La Corte Suprema de Argentina elimina los límites a la compra de tierras por extranjeros: “Pone a la República Argentina en venta”

La Corte Suprema de Argentina ha eliminado las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros, una cuestión que ha provocado fuertes resistencias en la sociedad al punto de que no ha podido ser tratado en el Parlamento. La ley de Tierras, aprobada en 2011, establecía que los extranjeros no podían poseer más del 15% de los terrenos rurales del país, con límites también a nivel provincial y municipal. El presidente Javier Milei la derogó por decreto en diciembre de 2023, pero un tribunal frenó esa decisión en marzo de 2024 ante una demanda del Centro de excombatientes Islas Malvinas (CECIM). Ahora, el máximo tribunal argentino rechazó la demanda porque consideró que esa organización no estaba habilitada para presentar el reclamo. El pronunciamiento “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional” de esa parte del decreto, señala el fallo al que accedió la AFP, aunque especialistas explican que la decisión permite aplicarlo en la práctica.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió en la red social X que, a partir de la sentencia, “cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran —incluida las zonas de frontera— sin límite alguno”. El CECIM, que había presentado la demanda, repudió el fallo en un comunicado: “La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta”. La organización de excombatientes de Malvinas había sido la que frenó el decreto de Milei en marzo de 2024, y ahora el Supremo la ha dejado sin capacidad legal para recurrir.

El Gobierno también intentó flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros a través del Congreso este año. Incluyó los cambios en un proyecto más amplio sobre propiedad privada, pero en agosto retiró ese capítulo porque no reunía los votos necesarios y enfrentaba resistencia entre sus propios aliados y en diversos sectores sociales que se movilizaron contra la norma. La vía parlamentaria quedó así bloqueada, y el Ejecutivo ha optado por dejar que el decreto de diciembre de 2023 despliegue sus efectos tras el fallo del Supremo. La decisión afecta a todo el territorio rural, incluidas las zonas de frontera, y abre la puerta a que Estados extranjeros adquieran extensiones de terreno sin límite. La ley de Tierras de 2011 había sido una respuesta precisamente a la preocupación por la concentración de tierras en manos extranjeras. Su desactivación supone un giro significativo en la política de suelos del país latinoamericano.