Agua, luz y telefonía: bienes esenciales, negocio asegurado

La privatización de los servicios básicos en el Estado español ha seguido caminos jurídicos distintos dependiendo del sector, pero el resultado converge en el mismo punto: infraestructuras esenciales gestionadas por grandes conglomerados privados o fondos internacionales bajo esquemas de oligopolio o monopolio local. La electricidad y las telecomunicaciones se privatizaron con salidas a bolsa en las décadas de los ochenta y noventa, y el ciclo urbano del agua se transformó de forma más discreta con concesiones municipales a largo plazo. En los tres casos, los registros de organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan hoy una elevada concentración empresarial, facturas desorbitadas para los hogares y una falta de mantenimiento y modernización en las redes físicas.

En el ámbito hídrico, el XVIII Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento presentado en diciembre de 2025 por la Asociación Española del Agua Urbana (DAQUAS) revela que el 55% de la población española recibe el suministro a través de empresas privadas (33%) o mixtas con participación privada (22%), frente al 35% abastecido por entidades públicas como el Canal de Isabel II en Madrid o Emasesa en Sevilla y un 10% mediante gestión municipal directa. El mercado privado está dominado por Agbar, integrada en la multinacional francesa Veolia, y por Aqualia, participada por FCC y el fondo australiano IFM. Según un estudio de la Universidad de Barcelona publicado este marzo, Agbar controla cerca del 70% del negocio privado en Catalunya y el 70% de Aigües de Barcelona. Esta falta de competencia real se traduce en fuertes disparidades tarifarias. Mientras el INE situó en julio de 2026 el coste medio estatal en 2,02 euros por metro cúbico para 2024, los informes de la organización FACUA sobre 57 ciudades documentan diferencias superiores al 430%, con recibos mensuales de entre 6 y 9 euros en capitales de gestión pública como León, Palencia o Soria frente a más de 29 euros en ciudades de gestión privada o mixta como Murcia, Alacant o Barcelona. Pese a los dividendos del sector, (Aqualia repartió 460 millones de euros en mayo de 2026), el INE cifra en 624 hectómetros cúbicos las pérdidas reales por fugas en las tuberías, el 14,6% del agua suministrada, y DAQUAS estima un déficit inversor de 4.485 millones de euros anuales frente a los 1.200 millones movilizados hasta mediados de 2026 por el PERTE del agua, una situación que ha llevado a municipios como Valladolid en 2017 o Terrassa en 2018 a recuperar la gestión pública directa.

Oligopolio, dificultad para pagar las facturas y cuellos de botella

Un proceso similar de concentración caracteriza al sector eléctrico, privatizado progresivamente tras la aprobación de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. La antigua empresa estatal Endesa, fundada en 1944 por el Instituto Nacional de Industria, fue vendida por tramos entre 1988 y 1998 y hoy pertenece en un 70% al grupo energético italiano Enel, controlado a su vez por el Estado italiano. Por su parte, Red Eléctrica de España, actualmente integrada en Redeia y responsable del transporte de alta tensión en régimen de monopolio regulado, salió a bolsa en 1999 y en la actualidad, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) conserva el 20% de su capital, mientras que el 80% restante está en manos privadas, entre ellas el grupo Pontegadea y fondos buitre como BlackRock. En el mercado minorista y en las redes regionales de distribución de baja y media tensión, los informes de supervisión de la CNMC correspondientes a 2024 y 2025 confirman que Endesa, Iberdrola y Naturgy concentran más del 70% de los puntos de suministro doméstico y controlan la inmensa mayoría de las infraestructuras locales de distribución.

Esta estructura oligopolística convive con elevados beneficios empresariales y cuellos de botella técnicos en la red. Aunque las energías renovables superaron el 56% de la generación eléctrica española en 2024 según los balances de Redeia, las grandes eléctricas cerraron ese ejercicio con ganancias históricas. Iberdrola superó los 5.600 millones de euros de beneficio neto y Endesa rozó los 1.900 millones. Al mismo tiempo, los indicadores oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica basados en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE muestran que alrededor de uno de cada cinco hogares sufre dificultades para mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno.

En el plano de las infraestructuras, la patronal eléctrica AELEC y los informes de la CNMC advirtieron entre 2024 y 2025 de que más del 80% de los nudos de la red de distribución “presentan saturación o falta de capacidad para conectar nuevos proyectos industriales y renovables”, un bloqueo que las compañías utilizan para reclamar un aumento de la tasa de retribución financiera regulada para el periodo 2026-2031, costeada directamente a través de los peajes del recibo de la luz.

Concentración de operadores y redes en manos de fondos

En las telecomunicaciones, la privatización total de Telefónica en febrero de 1997 y la posterior liberalización del sector en 1998 dieron paso a una intensa competencia comercial que, sin embargo, ha vuelto a concentrarse y financiarizarse en los últimos años. Tras veintisiete años sin presencia pública en la antigua operadora estatal, el Gobierno intervino en mayo de 2024 a través de la SEPI adquiriendo el 10% de Telefónica por unos 2.285 millones de euros para “equilibrar” la entrada de la operadora saudí STC Group, que había comprado un 9,9% en septiembre de 2023, junto al refuerzo de CriteriaCaixa hasta cerca del 10%. Paralelamente, la fusión de Orange España y MásMóvil culminada en marzo de 2024 por 18.600 millones de euros para crear Masorange, unida a la compra de Vodafone España por parte del fondo británico Zegona en mayo de 2024 por 5.000 millones de euros, redujo los grandes operadores con red propia a tres grupos. Según los datos sectoriales de la CNMC de 2024 y 2025, Masorange, Telefónica y Vodafone agrupan en torno al 80% de las líneas de banda ancha fija y telefonía móvil del Estado español, pese al ligero empuje de operadores alternativos como Digi.

Detrás de esa aparente competencia comercial, las infraestructuras físicas de telecomunicaciones han sido troceadas y vendidas a fondos de inversión especializados en extraer rentas estables. Telefónica vendió en 2021 las torres de telefonía móvil de su filial Telxius en Europa y Latinoamérica al grupo estadounidense American Tower por 7.700 millones de euros, mientras que la compañía Cellnex Telecom, participada por fondos buitre, gestiona decenas de miles de emplazamientos en la península y por todo el continente europeo. A ello se suma la creación de sociedades mayoristas de fibra óptica como Bluevía, participada por Telefónica junto a Vauban y Crédit Agricole, o la sociedad conjunta lanzada por Masorange y Vodafone con el fondo soberano de Singapur GIC para monetizar sus redes. Aunque España lidera el despliegue europeo de fibra óptica hasta el hogar con más del 90% de cobertura según los informes de la Comisión Europea y del Ministerio para la Transformación Digital, el Panel de Hogares de la CNMC constata que los paquetes convergentes superan de media los 70 euros mensuales, situando el gasto telefónico español entre los más altos de la Unión Europea en relación con la renta.

La fragilidad de esa red privatizada y fragmentada quedó en evidencia en el gran apagón ibérico del 28 de abril de 2025, el mayor corte eléctrico registrado en la Unión Europea por número de afectados, que dejó sin suministro a más de 60 millones de personas en los tres estados penisulares: España, Portugal y Andorra. Desde las primeras horas del colapso, la caída de la tensión provocó interrupciones generalizadas en las telecomunicaciones y obligó al Ejecutivo a pedir a la población un “uso responsable” del teléfono móvil ante el deterioro de la red. A medida que las estaciones base de telefonía y los nodos de fibra óptica fueron agotando sus escasas baterías de respaldo, dimensionadas apenas para cortes breves con el fin de contener costes operativos, millones de usuarios quedaron incomunicados. Los registros técnicos de Cloudflare detectaron ese día caídas de más del 50% en las consultas generales de red y desplomes de entre el 75% y el 93% en el tráfico de operadores como Digi, mientras las incidencias en la conectividad móvil y fija se prolongaron hasta 48 horas en las zonas más afectadas. Aquel fallo en cascada evidenció la falta de autonomía energética en las torres e instalaciones repartidas entre operadoras y fondos de infraestructuras, lo que forzó al Gobierno español a aprobar en junio de 2026 un real decreto para obligar a las compañías a instalar baterías de respaldo que garanticen la cobertura móvil al 50% de la población en el primer año y al 75% en un plazo de tres años.

La trayectoria conjunta del agua, la electricidad y las telecomunicaciones demuestra que la privatización de redes esenciales no elimina la dependencia del presupuesto público; al contrario, que altera el destino de los recursos. Cuando las infraestructuras básicas se someten a la exigencia de dividendos a corto plazo, las empresas tienden a aplazar las inversiones menos rentables, como renovar tuberías antiguas, reforzar redes de distribución rural o soterrar líneas, hasta que el deterioro obliga al Estado a intervenir con subvenciones, rescate de participaciones estratégicas o subidas tarifarias que acaban pagando los consumidores.