El Gobierno reconoce por primera vez 63 asesinatos de la Policía y la ultraderecha entre 1979 y 1983
El documento desmiente el mito de la “modélica transición española” y excluye a quienes fueron asesinados en “actividades dirigidas a subvertir el orden constitucional”.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho públicos este jueves en Madrid los tres informes previstos por la Ley de Memoria Democrática de 2022. El primero de estos documentos concluye y reconoce de forma oficial la existencia de 63 víctimas mortales a manos de la Policía o de organizaciones de extrema derecha entre la entrada en vigor de la Constitución y el año 1983. La investigación, integrada por catedráticos de Derecho Penal e historiadores, determina que la llama “modélica Transición española” tuve “espacios grises donde se mantuvieron inercias y prácticas represivas heredadas de la dictadura franquista, debido a una defectuosa depuración de las instituciones que derivó en abusos policiales, intervenciones ilegales y la proliferación de bandas ultraderechistas que recurrieron al terror con la tolerancia de ciertos sectores de la autoridad”.
De acuerdo con el desglose cronológico y geográfico de la comisión, la mayor parte de los crímenes se concentraron en Madrid y en diversas localidades de Hego Euskal Herria, siendo 1980 el año más letal del periodo analizado con 28 asesinatos, seguido por 1979 con un total de 22 muertes. Del conjunto de las 63 víctimas identificadas, 28 fallecieron por el uso ilegal de la fuerza por parte de agentes policiales o de la Guardia Civil en contextos de huelgas, manifestaciones o controles de tráfico, destacando casos como el del adolescente de 14 años Ursino Gallego en Parla, la activista ecologista Gladys del Estal o los tres jóvenes torturados en el denominado Caso Almería tras “ser confundidos con militantes de ETA”. Por otra parte, las 35 muertes restantes fueron ejecutadas por facciones de la ultraderecha como el Batallón Vasco Español, la Triple A o Fuerza Nueva, responsables de atentados mortales como los de los jóvenes Yolanda González y Andrés García Fernández en Madrid, o la detonación de una bomba en un bar de Barakaldo (Bizkaia) en 1980 que costó la vida a Liborio Arana, Manuel Santacoloma, María Paz y Pacífico Fica.
El informe retoma la controversia política generada durante la tramitación de la normativa y delimita de forma estricta el universo de estudio, excluyendo de manera explícita de este análisis a los miembros de organizaciones que fueron asesinados en “actividades dirigidas a subvertir el orden constitucional” a manos del Batallón Vasco Español, de los GAL o mediante “actuaciones policiales descontroladas”, bajo el criterio de que la comisión solo abarca a “quienes se significaron activamente por la consolidación democrática”. Asimismo, los expertos recomiendan la puesta en marcha de un canal seguro y permanente para la recepción de nuevos casos y la ampliación futura de las investigaciones hacia los delitos de tortura y tratos degradantes.
Por último, el tercer informe institucional aborda de manera integral la discriminación sistemática contra el pueblo gitano, concluyendo que el colectivo ha sido “objeto de una represión continuada por parte del Estado desde hace seis siglos”.
