Sindicatos de vivienda catalanes denuncian 88 multas y 50.000 euros
COSHAC y Alerta Solidària denuncian los cambios en los criterios de Interior que reactivan las sanciones de la Ley Mordaza por parar desahucios, ignorando los criterios de mediación vigentes desde 2022.
Los sindicatos del movimiento por la vivienda en Catalunya Confederación Sindical de la Vivienda de Cataluña (COSHAC), Alerta Solidària y el Sindicat d’Habitatge de les Corts, ha denunciado públicamente un cambio estructural y restrictivo en los criterios de actuación del Departamento de Interior de la Generalitat respecto a las movilizaciones convocadas para frenar desahucios. Las organizaciones acusaron de manera directa a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, de haber dejado sin efecto los protocolos institucionales aprobados en el año 2022, los cuales "se diseñaron específicamente para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica".
De acuerdo con los datos recopilados por estas plataformas, la administración autonómica ha reactivado con fuerza la vía punitiva, traduciéndose en la apertura de 88 expedientes sancionadores vinculados a protestas vecinales celebradas a lo largo del año 2025, cuya suma totalizada en multas asciende a 50.081 euros. La gran mayoría de estas sanciones se han tramitado al amparo de la Ley Mordaza, bajo las acusaciones administrativas de supuesta "desobediencia" o "resistencia a los agentes de la autoridad".
El escenario de mayor gravedad identificado por los colectivos se localiza en el distrito barcelonés de Les Corts. En dicho sector, concretamente el 7 de abril de 2025, se ejecutó el desalojo forzoso de tres familias con menores de edad en un operativo que generó una notable concentración de vecinos frente al inmueble afectado. Un año después de aquellos acontecimientos, los participantes han comenzado a recibir las notificaciones formales de 53 multas administrativas, cuyo importe agregado supera los 30.000 euros.
Fotos: @coshac_sindicat (X)
Las organizaciones sindicales recordaron que la Dirección General de Administración de Seguridad validó en 2022 unos criterios públicos "de obligado cumplimiento" para evitar que la potestad sancionadora del Estado vulnerara los derechos fundamentales de reunión y manifestación en contextos de protesta pacífica. Según el análisis de la COSHAC, la aplicación de aquellas directrices redujo casi a cero las sanciones contra el activismo habitacional durante el periodo anterior, un escenario que contrasta con la situación actual, donde Interior ha dejado de aplicar dichos baremos de protección sin haber publicado ningún documento, reglamento o directiva oficial que justifique el cambio de política.
