El Ibex 35 presiona para tumbar el decreto que regula sus reuniones con políticos

El tejido empresarial del Ibex 35 y las principales firmas de relaciones públicas e influencia en el Estado español han emprendido una ofensiva coordinada para frenar la convalidación del real decreto-ley impulsado por el Gobierno para regular la actividad de los lobbies. La norma, aprobada por el Consejo de Ministros al inicio del curso político para dar cumplimiento a los compromisos asumidos con la Comisión Europea, se enfrenta a una votación decisiva este mes en el Congreso de los Diputados sin contar, a día de hoy, con los apoyos parlamentarios necesarios para prosperar. El rechazo frontal de los lobbies y las discrepancias de socios clave del Ejecutivo, singularmente Junts per Catalunya, amenazan con dejar en vía muerta una regulación concebida aparentemente para “dotar de transparencia a los contactos entre el poder político y los intereses privados”.

El conflicto se debe a la creación de un registro público, estatal y obligatorio dependiente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En dicho soporte, las entidades y consultoras dedicadas a ejercer presión deberán publicar información pormenorizada sobre cada uno de sus encuentros con altos cargos de la Administración General del Estado y miembros de las Cortes Generales. La normativa exige detallar la fecha, el lugar, los asistentes, un resumen sustancial de las materias abordadas y la totalidad de los documentos intercambiados durante las reuniones. Esta exigencia de transparencia ha generado un profundo rechazo entre las grandes corporaciones, como las entidades bancarias, las compañías energéticas y las operadoras de telecomunicaciones, cuya operativa diaria depende en gran medida de un “diálogo continuo” con los ministerios.

Diversas fuentes del Ibex 35 han manifestado a La Vanguardia su oposición frontal a la tramitación del texto en sus términos actuales, al considerar que “la rigidez del nuevo marco legislativo inhabilita de facto cualquier contacto informal” con políticos y funcionarios. Desde las grandes patronales argumentan que “la imprecisión en las definiciones y la dureza del régimen sancionador previsto, que contempla multas de hasta 40.000 euros e inhabilitaciones de hasta cinco años para ejercer actividades de influencia, han comenzado a paralizar los grupos de trabajo técnicos compartidos entre el sector privado y los ministerios”.

La resistencia a la norma se extiende asimismo al sector de los llamados “consultores de asuntos públicos”, es decir, lobbies como Acento, LLYC (Llorente y Cuenca), Harmon, Kreab o Rud Pedersen. Estas agencias han registrado un crecimiento exponencial en el Estado español, consolidando plantillas que integran de forma recurrente a exministros, exsecretarios de Estado, antiguos jefes de gabinete y exdiputados pertenecientes a PSOE, PP, CiU, ERC, PNV, Sumar y Podemos. Desde estos lobbies se señala que “la obligación de registrar documentalmente cada intercambio paralizaría la actividad del Departamento de Asuntos Económicos de La Moncloa, cuya labor es reunirse con empresas para conocer sus inquietudes”.

Durante el ejercicio 2025, la facturación global del sector del lobby alcanzó los 315 millones de euros, lo que supone duplicar los ingresos registrados apenas tres años antes. Esta expansión ha convertido al mercado español, y de manera muy acusada a la ciudad de Madrid, en una excepción dentro del contexto europeo, al carecer de un marco legal unificado que regule las redes de contactos y las puertas giratorias entre la política y la consultoría privada. Mientras que en las instituciones de Bruselas o en países como Francia y Alemania existen registros de transparencia plenamente consolidados, en España el ejercicio del lobby ha transitado históricamente por un limbo normativo sin supervisión independiente.