos se ha traducido también en una firme voluntad de mantener las movilizaciones. Un 59,6% de los docentes encuestados ha apostado por seguir con la huelga indefinida como principal herramienta de presión. Como alternativa de movilización, un 37,5% de las plantillas ha valorado la realización de huelgas convocadas por provincias o comarcas. La consulta ha registrado una alta movilización interna, con un total de 31.293 docentes participantes, procedentes en su mayoría de las etapas de Educación Secundaria y Bachillerato, que aportaron 12.593 votos, y de Educación Primaria, con 10.294 sufragios, aunque el rechazo se ha mostrado transversal en todos los niveles educativos, incluyendo la educación infantil, la formación profesional y las enseñanzas artísticas.

El núcleo del conflicto se concentra en la suficiencia de las plantillas, la mejora de la inclusión y, muy especialmente, en las ratios y las retribuciones. Para el 28,5% de las plantillas, la reducción de la ratio de alumnos por aula es el punto más urgente que debe abordarse en la mesa de negociación. Por su parte, la recuperación del poder adquisitivo se alza como la prioridad absoluta para el 43,7% de los votantes.

Los sindicatos justifican este bloqueo en el hecho de que la última propuesta del Consell ignoraba directamente el 52% de las reivindicaciones recogidas en el denominado Acord Unitari de Negociació, es decir, 21 de los 40 puntos de la propuesta de acuerdo, dejando un 30% (12 puntos) sin garantías de cumplimiento, un 13% (5) contemplado las reivindicaciones solo de forma parcial y asumiendo en su totalidad únicamente 2 puntos (5%).

Apoyo unánime de las familias

Al frente sindical se ha sumado de forma explícita el respaldo de los colectivos de madres y padres. Desde la Plataforma Famílies en Lluita per l’Educació Pública y organizaciones como FAMPA-València han acusado directamente a la consellera de Educación, Maria del Carmen Ortí, de "intentar fracturar la cohesión de la comunidad educativa". Nati Alcañiz, presidenta de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del colegio público Enric Soler i Godes de Castelló, ha manifestado que las familias apoyan firmemente las reivindicaciones y la huelga indefinida del profesorado, asumiendo las demandas como propias en favor de una enseñanza pública, de calidad y en valenciano.

Este alineamiento social se ha reforzado tras la difusión de una carta electrónica que la consellera Ortí remitió a los progenitores dos días antes del inicio de los paros. Según ha denunciado Elisabet Garcia, presidenta de FAMPA-València, dicha misiva contenía datos sobre inversión autonómica que posteriormente fueron desmentidos por el propio profesorado. Lejos de desmovilizar a las familias o generar división, la estrategia de la Conselleria ha provocado el efecto contrario, cohesionando a los trabajadores, y familias en un frente común.