Denuncian a una empresa de desokupación por acosar a una familia en Zaragoza
La pareja con tres menores tiene un contrato vigente y está al corriente de pago, pero lleva semanas siendo hostigada por su casera y la empresa 'OkupAcción', liderada por un cargo vecinal de Vox.
Un grave episodio de acoso inmobiliario ha encendido las alarmas sociales y vecinales en un barrio popular de la Margen Izquierda de Zaragoza. Una familia compuesta por una pareja y sus tres hijos menores de edad se encuentra bajo una constante campaña de hostigamiento y acoso ejecutada por el grupo parapolicial 'OkupAcción'. Según los datos recabados por el periódico AraInfo a través de testimonios directos y del acceso a las diligencias policiales, las víctimas disponen de un contrato de arrendamiento plenamente vigente por una duración de cinco años, del cual han cumplido menos de dos, y se encuentran al corriente de pago de su renta mensual, fijada en algo más de 500 euros. Las acciones coercitivas, orientadas a forzar la rescisión extrajudicial del contrato de alquiler, se desarrollan con la presunta connivencia de la propiedad del piso y de forma ilegal.
El inicio de este conflicto se remonta a la mañana del lunes 20 de abril de 2026, fecha en la que tres integrantes de la citada corporación privada comenzaron a aporrear de forma violenta la puerta de la vivienda. De manera simultánea, la dueña del inmueble remitió a los inquilinos un burofax redactado a mano exigiendo la devolución de la propiedad bajo el argumento de “necesitarla para el alojamiento de un familiar de primer grado”. Fuentes vecinales de la zona aseguran que dicho pretexto carece de consistencia material y que el verdadero propósito de la maniobra radica en la voluntad de reintroducir el piso en el mercado inmobiliario local, donde los precios de los alquileres se han disparado notablemente, oscilando actualmente entre los 800 y los más de 1.000 euros al mes. Esta actuación obvia los requisitos formales de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que exige plazos mínimos de preaviso de dos meses, cláusulas contractuales explícitas y la correspondiente acreditación judicial de la necesidad de uso antes de proceder a cualquier resolución unilateral del arrendamiento.
La gravedad de las coacciones escaló cuando una de las personas vinculadas al grupo fascista bloqueó materialmente el rellano del edificio, impidiendo la salida de la madre con el carro de un bebé. Si bien los agentes de la Policía Nacional personados en el lugar verificaron la legalidad del contrato de alquiler y facilitaron el paso de la afectada, los efectivos no procedieron a la identificación de los integrantes de la banda escuadrista. Ante la persistencia de los ataques, la familia formalizó una denuncia penal en comisaría el miércoles 22 de abril, manifestando sufrir un “profundo temor que les impedía abandonar el domicilio con normalidad”. Lejos de cesar, el acoso se reanudó tras el puente festivo del 23 de abril, extendiéndose a lo largo de todo el mes de mayo con golpes reiterados, gritos en las zonas comunes, daños severos en el buzón y la mirilla, e incluso la incisión de una esvástica tallada con un objeto punzante en la puerta de la vivienda, provocando un cuadro de ansiedad médica que mantiene a la madre en situación de baja laboral.
La vertiente política del suceso ha cobrado especial relevancia al confirmarse que la cabeza visible de 'OkupAcción', José Antonio Ramos, ejerce actualmente como vocal de la Junta Vecinal de Montañana en representación del partido fascista Vox. El propio Ramos elevó el grado de confrontación la semana pasada al interceptar y amedrentar a uno de los progenitores mientras se encontraba junto a uno de sus hijos en una parada de autobús urbano, advirtiéndole textualmente de que “tendrían que aumentar la presión” debido a su negativa a abandonar el piso. Ante la inacción de las instituciones, el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y la Coordinadora Antifascista de la ciudad organizaron una concentración de protesta a las puertas del bloque de viviendas para respaldar a los afectados. Ambas plataformas emitieron un manifiesto conjunto en el que responsabilizan directamente a la Delegación del Gobierno en Aragón por la impunidad con la que operan estas empresas, exigiendo su inmediata desarticulación por “constituir herramientas de violencia sistemática al servicio del negocio rentista”.
