Francia debate una ley que dará legalmente “derecho a matar” a la Policía
La propuesta, apoyada por el Gobierno, introduce una presunción de legitimidad para el uso de armas de fuego, invirtiendo la carga de la prueba y obligando a la víctima a demostrar que el disparo “no cumplía los requisitos legales”.
La Asamblea Nacional francesa tiene previsto examinar el próximo martes 7 de julio, una proposición de ley que podría modificar en profundidad el tratamiento jurídico de los disparos efectuados por los miembros de la Policía y la Gendarmería, según informa el diario Jornalet. El texto, presentado formalmente por el diputado del partido Los Republicanos por Antíbol, Éric Pauget, y respaldado por el Gobierno central, prevé introducir una presunción de legitimidad para el uso de armas de fuego en los casos que ya contempla la legislación vigente. La propuesta legislativa no crea nuevos escenarios en los que los agentes estén autorizados a abrir fuego, sin embargo, el cambio fundamental radica en el procedimiento judicial posterior a los hechos.
En la actualidad, cuando una persona es asesinada o resulta gravemente herida por el disparo de un agente, en teoría, la Justicia “examina minuciosamente si el uso de la fuerza letal fue estrictamente necesario y proporcionado a la amenaza”. De ser adoptada la nueva reforma, el disparo policial se beneficiará de forma automática de una presunción de legalidad, lo que provocará una inversión inédita de la carga de la prueba, obligando a la acusación y a las familias de las víctimas a demostrar que “no se cumplían los requisitos legales”. Los promotores de la norma argumentan que esta modificación es “indispensable para blindar a los miembros de las fuerzas del orden”.
Impunidad absoluta
Por el contrario, la propuesta ha levantado severas críticas entre diversas organizaciones civiles y jurídicas en el Estado francés. Amnistía Internacional de Francia, la Liga de los Derechos Humanos, el Sindicato de la Magistratura y el Sindicato de los Abogados de Francia han manifestado su firme oposición al estimar que la reforma “debilitará drásticamente el control judicial sobre la fuerza letal y entorpecerá la exigencia de responsabilidades penales en supuestos de abuso”.
En una campaña pública lanzada recientemente, Amnistía Internacional ha instado a los diputados a rechazar el texto de forma categórica, asimilándolo a un “permiso para matar”, una expresión con la que resumen la gravedad de las consecuencias que atribuyen a la reforma. La organización internacional advierte además que la medida “entra en contradicción directa con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual estipula firmemente que corresponde al Estado, y no a las víctimas, demostrar de manera fehaciente que el recurso a la fuerza letal era estrictamente necesario”.
La Policía francesa, de las más mortíferas en los últimos veinte años
Este debate parlamentario se inscribe en un contexto de tensiones recurrentes en torno al uso de armamento por la Policía francesa, una problemática que se intensificó notablemente tras la entrada en vigor de la ley del 28 de febrero de 2017. Aquella reforma previa unificó las reglas aplicables a la Policía estatal y a la Gendarmería a través del artículo L.435-1 del Código de la Seguridad Interior, ampliando los supuestos para abrir fuego, en particular contra “vehículos en fuga que representaran una amenaza inminente”.
De acuerdo con los datos difundidos por Amnistía Internacional, desde la adopción de la ley de 2017 los disparos mortales de la policía contra personas a bordo de vehículos se han multiplicado por cinco. Asimismo, investigaciones del sociólogo Sebastian Roché señalan que las fuerzas policiales francesas se sitúan entre las que más ciudadanos han matado en Europa en los últimos veinte años, registrándose 49 víctimas mortales en intervenciones policiales durante el año 2025 y un total de 22 asesinados en los primeros cinco meses del año 2026. Estas cifras se suman a la advertencia efectuada en 2024 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señaló a París por el “recurso excesivo a la fuerza”.
Nahel, un jóven de 17 años fue asesinado a tiros por la Policía en 2023.
Menos del 2% de los casos de disparos terminaron en una condena firme
La preocupación de los colectivos jurídicos también se centra en el impacto directo sobre la eficacia de las investigaciones judiciales. Entre los años 2017 y 2026, menos del 2% de los 437 casos de disparos policiales analizados terminaron en una condena firme, lo que a juicio de la presidenta de la Liga de los Derechos Humanos, Nathalie Tehio, demuestra que la nueva ley está diseñada para “fabricar impunidad”. Al presumirse el disparo como legal desde el primer instante, los agentes implicados podrían no ser detenidos preventivamente ni sometidos a los interrogatorios policiales “habituales”, lo que dificultaría la recogida expedita de pruebas cruciales, tales como grabaciones de videovigilancia o análisis de comunicaciones, antes de que puedan ser alteradas.
La trascendencia de este factor se ejemplifica en el caso de Olivio Gomez, un joven de 28 años que fue asesinado el 17 de octubre de 2020 en Poissy tras recibir tres disparos durante un control de tráfico; aunque el agente alegó inicialmente ‘legítima defensa’, la rápida obtención de las imágenes de las cámaras demostró la falsedad de la coartada, permitiendo que, tras seis años de litigio impulsado por su hermano Leonel Gomes, el policía fuera condenado a una pena de diez años de prisión por asesinato.
Por otro lado, los detractores del proyecto alertan sobre el impacto desproporcionado de la medida en las minorías étnicas. Conforme a los informes del Defensor de los Derechos de Francia, un joven percibido como negro o árabe tiene veinte veces más probabilidades de ser sometido a un control de identidad que el resto de la población. Debido a esta mayor exposición a las fiscalizaciones en la vía pública, estos ciudadanos afrontan un riesgo estadísticamente superior de sufrir disparos de armas de fuego. La agencia de noticias Reuters ha documentado en sus investigaciones que la mayoría de las personas fallecidas en el interior de vehículos por disparos policiales pertenecían a minorías racializadas, mencionando precedentes de gran impacto social como los de Nahel, Souheil, Adam o Aboubacar.
La urgencia del debate coincide temporalmente con un nuevo incidente mortal ocurrido el pasado miércoles en el distrito 12 de París. Según reportó el diario 20 Minutes basándose en fuentes de la Fiscalía de París, en el sótano de un restaurante, un policía abrió fuego con su arma reglamentaria contra una mujer, matándola en el acto. Más tarde, el policía alegó que la víctima “se encontraba en un estado de enajenación mental y atacó con un cuchillo a una agente”.
