Suecia obligará a los funcionarios a denunciar a migrantes indocumentados
Además de la llamada “Ley del soplón”, el parlamento aprueba también la expulsión de migrantes por “mala conducta” con efecto retroactivo; la norma llega a pocos meses de las elecciones.
El Parlamento de Suecia ha aprobado un paquete de reformas legislativas que faculta a las autoridades a revocar los permisos de residencia por criterios de comportamiento y obliga a empleados públicos a denunciar a las personas en situación administrativa irregular. Según menciona el diario Dagens Nyheter, estas medidas, que entrarán en vigor a partir del próximo mes de julio, forman parte de la estrategia del Ejecutivo sostenido por el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia ante las elecciones parlamentarias programadas para septiembre. Según las estimaciones del Gobierno, las nuevas normativas afectarán a unas 100.000 personas y serán ejecutadas mediante una revisión “caso por caso” coordinada por la Agencia de Migración.
La primera de las leyes validadas permite la expulsión del territorio sueco de aquellos extranjeros a los que el Ejecutivo atribuya una “mala conducta”, aplicándose la norma de manera retroactiva tanto para los permisos ya concedidos como para los que se encuentran en trámite. Aunque el texto legislativo no precisa formalmente qué acciones específicas constituyen una “conducta inaceptable” dentro del código penal, las autoridades ministeriales han señalado como supuestos punibles “la acumulación de deudas impagadas, el trabajo no declarado y el mantenimiento de vínculos con organizaciones de carácter extremista”. El ministro de Migración, Johan Forssell, defendió la iniciativa afirmando que “quienes no se esfuercen por cumplir con las normas cívicas no deben contar con la posibilidad de permanecer en Suecia”.
Por otro lado, la disposición denominada como la “Ley del soplón” impone la obligación legal de denunciar a personas sin documentación a los trabajadores de organismos estatales clave como el Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, la Agencia de Pensiones, la Agencia Tributaria y el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional. La propuesta original del Ejecutivo Central contemplaba la inclusión obligatoria de los sectores educativo, sanitario y de servicios sociales; sin embargo, las intensas protestas de los sindicatos forzaron la exclusión de estos colectivos de la redacción final.
