Garamendi arremete contra los decretos de vivienda tras ser reelegido presidente de la patronal
El líder de la CEOE tacha las normas de “invasión de la propiedad privada”, critica el procedimiento “a contrarreloj” y “troceado” que “da una imagen vergonzante de país”.
Antonio Garamendi fue reelegido este miércoles por aclamación como único candidato en la Asamblea General de la CEOE, iniciando su tercer mandato de cuatro años. En su discurso de reelección y en las declaraciones posteriores a los medios, cargó contra la forma en que el Gobierno está abordando la crisis de la vivienda bajo presión política de las calles. La frase más emblemática fue la metáfora que repitió en varias ocasiones: “Algunos creen que son Robin Hood y no se dan cuenta de que en realidad son el sheriff de Nottingham”. Esta figura retórica presenta al Gobierno como un falso héroe del relato de “robar a los ricos para dar a los pobres”: en apariencia protege a los vulnerables, pero en realidad estaría “atacando el derecho de propiedad”. Garamendi también criticó que Sumar y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hayan llamado a la movilización ciudadana, calificando de “grotesco” que “una parte del Gobierno llame a manifestarse contra el propio Gobierno”. Sobre su postura de voto, fue inequívoco al responder a los periodistas: “Yo mañana votaría que no”. Asimismo, rechazó expresamente el “escudo social” de suspensión de desahucios incluido en los decretos, al considerar que estas normas son “más electoralistas que resolutivas”.
La postura de la patronal gira en torno a una cuestión fundamental de atribución de responsabilidad. Garamendi reconoce que el problema de la vivienda “es real y hay que resolverlo”, pero sostiene que la responsabilidad corresponde a las administraciones públicas, no al ámbito privado: “Si es el Estado el que tiene que responder ante la sociedad y garantizar sus derechos, después de años de inacción y de incumplimiento por parte del Estado, no se puede trasladar al ahorro privado la obligación de responder a la sociedad y al propio Gobierno en materia de vivienda”. Desarrolla aún más esta lógica: “No se puede vulnerar unos derechos para garantizar otros”. En la visión de la CEOE, limitar los derechos que otorga la Constitución a la propiedad a la hora de obtener beneficios constituye, en esencia, la supresión de un derecho constitucional en favor de otro. En cuanto a las soluciones, la posición de la CEOE ha sido siempre aumentar la oferta: “Hay que construir más vivienda” y, “si realmente se necesita regulación, esta debería ser vivienda protegida”, “no una intromisión en la propiedad privada”.
El documento publicado por la CEOE el 29 de septiembre ofrece una perspectiva técnica más detallada: la patronal señala que los decretos adolecen de una “técnica legislativa deficiente, con abuso de conceptos jurídicos indeterminados, expresiones vagas e imprecisas y terminología valorativa e ideológica”, lo que genera “una enorme inseguridad e incertidumbre jurídica en su interpretación y aplicación”. Entre los problemas concretos destacan la definición difusa de “fondos buitre”, que depende de “numerosas expresiones valorativas” y “dificulta su aplicación judicial”; que los decretos no abordan los problemas estructurales del mercado, pues ninguna medida acelera la construcción y promoción de vivienda ni modifica la Ley del Suelo de 2015; y que la vigencia del decreto podría reducirse a “un día” si el Congreso rechaza su convalidación en la votación del viernes.
Reintroduce la cuestión de Ceuta
Garamendi introdujo además en su discurso una conexión inesperada: la situación de Ceuta. Afirmó que “algunos quieren expulsar a 80.000 españoles de Ceuta, sacarlos de sus casas”, y aprovechó para reclamar al Gobierno que “no solo defienda la seguridad y la soberanía, sino que evite la expulsión de facto de 80.000 españoles”. Pronunció su discurso flanqueado por la bandera de la UE, la de España y la de Ceuta, describiendo Ceuta como “también Europa” y calificando de “inaceptable” la “vulneración de la frontera europea”.
El pasado 29 de septiembre, el Gobierno aprobó por procedimiento de urgencia dos decretos de vivienda en respuesta a la protesta social desatada por el desahucio de Maricarmen. El 30 de septiembre, Garamendi fue reelegido presidente de la CEOE y pronunció las críticas citadas, y la CEOE publicó su documento de análisis. El viernes 2 de octubre, el Congreso vota la convalidación de los decretos: Junts votará que no en ambos casos y el PNV votará que sí solo al primero, mientras la CEOE presiona abiertamente por su rechazo.
