Informes de la era Clinton desmienten la acusación de EEUU contra Raúl Castro
Documentos desclasificados revelan que Washington calificaba los vuelos de Hermanos al Rescate como 'provocaciones' y admitía que violaban el espacio aéreo cubano, hechos que ahora niega.
La publicación de una serie de documentos oficiales desclasificados por el Archivo de Seguridad Nacional estadounidense este martes ha arrojado nueva luz sobre el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate por parte de aviones militares cubanos en 1996. Los registros, compuestos por correos electrónicos, memorandos y comunicaciones internas de la Administración Federal de Aviación (FAA), demuestran que altos funcionarios de la administración de Bill Clinton eran plenamente conscientes de la gravedad de la situación y calificaban formalmente las incursiones aéreas como "provocaciones" y alertaban: "algún día los cubanos derribarán uno de estos aviones y la FAA más vale que tenga todo bajo control". Esta revelación se produce justo cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusa formalmente al expresidente cubano Raúl Castro, quien en el momento de los hechos ejercía como ministro de Defensa, una imputación por asesinato, exponiendo así la contradicción de la acusación de Washington.
Los archivos históricos revelan que, exactamente un mes antes de que los cazas MiG cubanos interceptaran y derribaran las aeronaves Cessna frente a las costas de Cuba el 24 de febrero de 1996, un alto funcionario de la FAA ya había dejado constancia por escrito de su profunda preocupación. En un correo electrónico de enero de ese año, se mencionaban explícitamente las "nuevas provocaciones al Gobierno cubano" perpetradas por los sobrevuelos de la organización liderada por José Basulto, señalando además el "temor" del Departamento de Estado ante "un escenario catastrófico en el que las fuerzas de la isla terminaran derribando uno de los aparatos". Según los resúmenes oficiales de las reuniones mantenidas en la Casa Blanca desde agosto de 1995, el temor a que la artillería o la aviación cubana actuaran "en defensa de su integridad territorial" era "un factor constante" en las deliberaciones de la seguridad nacional estadounidense, reconociendo implícitamente el derecho y la previsibilidad de una respuesta militar ante las constantes violaciones de su soberanía aérea.
La documentación detalla que el Gobierno de La Habana había presentado múltiples protestas diplomáticas formales durante el año previo al incidente debido a que las aeronaves de Hermanos al Rescate sobrevolaban zonas urbanas de la isla lanzando miles de panfletos que incitaban a la insurrección popular. Aunque la FAA abrió una investigación prolongada y amonestó a José Basulto en reiteradas ocasiones por sus "maniobras burlonas", la agencia estadounidense le permitió seguir operando a pesar de que este presentaba de forma sistemática planes de vuelo falsos. Altos cargos de la administración, incluyendo al encargado de asuntos cubanos en la Casa Blanca, Richard Nuccio, al subsecretario de Estado, Peter Tarnoff, y al secretario de Transporte, Federico Peña, presionaron insistentemente a la FAA para que suspendiera de forma permanente las licencias de la organización, advirtiendo de que las líneas rojas trazadas por Cuba para salvaguardar su seguridad debían tomarse "con total seriedad".
Este trasfondo de negociaciones y advertencias frustradas quedó registrado originalmente en la investigación de 2014 titulada Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana, escrita por el especialista de la American University, William LeoGrande, y el analista senior del Archivo de Seguridad Nacional, Peter Kornbluh. En dicha obra se detalla cómo, presuntamente, el propio Fidel Castro habría intentado detener los vuelos mediante canales diplomáticos discretos.
La inoperancia de las instituciones estadounidenses se mantuvo hasta las últimas horas previas al desastre, de acuerdo con los correos desclasificados. En la noche del 23 de febrero de 1996, Richard Nuccio envió una alerta urgente al asesor de Seguridad Nacional, Sandy Berger, informándole de que Basulto planeaba despegar al día siguiente y advirtiendo de que, si bien las autoridades de La Habana habían mostrado contención en el pasado, "el nivel de tensión actual indicaba que los cubanos intentarían forzar el aterrizaje o derribar el avión". A pesar de que Nuccio telefoneó directamente a los funcionarios de la FAA en Miami ordenándoles bloquear el despegue, las autoridades locales de la agencia se negaron a intervenir, limitándose a emitir una advertencia rutinaria al piloto.
La tragedia, calificada por los investigadores como el "desenlace inevitable de una crisis anunciada", concluyó con la muerte de cuatro ciudadanos cubanoamericanos, tras lo cual la FAA emitió finalmente una orden de cese inmediato contra Basulto por "operaciones temerarias", un reconocimiento tardío de que el propio Gobierno de los Estados Unidos consideraba los vuelos como una negligencia, lo que contradice el argumento central de la acusación penal que hoy se promueve contra Raúl Castro. Aunque los documentos confirman que la Casa Blanca reconocía que los vuelos violaron el espacio aéreo cubano en múltiples ocasiones, la actual administración niega que, justo en el vuelo del derribo, esta fuera la situación.
