Segunda condena en una semana a un policía de Melilla por violencia sexual contra menores
9 años y medio de cárcel por violar a una joven de 17 años contactada mediante un anuncio de niñera; otro agente fue condenado días antes a cinco años por abusar de la hija de su expareja desde los 7 años.
La Audiencia de Málaga con sede en Melilla ha condenado a nueve años y medio de prisión a un policía nacional por un delito de violación y otro de corrupción de menores contra una joven de 17 años con la que contactó a través de un anuncio de empleo en el que buscaba una niñera. Según la sentencia a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el agente tenía varios anuncios publicados en una conocida plataforma de compraventa por Internet con un nombre de usuario diferente al suyo real. Uno de ellos decía “se necesita niñera, solo gente seria, más detalles al privado”, que era en realidad “un pretexto que ocultaba otras intenciones”. El tribunal de la Sala Séptima ha considerado probado que el hombre, de 32 años, contactó con la menor y le pidió su número de teléfono para conversar sobre el supuesto empleo por una aplicación de mensajería, usando una tarjeta SIM de la que no era titular para evitar ser identificado y de la que se deshizo tras cometer la agresión sexual.
La Audiencia ha señalado en su fallo que la intención del agente “no era la de contratar a la chica sino la de tener relaciones sexuales con ella”. Le dijo que no tendría en su compañía a su hijo hasta pasados 20 días, pero siguió conversando con ella y “pese a saber que era menor, le ofreció dinero por estar con él, advirtiéndole de que este hecho no debía ser conocido por terceras personas”. Las conversaciones eran “de marcado carácter erótico, en las que el procesado no dejaba de insinuar la posibilidad de estar juntos, llegando a ofrecerle 30 euros como contraprestación por pasar con él 40 minutos, todo ello al margen del trabajo de niñera”, a lo que la menor respondía “con evasivas” y sin aceptar las propuestas. “Con la excusa del trabajo de niñera”, concertaron una cita en la que el hombre la recogió con su coche y la llevó a un descampado. El agente procedió a realizar tocamientos, a lo que la menor reaccionó apartándola y en silencio “ante el temor que le provocaba la situación”, un rechazo que también repitió cuando él comenzó a besarla. Finalmente, le quitó la ropa “pese a la negativa de la chica” y la agredió sexualmente. Después condujo hasta un cajero automático, sacó 70 euros y le dio 20 “como pago por el ‘servicio’”, la llevó cerca de su casa y se deshizo de la tarjeta SIM.
La víctima, que ha renunciado a cualquier tipo de indemnización, ha mantenido la misma versión desde que comunicó los hechos a la orientadora de su instituto al día siguiente y en su posterior paso por el hospital y la comisaría de Policía, donde cabía el riesgo de encontrarse con su violador. El policía agresor, en cambio, sostuvo versiones diferentes y durante el juicio justificó en “el consumo de alcohol” algunos de sus comentarios. La Audiencia ha condenado al agente a nueve años y medio de prisión, le ha impuesto la prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante 16 años, además de 24 años de inhabilitación para trabajos relacionados con menores y 8 años de libertad vigilada. En la sentencia, contra la que cabe recurso, también se le ha impuesto el pago de las costas y se le ha decomisado el vehículo en el que cometió la agresión sexual. La Policía no ha aclarado si será apartado definitivamente del cuerpo.
Segunda condena a policías en Melilla en una sola semana
En la misma semana se ha conocido otro caso de violencia sexual contra una menor por parte de un policía nacional destinado en Melilla. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cinco años de prisión al agente J.M.G.M. por un delito de agresión sexual continuada a la hija de su expareja. Según la sentencia, el agente abusó de la víctima entre 2013 y 2020, desde que la niña tenía 7 años hasta que cumplió los 14, aprovechando las horas de la tarde en que la madre trabajaba para forzarla a realizar tocamientos, primero en Madrid —donde ejerció como escolta en la sede del Tribunal Supremo— y después en Tenerife. La Audiencia calificó el testimonio de la víctima como “aplastante” y calificó de “sorprendente” la estrategia de defensa del acusado, que justificó sus actos como simples “juegos”. La pena se quedó en el límite mínimo de cinco años, pese a que Fiscalía y acusación particular pedían diez. La Dirección General de la Policía no ha respondido a las consultas sobre si ha abierto expediente disciplinario o ha apartado cautelarmente al condenado, que sigue destinado en Melilla.+
Silencio “patriótico”
Estas dos condenas en una sola semana no han levantado, sin embargo, ningún pánico moral entre los “patriotas preocupados” por las violaciones en Ceuta y por la “seguridad de las mujeres y las menores”. Los mismos que agitan la “inseguridad” como bandera para sembrar el odio contra la inmigración no han organizado concentraciones, ni campañas en redes, ni linchamientos, ni han reclamado la expulsión del cuerpo de los condenados, ni la depuración de responsabilidades en la Dirección General de la Policía. La violencia sexual contra mujeres menores cometida por agentes de las fuerzas policiales, que se ha descubierto que este año ha sido hasta 18,5 veces más mortal que entre guardias civiles que en la población en general, no forma parte de su agenda.
