La promesa de "regeneración política" y el "combate frontal contra la corrupción" que cimentaron el ascenso institucional de Vox se enfrentan en la actualidad a su examen más severo, impulsado no solo por los organismos de control del Estado, sino por las voces de quienes un día lideraron la organización. Una serie de traspasos millonarios hacia fundaciones satélites, la asignación de sobresueldos no desglosados públicamente y estructuras empresariales cruzadas han colocado la gestión financiera de Santiago Abascal en el centro del debate político. Esta situación ha despertado los recelos de antiguos dirigentes que hoy denuncian una opacidad institucionalizada en el partido, señalando que los mecanismos internos impiden conocer con claridad el destino real de los ingresos y los gastos.

La grieta pública en el relato del partido comenzó a abrirse de manera definitiva en febrero de 2023, cuando Macarena Olona, exlíder parlamentaria y una de las figuras con mayor proyección de la formación hasta los comicios andaluces de 2022, detalló en una entrevista concedida al periodista Jordi Évole las dinámicas internas de la organización. Olona señaló directamente a la Fundación Disenso como "un canal para desviar fondos partidistas hacia fines poco claros", aludiendo a la existencia de "una contabilidad informal destinada a pagos externos" donde, según sus afirmaciones, se ocultaban las irregularidades.

Desde entonces, el goteo de críticas de antiguos pesos pesados no ha cesado en el panorama político español. Nombres clave en la consolidación de Vox, como Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, quien sostiene haber sido apartado de sus responsabilidades tras denunciar anomalías económicas, y Juan García-Gallardo, se han sumado públicamente a las denuncias de concentración del poder financiero. García-Gallardo llegó a sugerir en una entrevista en el diario El Mundo que, al ritmo actual, la formación fascista "corre el riesgo de convertirse en un plan de pensiones personal para Abascal". Aunque los disidentes admiten no haber aportado de momento pruebas documentales definitivas a la opinión pública, coinciden en describir la administración económica como "un secreto custodiado por un núcleo ultra cerrado de no más de cuatro personas vinculadas a la presidencia".

El círculo íntimo: sueldos y adjudicaciones familiares

El escrutinio sobre el entorno íntimo de la dirección se intensificó tras una investigación periodística publicada por El Confidencial en 2025, la cual reveló que Lidia Bedman, esposa de Abascal, percibió en el año 2019 un salario anual superior a los 60.000 euros por servicios de consultoría en redes sociales, una cifra que sitúa sus ingresos por encima del 94% de la población del Estado español. El pago procedía de la editorial IVAT S.L., propiedad de Gabriel Ariza. Este último es socio de Kiko Méndez Monasterio, principal asesor de Santiago Abascal, en la consultora Tizona S.L., una firma que factura regularmente servicios para el propio partido ultraderechista. Esta triangulación económica sitúa la remuneración de Bedman dentro de la órbita de los proveedores financieros de Vox.

Por su parte, la retribución del propio Santiago Abascal también ha estado sujeta a controversia. En su declaración de bienes obligatoria ante el Congreso de los Diputados en 2023, el líder logró omitir inicialmente un ingreso mensual de 1.500 euros por la presidencia de su grupo parlamentario, cantidad que se añadía a sus 37.357 euros anuales como presidente del partido y a su asignación constitucional como diputado, fijada en 3.236,32 euros al mes en catorce pagas más otros 992,31 euros mensuales. Asimismo, los balances de la formación correspondientes al ejercicio de 2023 revelaron el reparto de 646.522,19 euros en concepto de sobresueldos distribuidos entre doce miembros de la cúpula directiva, lo que representa una media de casi 54.000 euros anuales por persona, sin que se hayan detallado públicamente los criterios de asignación ni las identidades de los beneficiarios.

Fundación Disenso: el puente operativo transnacional

El núcleo de este esquema financiero reside en la Fundación Disenso, el think tank privado presidido por el propio Abascal. De acuerdo con los datos de gestión, la formación ha transferido cerca de 7 millones de euros de dinero público a esta institución, manteniendo además un flujo promedio anual de 2,5 millones de euros. Esta dinámica resulta inusualmente alta en comparación con los flujos que otros partidos destinan a sus fundaciones satélites. En sus balances del ejercicio 2024, Disenso consignó 1,2 millones de euros bajo el concepto de "otros gastos de la actividad", destinados al pago de proveedores y empresas externas que la entidad no tiene la obligación legal de pormenorizar, abriendo una zona de sombra inaccesible para la fiscalización ordinaria. A ello se le suman, otros 1,2 millones de euros destinados a salarios de una plantilla con un sueldo medio estimado en 50.000 euros.

Con estos recursos, el laboratorio de ideas financia la plataforma web Gaceta de la Iberosfera, organiza foros internacionales y dota de becas al instituto ISSEP, vinculado a la extrema derecha francesa. No obstante, su función principal excede el marco cultural: Disenso actúa actualmente como el enlace operativo con la Heritage Foundation de Estados Unidos, entidad creadora del controvertido ideario económico Project 2025, y con la Political Network of Values, una plataforma controlada por antiguos cargos del gobierno ultraconservador húngaro. La publicación de estos movimientos millonarios por el periódico elDiario.es forzó en su momento al secretario general del partido a remitir una carta a la militancia para aplacar el descontento interno y justificar los desvíos.

Sanciones del Tribunal de Cuentas

El control del Tribunal de Cuentas ya se ha traducido en sanciones tangibles para la formación fascista en el plano doméstico. Tres investigaciones del órgano regulador por financiación irregular concluyeron en multas acumuladas que ascienden a un millón de euros. El tribunal determinó que Vox incurrió en prácticas ilegales al solicitar donaciones para campañas específicas e ingresar cerca de 400.000 euros de procedencia anónima a través de cajeros automáticos. Comunicaciones internas interceptadas por elDiario.es confirmaron directrices de la dirección estatal a los cuadros regionales para regularizar fondos en efectivo mediante el fraccionamiento de ingresos por la venta de material publicitario en sumas inferiores a los 299 euros para eludir la identificación obligatoria que exige la ley.

El rastro del dinero húngaro e israelí

Esta asfixia económica interna coincide con la necesidad del partido de buscar un sólido respaldo financiero en la banca internacional vinculada a regímenes ultraderechistas. En sus informes oficiales de gestión, Vox admitió haber recurrido al banco húngaro MBH para suscribir un préstamo por valor de 9.229.444 euros, una cuantía destinada a la financiación de sus campañas electorales para los comicios generales y europeos. La entidad financiera MBH está participada en un 30,5% por el Estado húngaro a través del Fondo Corvinus y se encuentra bajo el control del círculo de inversores de Lőrinc Mészáros, un magnate íntimamente ligado al exprimer ministro Viktor Orbán.

De forma complementaria al circuito bancario húngaro, la viabilidad del entorno político de Vox se conecta con soportes internacionales de carácter privado. Las filtraciones globales procedentes de la investigación de WikiLeaks, articuladas bajo el informe The Intolerance Network, documentaron que plataformas aliadas clave como Hazte Oír y CitizenGo captaron una suma de 17 millones de euros procedentes de grandes patrimonios vinculados a corporaciones de la construcción, grandes almacenes y empresas globales de alimentación, así como de oligarcas de la federación rusa. Asimismo, dentro de este mapa de influencias exteriores, resultan reseñables las informaciones sobre presuntos pagos constantes por parte del Estado de Israel a cargos políticos, cabeceras periodísticas y otros agentes integrados en la esfera de influencia de Vox y sus militantes, una línea de financiación particular cuyas ramificaciones y detalles específicos se analizan en otra noticia de este mismo número dominical.