La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional depslegó el miércoles pasado una macrooperación contra el narcotráfico en la provincia de Jaén que se saldó con la detención de veintidós personas, entre las que se encontraban cuatro agentes en activo del propio cuerpo. Los policías bajo investigación penal pertenecían formalmente al Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Linares. Fuentes judiciales subrayan que el dispositivo permanece completamente abierto y que busca desmantelar una presunta red de colaboración y cobertura delictiva entre los efectivos policiales y diversos clanes dedicados al tráfico de sustancias prohibidas en la comarca.

El operativo policial arrancó de forma simultánea con intensos registros tanto en dependencias oficiales como en inmuebles particulares situados en puntos estratégicos de la localidad, tales como la barriada de Arrayanes y la zona de la Estación de Linares-Baeza, extendiéndose las pesquisas a otros municipios colindantes de la provincia andaluza. Los investigadores de Asuntos Internos accedieron a varios despachos de la comisaría linarense con el objetivo de incautar documentación, dispositivos informáticos y material potencialmente incriminatorio relacionado con las actividades delictivas bajo sospecha.

Sin embargo, ayer, domingo, la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Linares decretó la puesta en libertad de los cuatro agentes detenidos. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado la puesta en libertad provisional de todos ellos, aplicando únicamente las medidas cautelares de comparecencia, retirada del pasaporte y prohibición de salida de territorio estatal, añadiendo que en la causa se investigan presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a un grupo criminal, entre otros.

Las líneas de investigación criminal se centran en esclarecer el grado y la naturaleza de los vínculos entre los agentes de Estupefacientes en libertad y las organizaciones delictivas asentadas en el entorno de la provincia. Aunque las autoridades mantienen un estricto hermetismo institucional debido al estado activo de las diligencias, las investigaciones tratan de determinar si los funcionarios incurrieron en conductas ilícitas como la filtración de información confidencial sobre futuros operativos de asalto, la oferta de protección logística a las actividades de los clanes o cualquier otra fórmula de cooperación necesaria con las redes criminales.