Alemania suprime las bajas telefónicas
La medida exigirá justificante médico desde el primer día y se incluye dentro del plan que incluye elevar la jubilación a los 70 años y aumentar un 28% el gasto militar.
El Gobierno federal de Alemania ha anunciado una profunda reestructuración de su marco laboral, tributario y de vivienda que incluye, como medida más inmediata, la eliminación definitiva de la posibilidad de tramitar las bajas laborales por vía telefónica en caso de enfermedad. El canciller alemán, Friedrich Merz, justificó la decisión en una rueda de prensa celebrada en Berlín este miércoles, donde compareció para detallar el paquete de medidas consensuado por las dos partes del Ejecutivo, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).
Según argumentó el jefe del Ejecutivo, el país “no puede aceptar las cifras extraordinariamente altas de bajas por enfermedad” en las empresas, y añadió que la decisión, “aunque dura, es completamente necesaria” porque el Estado no se puede “permitir la desventaja competitiva” que a su entender supone esta circunstancia. Con la entrada en vigor del nuevo sistema, los empleados germanos estarán obligados a presentar un certificado médico oficial “desde el primer día” de su ausencia.
Este sistema de tramitación no presencial se introdujo originalmente en el país de manera excepcional durante la epidemia de COVID-19 y se consolidó con carácter permanente en el año 2023. Merz utilizó como “argumento” un estudio del Instituto Iges, entidad vinculada a un holding de empresas farmacéuticas, publicado en 2025, el cual afirma que Alemania registra una pérdida del 6,8% del tiempo de trabajo semanal debido a bajas por enfermedad.
Recortes sociales para sufragar el gasto militar
Más allá de este tipo de bajas, el plan acordado por la coalición contempla recortes estructurales de gran calado en el sistema de protección social. Entre las medidas macroeconómicas más destacadas, el Ejecutivo pretende aumentar paulatinamente la edad de jubilación hasta los 70 años e introducir un componente de pensión privada con carácter obligatorio para complementar el modelo público. Asimismo, con el objetivo de ejercer una mayor fiscalización sobre los recursos públicos, las distintas administraciones implantarán un nuevo sistema unificado para compartir información interna y evitar “posibles abusos en la percepción de ayudas sociales”.
Todas estas reformas se enmarcan en una reorientación estratégica de los presupuestos estatales, caracterizada por un fuerte incremento del 28% en el gasto militar contemplado en el proyecto del Ejecutivo, financiado en parte mediante una reducción de las partidas destinadas al presupuesto sanitario.
