La Justicia británica avala la ilegalización de Palestine Action bajo la ley antiterrorista

El Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales dio la razón este lunes al Gobierno británico al dictaminar que la prohibición legal del grupo propalestino Palestine Action es "legal y ajustada a derecho", revocando de este modo una resolución dictada el pasado mes de febrero por el Alto Tribunal que había desautorizado la medida por considerarla "desproporcionada". La sentencia, presidida en Londres por la jueza Sue Carr, enmienda el criterio anterior de la magistrada Victoria Sharp y supone un rotundo respaldo a la estrategia de criminalización política del Ejecutivo laborista liderado por el primer ministro Keir Starmer, que mantiene a la organización dentro de su elenco de entidades proscritas desde julio de 2025. Con este veredicto, el tribunal de apelación convalida la posición oficial que califica las actividades de la plataforma de acción directa como "terrorismo", por los sabotajes, ocupaciones e interrupciones contra empresas vinculadas a la industria militar israelí y bases de la fuerza aérea del Reino Unido.

La jueza Carr argumentó en su dictamen que el Gobierno británico "mostró una posición equilibrada al proscribir a Palestine Action", señalando explícitamente que la organización "promueve la violencia de manera excesiva hasta el punto de constituir terrorismo", añadiendo en su argumentación que las tácticas del colectivo "difieren de movimientos históricos como el de las sufragistas". Esta interpretación jurídica se ampara en la legislación antiterrorista aprobada en el año 2000, la cual define el terrorismo en un sentido amplio que incluye "daños graves contra edificios, infraestructuras o propiedades con fines políticos, ideológicos o religiosos, diseñados para influir en el Gobierno o intimidar al público". De este modo, la corte de apelaciones deja sin efecto el criterio del Alto Tribunal de febrero, el cual sostenía que, si bien Palestine Action "actuaba al margen de la ley con fines de intimidación y mediante la delincuencia", su clasificación más severa resultaba "desproporcionada en relación con las libertades fundamentales de expresión y manifestación", sugiriendo que sus miembros debían ser procesados únicamente de manera individual.

A este respecto, el pasado sábado 13, el juez Jeremy Johnson impuso penas de prisión contra cuatro integrantes de la organización, con penas de hasta ocho años y ocho meses de prisión por las incursiones en las fábricas de la israelí Elbit Systems UK, en Bristol. Lo hizo, además, dictando una sentencia sin precedentes en la historia jurídica del Reino Unido al aplicar un agravante por "vínculo terrorista" a los cuatro activistas.

Por su parte, diversas organizaciones de derechos civiles, juristas y colectivos de defensa de los derechos políticos han denunciado que la ratificación de esta prohibición sienta "un peligroso precedente que redefine la frontera entre la desobediencia civil y el terrorismo", argumentando que la medida "criminaliza la solidaridad internacional y limita severamente el derecho a la protesta" en el país. Frente a estas críticas, el Ministerio del Interior británico insiste en que las restricciones responden "de manera estricta a imperativos de seguridad pública y protección de infraestructuras estratégicas", negando cualquier tipo de motivación política en la persecución de la causa. Debido al profundo calado constitucional del litigio y al rechazo de los activistas ante la resolución de la corte de apelaciones, la defensa legal de la cofundadora de Palestine Action ha manifestado su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido, instancia definitiva que deberá pronunciarse sobre el caso en los próximos meses.