Garamendi se subió el sueldo un 3% en 2025

Las cuentas anuales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), han revelado que la patronal abonó a su presidente, Antonio Garamendi, un total de 403.000 euros brutos en concepto de remuneración por sus funciones representativas durante el ejercicio de 2025. Esta cantidad representa un incremento de 12.000 euros anuales respecto al año 2024, cuando percibió 391.000 euros. La subida salarial aplicada al empresario vasco fue del 3%, un porcentaje que se situó por encima de la inflación media del periodo, fijada en el 2,7%. Con este último ajuste, los ingresos del líder de la patronal acumulan un crecimiento superior al 14% en los últimos cuatro años. Este histórico comenzó a detallarse a partir de 2022, fecha en la que la organización abandonó la práctica de publicar una cifra global para la Junta Directiva y empezó a desglosar las retribuciones individuales de sus altos cargos, coincidiendo también con el cambio de encuadramiento de Garamendi al Régimen General de la Seguridad Social tras haber cotizado como autónomo en su primer mandato.

En una línea expansiva similar, el secretario general de la organización empresarial, José Alberto González-Ruiz Martínez, registró un aumento del 2% en su nómina bruta durante 2025, alcanzando los 291.000 euros anuales frente a los 285.000 euros del periodo previo. La evolución de sus emolumentos refleja un alza acumulada del 17% en el último cuatrienio, impulsada de forma notable por el incremento del 7,5% que se otorgó en 2024. 

Estas subidas en la cúpula directiva se producen en un escenario macroeconómico de máxima rentabilidad para el tejido empresarial. Durante el año 2025, las empresas cotizadas españolas alcanzaron un beneficio neto histórico de 71.118 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,36% en comparación con los ya extraordinarios resultados de 2024. El grueso de estas ganancias se concentró en el Ibex 35, que aportó cerca de 65.000 millones de euros a las cuentas globales, con el sector bancario y el energético a la cabeza del crecimiento; ejemplos de ello son los resultados de Banco Santander, que ganó 14.101 millones de euros tras crecer un 12%, BBVA con 10.511 millones de euros, e Iberdrola con un beneficio aproximado de 6.250 millones de euros.

Ofensiva patronal

A pesar de este contexto de holgura financiera y de la consolidación de los ingresos de sus máximos dirigentes, la dirección de la CEOE ha desplegado una campaña de criminalización contra los trabajadores que se les ha prescrito una baja médica. Garamendi exigió reducir sus costes operativos mediante la transferencia de cargas económicas al sector público y la contención de los derechos de las plantillas. En el marco de la jornada titulada Absentismo x IT: un problema de país, celebrada este martes en Madrid, la confederación empresarial, liderada por Garamendi, formalizó una exigencia para que la Seguridad Social asuma íntegramente el pago de las prestaciones y las cotizaciones de los trabajadores durante los primeros quince días de baja por contingencias comunes. Actualmente, las compañías deben sufragar el tramo que va desde el cuarto hasta el decimoquinto día de ausencia. La propuesta pretende eximir a las empresas de la gestión financiera de casi el 70% de los procesos totales de incapacidad temporal, trasladando dicho peso al mermado sistema público.

La ofensiva de la patronal se vio reforzada y radicalizada por las demandas de sus distintas delegaciones territoriales y sectoriales durante el mismo encuentro en la capital, donde se vinculó de manera deliberada la incapacidad temporal justificada con el absentismo laboral. La directora de empleo de la CEOE, Rosa Santos, calificó la situación de cerca de un millón y medio de personas en baja como un "lastre" para el sistema, eludiendo la responsabilidad empresarial en la salud de las plantillas y atribuyendo la situación a ineficiencias de la sanidad pública. En términos más drásticos, la patronal madrileña, representada por Laly Escudero, reclamó la reinstauración del despido por bajas médicas, una polémica figura legal que permitía extinguir contratos de forma procedente por acumulación de ausencias intermitentes justificadas. Asimismo, exigieron el acceso legal de las empresas al diagnóstico médico específico de sus empleados, vulnerando el secreto médico, y sugirieron penalizaciones económicas colectivas al ligar los complementos salariales de los centros de trabajo al índice de absentismo general. La jornada sumó además la declaración de Ángel Nicolás, presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, quien descalificó de forma generalizada a los trabajadores más jóvenes al llamarles “memos” y achacarles una supuesta “falta de fortaleza mental”.