Detienen a dos empresarios por explotación laboral ilegal en Burgos

Este martes, dos varones de mediana edad acusados de los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, coacciones, blanqueo de capitales y delito contra los derechos de los trabajadores han sido detenidos en Burgos. La operación está directamente vinculada con la grave situación de desprotección que sufría un grupo de operarios extranjeros. Estas irregularidades laborales afloraron públicamente el pasado 18 de abril, cuando dos trabajadores de origen egipcio se encaramaron a gran altura en una grúa de una obra de reforma en el barrio burgalés de Fuentecillas para reclamar el pago de tres meses de salarios atrasados y visibilizar las amenazas patronales que padecían.

Las investigaciones arrancaron formalmente a principios de abril, coincidiendo con la denuncia de un empresario de la construcción afincado en Italia. Este contratista se había trasladado a la capital burgalesa para supervisar una obra donde constató el sistemático incumplimiento de los pagos por parte del contratista principal, además de denunciar ante la Comisaría haber recibido severas amenazas telefónicas. Paralelamente, la Comisaría de Aranda de Duero registró varias denuncias adicionales de trabajadores extranjeros que describían dinámicas de abuso idénticas, lo que motivó la apertura de una investigación conjunta y visitas de inspección coordinadas con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos.

Modus operandi

El análisis pormenorizado de los testimonios y las actas de inspección permitió a las autoridades constatar la existencia de un entramado empresarial que convergía en una firma con sede en Burgos y en sus respectivas subcontratas. Organizaciones como las Asambleas de la Juventud Trabajadora (AJT) de Gamonal y de Burgos Oeste, habían denunciado públicamente a través de plataformas digitales que empresas como Aplibur y Coprasa actuaban como cómplices al servirse de estas subcontratas que explotaban ilegalmente a la mano de obra migrante en obras de nueva planta, rehabilitación de fachadas y proyectos de mejora energética. Los investigadores acreditaron que los detenidos se aprovechaban de la extrema vulnerabilidad de los trabajadores de origen africano, derivada de su situación administrativa irregular, el desconocimiento del idioma y la falta de familiaridad con la legislación laboral española.

El sistema de captación operaba mediante el traslado de los obreros al Estado español incumpliendo la normativa comunitaria que regula el desplazamiento de trabajadores dentro de la Unión Europea, prometiéndoles condiciones salariales que posteriormente eran ignoradas. Una vez en Burgos, los operarios eran distribuidos en viviendas en condiciones de severo hacinamiento y obligados a cumplir jornadas laborales que alcanzaban las 14 horas diarias. Para mantener el control absoluto sobre las víctimas y sofocar cualquier intento de protesta por los impagos, los empresarios arrestados recurrían de forma sistemática a las amenazas. Según consta en el expediente judicial, el segundo de los detenidos llegó a esgrimir un arma de fuego para amedrentar a los empleados en el recinto de las obras.