PSOE y Sumar pactan in extremis trocear el decreto de vivienda en dos textos

El PSOE y Sumar han alcanzado este martes un acuerdo in extremis para aprobar el paquete de medidas de vivienda, que finalmente se dividirá en dos reales decretos independientes, según confirmaron fuentes del Gobierno a RTVE. El Ejecutivo ha solicitado al Congreso un pleno extraordinario este mismo viernes para la convalidación inmediata de ambos decretos. Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros incluyen, según indican fuentes de Sumar a El País, “la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la prohibición de la compra de fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones”. La renovación automática de los alquileres iría en un segundo real decreto.

Sin embargo, desde el movimiento de vivienda se interpreta esta maniobra como una forma de que el Gobierno introduzca las medidas más moderadas en un decreto para que Junts y el PNV lo aprueben, y coloque las más delicadas para los intereses del capital inmobiliario en el otro paquete para que estos grupos voten en contra y no salgan adelante.

La reunión del Consejo de Ministros ha arrancado con más de una hora de retraso después de una noche de negociaciones en las que Sumar envió al PSOE un nuevo borrador con la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de contratos y el refuerzo de la protección frente a los desahucios. En medio de la elevada presión política por las protestas por la vivienda, la ministra de Sanidad y dirigente de Sumar, Mónica García, advirtió antes de entrar: “No vamos a avalar un real decreto que se quede a medias”.

El acuerdo se produce después de que el lunes la negociación se tensara al máximo entre PSOE y Sumar, con Junts amenazando con romper por considerar que el texto “da por buenas las ocupaciones” y deja “sin protección a los pequeños propietarios”. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, insistió este martes en que “hay un veto de Sumar que no acepta esta protección al pequeño propietario”. ERC, a través de Gabriel Rufián, había elevado la presión: “Si con el desahucio salvaje de una señora de 87 años en directo y con miles de personas indignadas y decepcionadas en la calle no eres capaz de legislar para tocarle la cara de una vez a los fondos buitres y a los grandes acumuladores de vivienda de este país, simplemente es que no mereces gobernar”. Podemos tildó el texto de “parche” y “auténtica tomadura de pelo”. Ione Belarra afirmó que “el trágala se puede hacer a los rentistas” y supeditó el voto de su formación a la presión en las calles.

Maricarmen vuelve a casa: “Esto es consecuencia directa de la organización social, de la lucha de Maricarmen y del apoyo sindical”

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada, podrá volver a su casa. El Ayuntamiento de Madrid y su abogada, Beatriz Duro, se reunieron la tarde del lunes con Urbagestión, la empresa propietaria, y alcanzaron un acuerdo que contempla un contrato de unos 8 años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos, pendiente del visto bueno de la octogenaria cuando reciba el alta hospitalaria. Amnistía Internacional calificó el acuerdo de “victoria histórica”. Duro atribuyó el logro a “la organización social, que ha conseguido que hablemos de un hecho histórico, como es que una persona desahuciada pueda volver y recuperar el uso de su vivienda”, y cargó contra las administraciones municipal, autonómica y estatal por su “enorme incompetencia” al no haber garantizado una alternativa habitacional. “El mérito no está en ninguna de las administraciones; esto es consecuencia directa de la organización social, de la lucha de Maricarmen y del apoyo sindical”, zanjó.

Sindicato de Inquilinas: “No es acampar por acampar”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, defendió la “solución” del Ayuntamiento frente a “algaradas” y reclamó que la acampada de Sol “debería ser levantada de forma inmediata”, mientras estudia “eventuales responsabilidades penales” contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín. La acampada, impulsada por el Sindicato de Inquilinas, cumple este miércoles su cuarta noche y ha superado el millar de personas, según la organización. Los manifestantes decidieron en asamblea el lunes por la noche mantener la protesta “indistintamente del resultado que salga del ejecutivo”. “No es acampar por acampar. Es reivindicar. Está muy bien que a Maricarmen le devuelvan el piso pero hacen falta más medidas”, señaló Simón ante RTVE, uno de los acampados. Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, advirtió: “No vamos a consentir que se nos den migajas ni medidas vacías”. La organización exige las cinco medidas estructurales —contratos indefinidos, suspensión real de desahucios sin alternativa, regulación de temporada y habitaciones, congelación o límites de precios y prórrogas efectivas—. Paralelamente, se han convocado más acampadas y manifestaciones a lo largo del Estado, como una marcha masiva en L’Hospitalet (Barcelona, Catalunya) para el 3 de octubre.

Posición de los sindicatos socialistas de vivienda

En paralelo, los sindicatos socialistas de vivienda de Catalunya y Euskal Herria han exigido transformaciones estructurales que van mucho más allá del decreto. El Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya (SHSC) manifestó su “prudencia y preocupación” ante las medidas del real decreto-ley, aseguró que la prórroga de contratos y la suspensión de algunos desahucios “no son ninguna solución definitiva” y sostuvo que “se ha acabado el tiempo de las medidas cosméticas y las intervenciones quirúrgicas”. Entre sus propuestas, destacó “la expropiación de los más de 700.000 pisos de grandes tenedores” y “la bajada del 50% de los precios del alquiler”, y se posicionó “rotundamente en contra” de que se incluyan “nuevas medidas que supongan transferencias de dinero público al rentismo y la especulación, ya sea en forma de deducciones impositivas u otras medidas de este estilo”. El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria (SSVEH), por su parte, denunció una media de 3,6 desahucios al día en Euskal Herria, calificó al PSOE de “partido rentista” y sostuvo que “la única alternativa pasa por la organización autónoma de la clase trabajadora” mediante la expropiación de inmuebles a grandes especuladores, fondos buitre, bancos e inmobiliarias, la prohibición total del uso especulativo del suelo y las viviendas y una planificación económica pública e integral. Ambas organizaciones han convocado movilizaciones: el SHSC una manifestación masiva el 3 de octubre en L’Hospitalet, y el SSVEH asambleas populares el 2 de octubre a las 19:00 horas en Bilbo, Iruñea, Donostia y Gasteiz, además de presentar un calendario de desahucios inminentes que afectan a familias con menores y personas vulnerables a lo largo de toda la geografía vasca.

“El decreto deja a mucha gente fuera”

La movilización se ha extendido así por todo el Estado. En la tercera noche de acampada, medio centenar de personas pasaron la noche en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, una veintena acampó en la Plaza de España de Palma, más de medio centenar lo hizo en la Glorieta de España de Murcia y un grupo de jóvenes instaló tiendas en la plaza Porticada de Santander. En Zaragoza, la presión social logró paralizar el desahucio de Esmeralda, una mujer víctima de violencia de género que vive con su hija de 11 años y que lleva desde julio de 2025 esperando la valoración de su situación de vulnerabilidad. Carlota, portavoz del Proceso Unitario de Colectivos de Vivienda de Madrid, advirtió: “El decreto deja a mucha gente fuera. Los migrantes sufren el proceso de selección previo. Maricarmen es la mecha, pero vemos casos como ella cada día”. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios han bajado más de un 60% respecto a la última década, pero en este tiempo las ejecuciones relacionadas con el alquiler han sustituido a las de las hipotecas como principal causa: tres de cada cuatro desahucios son por alquiler, se producen en una media de 44 añ día y la moratoria no paralizó entre siete y ocho de cada diez desahucios que podía evitar. El papa León XIV, preguntado por el caso de Maricarmen, instó a “exigir a los líderes políticos que busquen soluciones” y se preguntó “cuál es el problema en el sistema que permite a una anciana, además con discapacidad, sea echada de su casa”.