PSOE, Sumar y PP pactan blindar por ley el secreto en los precios de los medicamentos
Camuflada en una iniciativa sobre cribado neonatal, la medida está hecha a medida de las farmacéuticas y saldrá justo antes de que el Supremo decida si el coste real de cada fármaco debe ser público.
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados vota este jueves una modificación de gran alcance que consagrará por ley el secreto absoluto sobre los precios y las condiciones de financiación que el Estado pacta con los laboratorios farmacéuticos. PSOE, Sumar y PP han alcanzado un acuerdo unánime mediante la firma de una enmienda transaccional que introduce esta reforma estructural aprovechando la tramitación de la proposición de ley sobre cribado neonatal, registrada bajo el expediente 122/000233.
La medida introduce una disposición final nueva que modifica formalmente los artículos 97 y 106 del Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. La legislación vigente ya amparaba la protección de los datos técnicos, económicos y financieros facilitados por la industria durante el proceso de negociación, pero el nuevo redactado acordado por el Gobierno y la oposición extiende el blindaje para convertir en secreto legal el precio final y real que la sanidad pública abona por cada nuevo fármaco incorporado al Sistema Nacional de Salud.
Nocturnidad y alevosía
Según denuncia la Fundación Civio, especializada en la fiscalización de las políticas públicas y la transparencia institucional, la maniobra parlamentaria se ejecuta mediante un procedimiento caracterizado por la opacidad y la rapidez. La proposición de ley se ha tramitado por la vía de urgencia, lo que reduce de forma automática los plazos a la mitad, y cuenta con competencia legislativa plena. Esta condición faculta a la Comisión de Sanidad para aprobar definitivamente el texto y remitirlo directamente al Senado, privando al conjunto de la Cámara de un debate y votación en el Pleno del hemiciclo. Asimismo, el mecanismo elegido ha sido el de una enmienda transaccional amparada en el artículo 114.3 del Reglamento del Congreso. Este instrumento permite a los partidos negociar a puerta cerrada modificaciones sobre enmiendas previas, por lo que el texto definitivo no se registra públicamente de forma ordinaria, sino que se incorpora de manera directa al informe de la ponencia justo antes de su votación.
El origen formal del cambio legislativo se sitúa en la enmienda número 34 presentada originalmente por el Grupo Popular, cuyo texto inicial se limitaba a solicitar la participación de asociaciones de pacientes, sociedades científicas y expertos en salud pública en la revisión periódica de los programas de cribado neonatal. Sin embargo, la propuesta definitiva que se vota en comisión ha sido alterada por completo para incorporar el blindaje del secreto comercial de los medicamentos, contando con las firmas de los diputados Carmen Martínez por el PSOE, Rafael Cofiño por Sumar y Elvira Velasco por el PP. Ninguna de las otras 40 enmiendas presentadas por los diferentes grupos de la Cámara al documento original hacía mención alguna al precio de los fármacos o a los acuerdos de financiación, centrándose exclusivamente en la gestión de las patologías infantiles.
A la tercera y con prisa
Este movimiento parlamentario supone el tercer intento por establecer el secreto de los precios de compra pública de fármacos en un periodo inferior a un año y medio. En mayo de 2025, el Ministerio de Sanidad introdujo inicialmente esta formulación dentro del anteproyecto de ley de medicamentos. Posteriormente, en marzo de 2026, las formaciones del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, intentaron reactivar la medida presentándola como la enmienda número 259 dentro de un proyecto de ley sobre discapacidad que se tramitaba en la Comisión de Derechos Sociales. En esta tercera ocasión, el texto modificado coincide de forma literal con los anteriores, variando únicamente el vehículo legislativo y sumando el respaldo explícito del PP.
La resolución de esta reforma legal coincide temporalmente con la deliberación inminente del Tribunal Supremo, órgano judicial que tiene pendiente dictar una sentencia firme para determinar si las cuantías reales que las arcas públicas destinan a la adquisición de medicamentos deben ser de acceso público bajo los criterios de transparencia administrativa, una decisión judicial que podría verse neutralizada por la entrada en vigor de este nuevo blindaje normativo.
