La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo registros la semana pasada en varias sedes de Tubos Reunidos, en el marco de la investigación relativa al caso de Leire Díez. Concretamente, se encuentra bajo sospecha una cuantiosa ayuda pública concedida a la empresa vasca por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante la pandemia: se baraja que Tubos Reunidos pudo haber recibido 112,8 millones de euros de financiación de forma irregular.

Según las informaciones publicadas por GEDAR LANGILE KAZETA, la SEPI autorizó en 2021 la concesión de esta ayuda a Tubos Reunidos, proceso en el que podrían haber intervenido la exmiembro del PSOE Leire Díez y Santos Cerdán con el fin de facilitar dicha operación financiera. Las hipótesis apuntan a que habrían percibido una contraprestación económica por estas gestiones. No obstante, el PSOE no es la única formación política salpicada por este escenario de corrupción, ya que el PNV también estaría involucrado, y se indaga si algún miembro de la formación actuó como mediador para que Tubos Reunidos pudiera acceder a este rescate público.

Ante las recientes revelaciones de corrupción vinculadas al PSOE, las fuerzas políticas que sustentan al Gobierno español se han pronunciado. EH Bildu se ha mantenido leal al Ejecutivo, y su portavoz, Mertxe Aizpurua, se ha manifestado en contra de un adelanto electoral; por el contrario, el PNV ha reclamado la convocatoria anticipada de comicios, a pesar de que las sospechas en torno a la trama sugieren una confluencia de intereses entre el PSOE y los jeltzales. En este sentido, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha exigido a Sánchez que "dé un paso al frente y convoque las elecciones", argumentando, entre otros motivos, las "dificultades del Gobierno para sacar adelante las leyes y las sucesivas polémicas por corrupción".