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La acampada por la vivienda llega al Consejo de Ministros: “No vamos a consentir que se nos den migajas”

Miles de personas se movilizan en Sol y en varias ciudades mientras PSOE, Sumar y Junts negocian in extremis un decreto que el movimiento de vivienda ya califica de insuficiente.

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Foto: Dani Gago @DaniGagoPhoto (X)
Foto: Dani Gago @DaniGagoPhoto (X)

La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol de Madrid vive este martes 29 de septiembre su cuenta atrás decisiva, coincidiendo con el Consejo de Ministros en el que el Gobierno de Pedro Sánchez prevé aprobar un real decreto-ley para “regular el alquiler”. El campamento creció de forma notable este lunes: amanecieron unas 600 personas en más de 300-350 tiendas de campaña que ocupaban casi toda la zona peatonal del kilómetro 0, y por la tarde y noche se sumaron más personas con lonas y estructuras improvisadas ante la lluvia. En la asamblea de las 19:30 del lunes, unas 2.000 personas bajo llovizna reafirmaron la continuidad de la protesta. “Por ahora nos quedaremos de manera indefinida”, declararon ante la prensa. Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, advirtió: “No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías”. Valeria Racu insistió en que el decreto sería solo “la primera piedra” y que “el poder lo tenemos nosotras”. Los acampados anunciaron que leerán “la letra pequeña” del texto y reaccionarán en consecuencia.

La negociación política se tensó al máximo el lunes. Según borradores filtrados y fuentes de los partidos recogidas por elDiario.es, el PSOE y el Ministerio de Vivienda plantean un texto que no incluye contratos indefinidos, simplemente ofrece prórrogas de hasta dos años para contratos que venzan antes de finales de 2028 —siempre que el inquilino las solicite—, suspende los desahucios de personas vulnerables sin alternativa hasta 2028 solo si el propietario es una empresa o una persona física con tres o más viviendas, y elimina la regulación del alquiler por habitaciones. Incluye más rebajas fiscales de hasta el 100% en IRPF a rentistas que bajen rentas. Sumar, IU, Comuns y Más Madrid exigen contratos indefinidos con renovación automática como medida principal, pero no han precisado qué harán si el PSOE no lo acepta. Mónica García, de Más Madrid, declaró: “Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen… Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias”. Fuentes de Sumar, que sostienen de facto la política de vivienda de sus socios de Gobierno, añadieron: “Dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible”. Junts, por su parte, rechazó el texto en un comunicado a última hora del lunes: considera que “da por buenas las ocupaciones” y deja “sin protección a los pequeños propietarios”, equiparándolos a fondos buitre. El Sindicato de Inquilinas exige las cinco medidas estructurales —contratos indefinidos, suspensión real de desahucios sin alternativa, regulación de temporada y habitaciones, congelación o límites de precios y prórrogas efectivas— y avisa de que un texto “descafeinado” no detendrá la movilización.

Maricarmen, desde el hospital: “¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!”

El caso de Maricarmen, que dio nombre al decreto elaborado por el Sindicato de Inquilinas, por su parte, avanzó hacia una solución individual. El lunes por la tarde-noche se alcanzó un acuerdo mediado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo entre sus representantes y la compañía propietaria Urbagestión, según recogen EFE y Cadena SER. Podrá volver a su piso con un contrato de unos 8 años y una renta similar, en torno a 500 euros o no superior al 30% de sus ingresos netos, pendiente de validación y firma. Maricarmen envió un mensaje de apoyo desde el hospital: “¡Luchad! ¡Defended lo que es vuestro!”. El Sindicato celebró el caso individual pero subrayó que “hay miles de Maricármenes” y que la acampada no se levanta por ello. A lo largo del día los acampados lograron expulsar a los agitadores ultraderechistas Bertrand Ndongo y Vito Quile tras enfrentamientos menores, insultos y una presencia policial discreta. No hubo desalojo pese a las presiones del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Movilizaciones en otras ciudades

La protesta se fue convirtiendo en estatal el lunes con concentraciones simultáneas en al menos 23 ciudades convocadas por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas bajo el lema “Tomamos las plazas”. En Barcelona, miles de personas —2.000 según la Guardia Urbana, hasta 20.000 según los organizadores— convocadas por el movimiento de vivienda cortaron la avenida Diagonal frente al Palau de Congressos, donde intervenía el presidente Sánchez, con pancartas como “Todas somos Maricarmen”, “Contratos indefinidos ya” y “Huelga general ya”. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) manifestó su “prudencia y preocupación” ante las medidas del real decreto-ley y exigió “consecuencias DIRECTAS contra el rentismo y la especulación inmobiliaria”, con propuestas como “la expropiación de los más de 700.000 pisos de grandes tenedores” y “la bajada del 50% de los precios del alquiler”. La organización anunció además una manifestación masiva por el derecho a la vivienda para el próximo 3 de octubre en L’Hospitalet, a la que se suman el Sindicat de Llogateres, la COSHAC, las PAHs catalanas y el Assemblea de veïnes i veïns Som Santa Eulàlia, y advirtió de que “o imponemos medidas realmente ambiciosas para expropiar los pisos de grandes tenedores y bajar de forma drástica e inmediata los precios del alquiler, o la impotencia del gobierno progresista llevará a la extrema derecha al gobierno”. En Sevilla, cientos de personas se concentraron en las Setas de la Encarnación y la protesta evolucionó a una acampada “hermana” de la de Madrid. En Málaga, más de 1.000 personas se manifestaron frente al Ayuntamiento y desembocaron en una acampada con una decena de tiendas en una plaza céntrica. Hubo también asambleas y acciones en Zaragoza, València, Córdoba, Cádiz, Huelva, Palma, Murcia, Uviéu, A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela, entre otras. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acusaron a la Delegación del Gobierno y a Interior de “dejación de funciones” y “negligencia” por no desalojar, y Almeida incluso se abrió a actuar por su cuenta si la acampada se prolonga. El Sindicato de Inquilinas de Madrid mantiene contactos para extender los campamentos a más ciudades y llama a escalar las movilizaciones, incluida una posible huelga general.