La organización de periodismo independiente Basta! ha hecho público su balance actualizado sobre las intervenciones letales de la Policía en el Estado francés, registrando un total de 49 personas “fallecidas” a lo largo del año 2025. Este recuento, que abarca las actuaciones de la Policía Nacional, la Gendarmería y la Policía Municipal, muestra una disminución respecto a las 66 muertes documentadas en 2024, una cifra que supuso un récord histórico en los registros de la entidad. Las estadísticas definitivas quedan supeditadas a la publicación de los informes oficiales de la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y de la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN). El informe detalla que la Policía Nacional estuvo implicada en más de una treintena de casos, la Gendarmería en una decena y los cuerpos municipales en cinco, con escenarios que van desde tiroteos cruzados hasta detenciones de personas con crisis psiquiátricas.

El informe de Basta! pone el foco sobre el creciente número de actuaciones ante personas de avanzada edad o en situaciones de grave sufrimiento psicológico. En Le Lamentin (Martinica), un hombre llamado Jacky, que padecía esquizofrenia, murió a manos del RAID. A principios de año, en Brive-la-Gaillarde, un hombre desnudo dentro de una iglesia fue abatido tras, supuestamente, “amenazar” a los agentes. En la isla de La Reunión, un sexagenario se atrincheró para evitar un internamiento psiquiátrico forzoso y terminó asesinado por los disparos de una gendarme que previamente había intentado usar una pistola de descargas Taser. De igual modo, el 26 de febrero de 2025 en Dugny, Seine-Saint-Denis, los vecinos denunciaron la muerte de Nicolas Larue, un enfermo de esquizofrenia al que dispararon tres veces, debido al “fallo” previo del dispositivo Taser.

Las dudas jurídicas sobre la aplicación del artículo 122-5 del Código Penal francés, que exige inmediatez, necesidad y proporcionalidad para justificar la legítima defensa, rodean a varios casos con notorias contradicciones entre las versiones policiales y los testigos. El 21 de mayo de 2025, Gabriel Bée, un treintañero residente cerca de Niort, en Deux-Sèvres, murió por disparos de la Gendarmería tras una denuncia por ruido; mientras la versión oficial afirma que esgrimió una porra, la familia rechaza el dictamen apoyándose en dos grabaciones de vídeo. En septiembre de 2025, en Plum, Nueva Caledonia, Faara Tournier falleció por el disparo de un gendarme hacia un coche en movimiento; las autoridades alegaron que era el copiloto de un vehículo amenazante, pero múltiples testigos afirmaron que se encontraba fuera del coche, lo que provocó protestas. Además, en abril de 2025, un hombre que deambulaba descalzo por París “falleció” tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el uso del Taser durante un arresto.

El balance de 2025 también incluye a diez personas que “murieron” durante su detención o mientras permanecían bajo custodia en dependencias policiales. En Seine-et-Marne, un hombre sufrió un colapso mortal tras chocar contra una señal durante su arresto por la BAC. En junio, en Villeneuve-Tolosane, un automovilista detenido falleció pocos minutos después de ser introducido en el furgón de la gendarmería, donde la fiscalía sostiene que “se autolesionó golpeándose la cabeza”. En París y Roubaix, durante el mes de abril, se registraron los fallecimientos por parada cardíaca en celdas de detención de dos hombres.

La tendencia trágica se mantiene en el año 2026, periodo en el que ya se contabilizan más de una veintena de “muertes” a manos de la Policía en los primeros cinco meses. A estos datos se añade un suceso calificado fuera de servicio pero cometido con equipamiento reglamentario el pasado 8 de mayo de 2026 en Val-d'Oise, donde un policía municipal asesinó a su esposa y a sus dos hijas de 9 y 13 años antes de suicidarse.