Genocidio y represión en Guatemala

Pocas figuras ilustran mejor el reverso político violento del auge evangélico que la del general Efraín Ríos Montt, que gobernó Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983 tras un golpe de Estado. Miembro desde 1978 de la Iglesia El Verbo, filial guatemalteca de la organización estadounidense Gospel Outreach, Ríos Montt fue el primer jefe de Estado evangélico de América Latina, un hito que llenó de un orgullo triunfalista a un movimiento entonces en plena expansión. Cada domingo predicaba por televisión, vestido de uniforme, sermones moralistas sobre “el orden y la familia”, mientras su ejército arrasaba el campo.

Durante su mandato se concentró lo más brutal de una guerra que, entre 1960 y 1996, dejó alrededor de 200.000 muertos y desaparecidos, en su inmensa mayoría pueblos originarios. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó masacres en centenares de aldeas, calificó de genocidio la campaña contra el pueblo maya y situó entre 1978 y 1984 el grueso de las violaciones de derechos humanos del conflicto. En 2013, un tribunal guatemalteco lo condenó a 80 años de prisión por genocidio, en una sentencia histórica que la Corte de Constitucionalidad anuló diez días más tarde bajo la presión de sectores del ejército y de la oligarquía. Murió en 2018, procesado de nuevo, sin condena firme.

El detalle que convierte este episodio en algo más que la biografía de un dictador, es contra quién se dirigía aquella violencia. Para los sectores más fanáticos de la Iglesia El Verbo, la pastoral católica inspirada en la teología de la liberación resultaba sospechosa de subversión. En aquellos años, las comunidades eclesiales de base organizaban a campesinos y jornaleros en torno a una idea sencilla, a saber, que la pobreza no era un designio divino, sino el fruto de un sistema esencialmente injusto. El pentecostalismo que crecía a su lado ofrecía justo lo contrario, esto es, una lectura individual de la miseria, la promesa de la “salvación personal” y la obediencia entendida como virtud, un mensaje que desactivaba la protesta en lugar de articularla.

Esa funcionalidad no pasó inadvertida en Washington. En diciembre de 1982, Ronald Reagan se reunió con Ríos Montt y lo describió como “un hombre de gran integridad personal entregado a la democracia”, al tiempo que sostenía que las organizaciones de derechos humanos le hacían un flaco favor. Al día siguiente, una unidad de élite del ejército masacró a más de ciento sesenta vecinos de la aldea de Las Dos Erres, decenas de ellos niños. Predicadores estadounidenses recaudaron fondos para el régimen, convencidos de estar conteniendo al comunismo. Los historiadores discuten cuánto hubo de plan deliberado y cuánto de afinidad espontánea, pero la función política queda fuera de toda duda.

Por mucho que el evangelismo se presente pegado a lo social, ofrezca consuelo, comunidad y una mano tendida a los más desfavorecidos, en el caso guatemalteco queda patente que esas formas no sirvieron para defender a los trabajadores del campo, sino para sustituir y deslegitimar al único movimiento que entonces intentaba organizarlos desde unas bases religiosas.