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La ley de ‘lobbies’ del Gobierno decae en el Congreso

La norma no sale adelante por los votos en contra de PP, Vox y Junts pese al apoyo final de Sumar y tras el rechazo conjunto de la patronal y los sindicatos UGT y CCOO.

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Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. Foto: efe.com
Imagen de archivo del Congreso de los Diputados. Foto: efe.com

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles la convalidación del Real Decreto ley presentado por el Gobierno español para regular la actividad de los grupos de interés o lobbies. La propuesta, orientada a crear un registro “estatal, público y obligatorio”, ha decaído al obtener 179 votos en contra, correspondientes a los diputados del Partido Popular, Vox, Junts y UPN, cumpliendo así las demandas del IBEX 35.

La iniciativa rechazada provenía del acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto. La vía del decreto ley fue el mecanismo elegido por el Ejecutivo para intentar desbloquear una norma que formaba parte de un proyecto de ley enviado al Congreso hace más de un año y medio, paralizado desde entonces por la falta de apoyos. La legislación obligaba a cualquier lobbie a inscribirse en el mencionado registro y a aportar datos detallados sobre sus reuniones y gestiones con la Administración General del Estado o con políticos profesionales.

El trámite parlamentario estuvo precedido por divisiones dentro del propio Gobierno de coalición. Sumar amagó con oponerse a la norma por sus discrepancias con el PSOE sobre el tratamiento otorgado a las organizaciones sindicales. Aunque la portavoz adjunta de la formación, Aina Vidal, llegó a emitir un voto telemático en contra, el grupo “corrigió” su postura a última hora y acabó votando a favor del texto.

CCOO y UGT habían solicitado a los grupos parlamentarios que no convalidasen el decreto ley, pidiendo que la regulación se tramitase nuevamente como proyecto de ley para permitir la introducción de enmiendas. Por otro lado, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) mostró su oposición al considerar que la obligación de registrarse “afectaba de forma inadecuada a la representación patronal”.