La mayor apuesta presupuestaria de la historia policial estadounidense

En julio de 2025, Estados Unidos aprobó, mediante el procedimiento de reconciliación presupuestaria (la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, P.L. 119-21), una asignación de la cual unos 170.000 millones de dólares le fueron asignados exclusivamente al control migratorio y fronterizo a lo largo de cuatro años —el Departamento de Seguridad Nacional en su conjunto recibió unos 191.000 millones—, con el objetivo declarado de deportar a un millón de personas al año. Poniendo la partida en perspectiva, se ve que supera el presupuesto anual conjunto de todas las policías estatales y locales de Estados Unidos. Y según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO), el gasto en control migratorio que esta ley consagra equivale a ocho veces el presupuesto del FBI, trece veces el de la DEA, veintiuna veces el de la agencia de armas (ATF) y treinta y seis veces el de la unidad de delitos fiscales del fisco. Cabe destacar además, que ya antes de esta ley, el presupuesto de control migratorio superaba la suma de todas esas agencias federales juntas.

Desglosándola, la ley destina 45.000 millones a construir nuevos centros de detención —un aumento del 265 % sobre el presupuesto de detención previo, una cantidad un 62 % mayor que todo el sistema penitenciario federal— con capacidad para detener hasta 116.000 personas al día; 29.900 millones a las operaciones de ICE, lo que triplica el presupuesto anual de la agencia; y 46.600 millones al muro fronterizo. Financia además unos 14.593 nuevos agentes y personal para ICE y unos 8.490 para la CBP, y crea un fondo de 10.000 millones de uso no restringido —una cifra equivalente a todo el presupuesto anterior de ICE— para incentivar la colaboración de Gobiernos estatales, locales y contratistas privados.

El efecto agregado es que ICE se convierte, según el American Immigration Council, en la mayor agencia policial federal de la historia de Estados Unidos. Y todo ello, además, con el añadido de que cuando se informa a los votantes de que ICE ya dispone de unos 75.000 millones, solo el 14 % quiere que se le destine más dinero. A enero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional conservaba aún unos 150.000 millones de esos fondos sin gastar, suficientes para operar hasta finales de 2027 sin nuevas asignaciones. 

La vigilancia algorítmica de la deportación

El capital privado también busca los ingresos gubernamentales en el campo del control migratorio, y ningún nombre lo ilustra mejor que Palantir, la empresa cofundada por Peter Thiel y que tiene de CEO a Alex Karp. En abril de 2025, ICE le adjudicó sin concurso (contrato de fuente única) 30 millones de dólares para construir ImmigrationOS, un sistema diseñado para identificar y priorizar a quién deportar, rastrear las "autodeportaciones" con visibilidad «casi en tiempo real» y hacer más eficiente toda la logística de expulsión; el prototipo debía entregarse en septiembre de 2025 y el contrato se extiende hasta septiembre de 2027. La justificación oficial fue que solo Palantir podía construirlo con la rapidez que exigían las órdenes ejecutivas. A su vez, en septiembre de 2025 la empresa empezó a trabajar bajo un segundo acuerdo de 29,9 millones para una herramienta de identificación de objetivos llamada ELITE, y según una comunicación de la propia compañía a la SEC, ha firmado más de 81 millones de dólares en contratos tecnológicos con ICE solo desde enero de 2025. El contrato matriz de gestión de casos sobre el que se construye ImmigrationOS se ha hinchado hasta superar los 145 millones. En el conjunto del Gobierno federal, Palantir ha recibido más de 900 millones de dólares en contratos desde el inicio de la Administración Trump, según The New York Times; su cotización subió más del 90 % en los meses posteriores a las elecciones de noviembre de 2024.

Lo que ImmigrationOS hace técnicamente es agregar y cruzar datos: registros del fisco (IRS), de la Seguridad Social, de pasaportes, lectores de matrículas y hasta 80 millones de registros del programa sanitario Medicaid. Ello ha llevado a describir a ICE como una "agencia de vigilancia doméstica de 2.800 millones de dólares". Cabe destacar adicionalmente que Stephen Miller, principal arquitecto de la política migratoria de la Administración, mantiene una participación financiera en Palantir, y el primer inversor de la empresa fue In-Q-Tel, el brazo de capital riesgo de la CIA. ICE, además, ha sondeado a cerca de treinta compañías para vigilar redes sociales en busca de inteligencia para redadas y arrestos.

"Servicios" de deportación

Expulsar físicamente a un millón de personas al año requiere una flota enorme la cual es proporcionada en gran medida por el capital privado. El presupuesto de transporte y expulsión de ICE para el año fiscal 2026 ronda los 1.100 millones de dólares, más del doble que en 2024. Buena parte va a aerolíneas chárter: GlobalX, la compañía que opera muchos de los vuelos de deportación, ha declarado que espera ingresar unos 65 millones de dólares al año de su contrato con ICE; entre los subcontratistas figuran también GEO Transit —filial de GEO Group, la mayor empresa privada de prisiones del mundo— y CSI Aviation. Es un negocio opaco y con escasa supervisión, en el que cada vuelo deportación es, a la vez, una transferencia directa desde los presupuestos públicos a las mencionadas empresas. 

A ese circuito se añade (entre otros) la monitorización electrónica. La filial BI Incorporated, también del grupo GEO, gestiona el programa de «alternativas a la detención» —pulseras de tobillo y aplicaciones de seguimiento por móvil como SmartLINK— que vigila a las personas liberadas mientras se resuelve su caso. 

Europa

El modelo europeo es más tecnológico que carcelario, pero igual de lucrativo, y reposa sobre los mismos grupos de defensa e identidad digital. La agencia eu-LISA, encargada de los grandes sistemas informáticos de la Unión, ha gastado alrededor de 1.500 millones de euros en lo que los críticos llaman fronteras virtuales. La pieza central es el nuevo Sistema Compartido de Concordancia Biométrica (sBMS), adjudicado en 2020 por 300 millones de euros al consorcio de la francesa IDEMIA y Sopra Steria —solo el componente de reconocimiento facial costó más de 300 millones—; a él se suman un contrato de 140-142 millones firmado en 2019 con Atos, IBM y la empresa de defensa Leonardo para el núcleo del Sistema de Entradas y Salidas (EES), y otro de 194 millones de 2016 para el Sistema de Información de Visados.

El resultado es una de las mayores bases de datos biométricos del mundo. El sBMS está diseñado para almacenar las huellas y los rostros de más de 400 millones de ciudadanos. Entró en funcionamiento el 25 de agosto de 2025, y el despliegue del EES (entre octubre de 2025 y abril de 2026) y del futuro sistema de autorización de viaje ETIAS completará la infraestructura. Statewatch ha documentado además que el "vendor lock-in", la dependencia tecnológica que hace que, cada vez que un sistema debe actualizarse o ampliarse, el contrato recaiga casi siempre en las mismas empresas que lo construyeron —IDEMIA, Sopra Steria y Atos se reparten, una y otra vez, el mantenimiento de las grandes bases de datos europeas— convirtiéndolo en un campo de gran interés para las empresas tecnológicas.

La economía del contrabando

Hay un último beneficiario, y es el que mejor demuestra que el endurecimiento no reduce la migración, sino que reorganiza su mercado. Cuanto más difícil se vuelve una frontera por las vías legales, más caro y más rentable resulta el servicio de cruzarla por las ilegales. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) estimó que, solo en dos de las principales rutas hacia Europa y Norteamérica, el tráfico de migrantes movió del orden de 5.500 a 7.000 millones de dólares en un solo año, y la cifra global es muy superior.