En la localidad de Deir al Balah, situada en el centro de la Franja de Gaza, el director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás, Ismail al Thawabta, anunció formalmente la disolución del Comité de Emergencia del Gobierno de Gaza, la estructura institucional de carácter interino que fue creada tras la revelión del 7 de octubre de 2023 para gestionar el enclave palestino. A través de una rueda de prensa y un posterior comunicado oficial, se confirmó la dimisión de Muhammad Abdul Jaliq al Farra, quien hasta la fecha ejercía de manera interina la jefatura de dicho comité. Esta decisión se adopta con el objetivo declarado de facilitar el traspaso definitivo de las competencias administrativas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés), un órgano compuesto por tecnócratas palestinos y diseñado en el marco de los acuerdos de tregua, pero cuya entrada al territorio civil sigue bloqueada por las autoridades israelíes.

El Ejecutivo saliente en Gaza reiteró su “plena disposición de entregar las riendas” al NCAG para garantizar la viabilidad del proceso de transición institucional. Con el propósito explícito de “evitar un vacío administrativo y técnico que agrave la situación de la población civil”, el personal puramente “técnico y profesional” permanecerá en sus puestos de trabajo cotidianos, manifestando su total disposición a acatar las directivas y órdenes que emita el nuevo comité administrativo una vez que consiga establecerse en el terreno. De esta manera, el aparato burocrático civil queda desvinculado de la dirección política saliente para asegurar la continuidad de los servicios básicos esenciales dentro de la Franja.

A través de este movimiento de carácter estrictamente político y administrativo, Hamás busca demostrar de manera activa su voluntad de cumplir con las obligaciones adquiridas en el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, contraponiendo su postura a la de Israel. No obstante, fuentes oficiales precisan que este relevo institucional no equivale bajo ninguna circunstancia a la entrega del armamento por parte de las milicias ni supone la renuncia a la vía de la resistencia armada. Se trata, por el contrario, de una maniobra estratégica coordinada mediante la dimisión de un alto funcionario para evidenciar que la organización está dispuesta a implementar lo pactado en las mesas de diálogo internacionales, manteniendo al mismo tiempo la exigencia de una retirada completa de las tropas israelíes del enclave.

El genocidio continúa

Esta reestructuración administrativa se produce inmediatamente después de las intensas conversaciones bilaterales mantenidas en El Cairo entre las diversas facciones palestinas para coordinar la aplicación de la “tregua”. La semana pasada, una delegación de Hamás presentó formalmente en Egipto sus respuestas institucionales para destrabar el proceso ante Nickolay Mladenov, representante de la Junta de Paz para Gaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, organismo del cual depende directamente la autoridad del NCAG.

A pesar de que la Casa Blanca declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del “plan de paz”, la realidad sobre el terreno muestra que el genocidio continúa, debido a los ataques diarios del Ejército israelí, la parálisis total de las obras de reconstrucción y la crisis humanitaria de cientos de miles de desplazados que continúan habitando en campamentos provisionales. De hecho, hasta inicios de julio, han ascendido a más de 1.050 los asesinados y 3.400 los heridos por ataques del ejército de ocupación.