El auge de la inversión en inteligencia artificial no descansa solo en el capital privado. Una parte de la financiación, de la demanda y de la política industrial que lo rodea procede de Estados y de fondos de propiedad pública, en lo que está convirtiéndose en una competencia entre potencias por desarrollar implementar de manera masiva la inteligencia artificial.

El proyecto Stargate se anunció el 21 de enero de 2025 en la Casa Blanca como una empresa conjunta destinada a invertir hasta 500.000 millones de dólares en infraestructura de IA en Estados Unidos a lo largo de cuatro años. Sus cuatro socios de capital son SoftBank y OpenAI, con unos 19.000 millones cada uno y el 40 % de la propiedad, y Oracle y MGX, con unos 7.000 millones cada uno, mientras el resto se cubre con deuda y con inversores limitados. Hacia finales de 2025 el proyecto declaraba cerca de 8 gigavatios de capacidad planificada y más de 450.000 millones comprometidos, y el banco JPMorgan aportó un préstamo de financiación de proyecto de 2.300 millones de dólares para el emplazamiento de Abilene, en Texas. En febrero de 2026 OpenAI presentó la iniciativa OpenAI for Countries, que ofrece a gobiernos nacionales una participación en la infraestructura construida en su territorio a cambio de permisos, acceso a la red eléctrica y coinversión.

Gran parte de ese dinero soberano procede del Golfo. MGX, el vehículo de inversión de Abu Dabi creado en 2024 por la firma estatal Mubadala y la empresa G42, nació con un objetivo de 100.000 millones de dólares para infraestructura de IA, semiconductores y tecnologías afines, y es uno de los socios de capital de Stargate. En Arabia Saudí, el Fondo de Inversión Pública, que gestiona cerca de un billón de dólares, lanzó en mayo de 2025 la empresa Humain, presidida por el príncipe heredero, con el objetivo declarado de convertir al país en el tercer mayor proveedor de IA del mundo; Humain ha anunciado 23.000 millones para alianzas tecnológicas, un fondo de riesgo de 10.000 millones y un acuerdo de hasta 10.000 millones de dólares con AMD. En conjunto, los inversores de propiedad estatal destinaron unos 66.000 millones de dólares a inteligencia artificial y digitalización en 2025, encabezados por Mubadala con 12.900 millones, la Autoridad de Inversiones de Kuwait con 6.000 y la Autoridad de Inversiones de Catar con 4.000. Los siete grandes fondos del Golfo, que gestionaban alrededor de 4,1 billones de dólares en 2023, concentraron ese año el 43 % de todo el capital desplegado por inversores estatales en el mundo.

A la inversión directa se suma la política industrial. La CHIPS and Science Act estadounidense, firmada en agosto de 2022, asignó 52.700 millones de dólares para fabricación, investigación y formación en semiconductores entre los ejercicios 2022 y 2027, repartidos en 39.000 millones de subvenciones a la fabricación y 13.000 millones de investigación, además de un crédito fiscal a la inversión del 25 %. La Ley de Chips de la Unión Europea, en vigor desde 2023, movilizaba 43.000 millones de euros, de los que solo 3.300 millones procedían del presupuesto comunitario y el resto de los Estados miembros, con el objetivo de duplicar la cuota europea de fabricación de semiconductores hasta el 20 % en 2030; una revisión posterior elevó la cifra de inversión perseguida hasta 120.000 millones de euros para 2035.

El Estado también actúa como cliente asegurando la demanda de manera "artificial" en la medida que puede. En julio de 2025 la oficina de IA del Departamento de Defensa de Estados Unidos concedió contratos de hasta 200 millones de dólares cada uno a Anthropic, Google, OpenAI y xAI para el desarrollo de capacidades de inteligencia artificial. Ese mismo verano, a través de la iniciativa OneGov de la Administración de Servicios Generales, OpenAI y Anthropic ofrecieron sus productos a las agencias federales por un dólar al año por agencia, y Google fijó el precio de Gemini en 47 céntimos; en paralelo, Amazon Web Services puso a disposición de las agencias 1.000 millones de dólares en créditos hasta 2028 y Oracle ofreció un descuento del 75 %. El gasto tecnológico federal ronda los 140.000 millones de dólares anuales.

El despliegue del dinero soberano tampoco es ilimitado. Las reservas de efectivo del Fondo de Inversión Pública saudí cayeron hasta unos 15.000 millones de dólares a finales de 2024, su nivel más bajo desde 2020, y en ese mismo periodo el fondo aprobó una reducción mínima del 20 % del gasto en su cartera de más de cien empresas, con recortes de hasta el 60 % en algunos proyectos.