En el Pleno del Parlamento de Cantabria, aprobó este lunes una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vox para instar al Gobierno autonómico a incoar el expediente que declare Bien de Interés Cultural (BIC) el monumento al almirante franquista Luis Carrero Blanco en Santoña. La iniciativa, que contó con el respaldo del PP y del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), busca blindar este conjunto escultórico fascista frente a la Ley de Memoria Democrática y paralizar cualquier intento de retirada o demolición por parte del Gobierno central, invocando para ello la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio. El PSOE se ha quedado solo en la defensa de su voto en contra de esta medida, que también exige la aplicación de la normativa autonómica para señalizar el entorno como “Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo” e integrarlo en las actividades educativas.

Durante el debate parlamentario, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, criticó con dureza que el pasado 13 de mayo Moncloa decidiera abrir un procedimiento para derribar y borrar el monumento en Santoña, un acto que calificó de “agravio intolerable e inquisición cultural motivada por una amnesia selectiva y vengativa”. Díaz defendió el “valor intrínseco singular” y el carácter de “patrimonio histórico” de la escultura que homenajea al que sería sucesor de Franco, rechazando que se trate de un símbolo político y afirmando que el monolito goza de un “blindaje ético” al honrar a “un vecino de la localidad que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973”. Desde las filas del PP, el diputado Íñigo Fernández felicitó a Vox por la “calidad técnica de la propuesta” y acusó al PSOE de “buscar la división social”.

Por parte del Partido Regionalista de Cantabria, el portavoz Pedro Hernando reconoció el “carácter antidemocrático de Carrero Blanco”, pero matizó que “también ejerció como un benefactor para el municipio de Santoña y fue un impulsor clave de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado”. Hernando justificó su voto a favor señalando que la legalidad vigente ampara la difusión de la “memoria de las víctimas del terrorismo dentro de la memoria democrática general”, invitando a “mirar hacia el futuro y formar a los jóvenes explicando tanto los aciertos como los errores de los personajes históricos”.