La evolución organizativa de Vox ha alcanzado un punto de inflexión estructural en el ecuador de 2026, marcado por la progresiva desaparición de sus rostros fundacionales y una severa contestación interna protagonizada por antiguos pesos pesados de la formación fascista. Lo que comenzó años atrás como discrepancias aisladas tras los reveses electorales se ha transformado en una fractura abierta y coordinada en Madrid y las principales capitales autonómicas. Los sectores críticos, desbancados de las esferas de decisión por la dirección nacional que encabezan Santiago Abascal y el secretario general Ignacio Garriga, denuncian "una deriva personalista, la ausencia total de democracia interna y un control económico opaco gestionado por un núcleo ultra cerrado". Este clima de confrontación ha desencadenado una sucesión de purgas fulminantes y una campaña de movilización de las bases que busca forzar de manera extraordinaria un "cambio de rumbo" en los estatutos de la organización.

El episodio más sintomático del proceso de centralización del poder en la cúpula de Vox ha sido el arrinconamiento y posterior sanción de Javier Ortega Smith, quien fuera el secretario general histórico del partido y el último de los fundadores que permanecía en la primera línea junto a Santiago Abascal. El distanciamiento irreversible se oficializó en diciembre de 2025, cuando la dirección nacional expulsó a Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional, sustituyéndolo por la dirigente catalana Júlia Calvet. Lejos de aplacarse la tensión, la brecha definitiva se consumó el 18 de febrero de 2026, fecha en la que Vox decretó la suspensión de militancia de Ortega Smith tras calificar de "infracción grave" su negativa a renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y sus reiteradas manifestaciones públicas criticando la "falta de fiscalización" del dinero del partido. Con esta resolución fulminante, la dirección descabezó al último bastión de la vieja guardia capaz de articular una corriente de opinión alternativa entre la afiliación.

El 'motín de los purgados'

La respuesta de los dirigentes apartados no se hizo esperar y cristalizó en marzo de 2026 con lo que varios analistas y medios de comunicación han denominado el 'motín de los purgados'. Figuras que en el pasado ostentaron una influencia determinante en el diseño estratégico y parlamentario de Vox, como el exportavoz en el Congreso de los Diputados Iván Espinosa de los Monteros, retirado de la primera línea en agosto de 2023, el propio Ortega Smith y el exlíder de la formación en la Región de Murcia José Ángel Antelo, decidieron aliarse para plantear un pulso formal a la presidencia de Abascal. El 19 de marzo de 2026, tal como adelantaron cadenas como Onda Cero, este grupo de exdirigentes comenzó a difundir un manifiesto político con el objetivo de iniciar la recogida de las 7.000 firmas necesarias, equivalentes al 20% de los afiliados al corriente de pago para obligar a la convocatoria de un Congreso Extraordinario.

En dicho documento, los firmantes cargan con dureza contra lo que definen como "una deriva estatista, obrerista y antimonárquica impuesta de manera unilateral" por el sector del eurodiputado Jorge Buxadé, una línea ideológica que consideran "ajena a los principios liberal-conservadores originales del partido". Asimismo, el manifiesto expresa una honda preocupación por la arquitectura de un entramado paralelo de entidades opacas y fundaciones satélites que absorben millones de euros de dinero público y de las cuotas de los afiliados sin aportar justificaciones claras sobre su destino.

Desmantelamiento territorial y el blindaje del modelo vertical

Las consecuencias de esta política de depuración interna se reflejan en un profundo desmantelamiento de las estructuras periféricas del partido fascista. Organizaciones territoriales que resultaron clave para la expansión institucional de Vox, situadas en comunidades como la Región de Murcia, las Illes Balears, Extremadura, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, se encuentran sumidas en crisis orgánicas crónicas o dirigidas por gestoras provisionales impuestas desde la sede central de la calle Bambú. Los disidentes señalan que las sucesivas reformas estatutarias impulsadas por Abascal "han suprimido las elecciones primarias y cualquier espacio de debate democrático, consolidando un esquema de mando estrictamente vertical en el que cualquier muestra de discrepancia o exigencia de transparencia contable es respondida con la apertura de expedientes disciplinarios o filtraciones interesadas de datos privados". Esta parálisis organizativa coincide con un momento en el que, según denuncian los propios purgados en sus comparecencias, "la formación ha perdido su frescura fundacional para convertirse en una maquinaria volcada en el sostenimiento de su núcleo directivo".

A este complejo escenario de tensiones se suma la ruptura definitiva de la dirección nacional de Vox con su organización juvenil afín, Revuelta. La fractura orgánica estalló de forma pública en diciembre de 2025, cuando el propio partido y dos antiguos miembros de la plataforma presentaron denuncias ante la Fiscalía y la Autoridad Independiente de Protección al Informante por presuntas irregularidades contables y el supuesto desvío de los fondos solidarios recaudados para los damnificados de la catástrofe de la DANA de 2024. Filtraciones de audios internos de esas semanas revelaron que el eurodiputado Jorge Buxadé presionó activamente a los responsables de la organización juvenil para forzar su disolución inmediata con el objetivo de contener el impacto reputacional sobre la marca principal del partido. Aunque recientemente, el 21 de abril de 2026, la Fiscalía Provincial de Madrid decretó el archivo definitivo de las actuaciones penales al considerar que los hechos expuestos eran "demasiado genéricos", el cisma político e institucional ya se había consumado irreversiblemente, distanciando a la cúpula de Abascal de los movimientos de base que originalmente dinamizaron su presencia en las calles.