El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión por el 'caso Koldo'
La Sala de lo Penal impone 18 años y medio de cárcel a Koldo García y cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama por el amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia del primer juicio del denominado 'caso Koldo', el cual se ha centrado en el amaño en la contratación y compra de mascarillas de protección durante la crisis sanitaria del covid-19 en el Ministerio de Transportes. El alto tribunal ha impuesto una condena de 24 años y tres meses de prisión al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE, José Luis Ábalos. Por su parte, el antiguo asesor del ministerio, Koldo García, ha recibido una pena de 18 años y medio de cárcel, mientras que el empresario Víctor de Aldama ha sido sentenciado a cuatro años y medio de reclusión. La resolución judicial confirma la tesis de la Fiscalía, que solicitaba inicialmente 24 años de privación de libertad para el exministro y 19 años y medio para su asesor tras acusarlos de “conformar una organización criminal destinada a obtener beneficios económicos ilícitos aprovechando la autoridad del cargo público que ostentaba Ábalos”.
La notificación oficial del fallo se ha llevado a cabo en la sede del Tribunal Supremo en Madrid, donde el tribunal convocó formalmente a las 12:00 horas a las representaciones legales de las defensas y a las distintas acusaciones personadas en la causa. Según informaron fuentes presenciales en el acto recogidas por El País, el tribunal exigió a todos los asistentes depositar sus teléfonos móviles fuera de la sala antes de ingresar para “salvaguardar la confidencialidad de la sesión y evitar cualquier tipo de filtración”. Los principales condenados, José Luis Ábalos y Koldo García, comparecieron y escucharon el dictamen judicial a través de una conexión por videoconferencia establecida desde el centro penitenciario de Soto del Real, en Madrid, lugar donde ambos cumplen prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. En contraste, Víctor de Aldama, quien permanece en situación de libertad, acudió de forma presencial a las dependencias del Supremo acompañado por su abogado defensor, José Antonio Choclán.
Esta sentencia definitiva llega semanas después de que el proceso judicial quedara visto para sentencia el pasado 6 de mayo. El juicio oral se desarrolló a lo largo de 14 intensas sesiones plenarias en las que testificaron más de 70 personas, entre las que se incluyeron altos cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos del Estado, miembros de la Guardia Civil y familiares directos de los procesados. Durante las jornadas de alegatos finales, las defensas de Ábalos y de García solicitaron la libre absolución de sus representados argumentando una “manifiesta falta de pruebas de cargo en su contra”. Por el contrario, la defensa de Aldama solicitó una reducción sustancial de la condena, logrando que el tribunal fijara la pena en cuatro años y medio, frente a los siete años que reclamaban las acusaciones, debido a la consideración judicial de la atenuante por su confesión y la “relevancia de su colaboración con la justicia a lo largo de la instrucción”.
La resolución dictada por el Tribunal Supremo se consolida como un factor determinante para el desarrollo del resto de las piezas separadas derivadas del 'caso Koldo', las cuales se instruyen actualmente de forma independiente en la Audiencia Nacional y afectan directamente al PSOE, totalmente cercado por casos de corrupción. En dichas ramificaciones de la causa, las partes personadas se encontraban a la espera de este criterio del alto tribunal para el avance de las investigaciones sobre el presunto amaño de obras públicas a cambio de comisiones, el desvío de fondos y los pagos en efectivo vinculados al partido del Gobierno. En el plano político, el impacto del dictamen no solo ha clausurado la trayectoria del que fuera el primer secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, sino que también ha afectado directamente la carrera de su sucesor en la estructura orgánica de la formación, Santos Cerdán, en un escenario que mantiene al Ejecutivo bajo una estricta fiscalización judicial.