Junts rechaza ambos decretos de vivienda y pide al Gobierno elaborar otros “de inmediato”
La Ejecutiva de Junts rechaza validar ambos textos y exige su retirada; el PNV votará a favor del primero y en contra del segundo, mientras el Gobierno mantiene la votación del viernes
La Ejecutiva de Junts per Catalunya decidió anoche, por unanimidad, no validar ninguno de los dos decretos de vivienda que el Gobierno lleva este viernes al Congreso. La formación catalana exige su retirada y reclama un nuevo texto “de inmediato” que “comience a revertir la grave situación de la vivienda”. En un comunicado difundido cerca de las 22:30, Junts sostiene que “muchas de las medidas incluidas provocarán el efecto contrario de lo que pretenden” y advierte de que “reducirán la oferta de alquiler, incrementarán los precios y dificultarán el acceso a la vivienda a las personas con menos capacidad económica”. El partido se compromete a dar su voto favorable a un nuevo decreto cuando esté listo, para lo que pedirá la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario.
La llave de la votación estaba en sus manos. El PNV y Coalición Canaria estaban dispuestos a apoyar el primer decreto, el que incluye la supuesta protección frente a desahucios hasta 2030, la limitación de compras especulativas hasta 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, el IVA del 10% a los pisos turísticos y las deducciones fiscales a inquilinos y pequeños propietarios. El segundo decreto, de un solo artículo, establece la renovación automática de los contratos de alquiler y ya tenía el ‘no’ anunciado del PNV y Coalición Canaria. El PNV mantiene su posición dual: apoyo crítico al primero —considera que “favorece a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad” e “introduce mejoras para el pequeño propietario, que es de quien depende, en gran medida, el mercado del alquiler”— y rechazo al segundo, porque la prórroga automática sería “contraproducente” para la estabilización de los alquileres y un “ataque al pequeño propietario” que retraería la oferta.
La reacción del Gobierno fue inmediata. La secretaria de Estado de Vivienda, Leire Iglesias, advirtió en RNE que retirar los textos supondría “retirarle los derechos que hoy están publicados en el BOE a muchos ciudadanos y a muchas ciudadanas”, y confió en que Junts rectifique antes de la votación. El ministro Óscar Puente cargó contra quienes pedían un solo decreto y contra Junts en la red social X. Fuentes del Gobierno confirmaron que ni PSOE ni Sumar retirarán ninguno de los dos textos y emplazaron a PP, Vox y Junts a “retratarse” en la votación.
El Sindicato de Inquilinas reaccionó al ‘no’ de Junts pidiendo “ir hacia la huelga general”. Su portavoz, Valeria Racu, declaró en el programa ‘El Perro Andaluz’ de RTVE: “Estamos echándole un pulso histórico al rentismo, con la victoria enorme de que Maricarmen vuelva a su casa. Y esa es la primera victoria. Pero el pulso que estamos echando ya es histórico. Mañana que pase lo que tenga que pasar, pero nosotras tenemos en el horizonte la huelga general. Hay que parar este país para solucionar el problema de la vivienda”.
La acampada de la Puerta del Sol encara su sexto día sin visos de desmantelarse y con la votación del viernes como telón de fondo. El Sindicato celebra como “victoria histórica” que Maricarmen pueda volver a su casa, pero advierte de que “esto solo acaba de empezar” y de que las medidas no resuelven el problema. El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, ha elevado la presión sobre la Delegación del Gobierno y ha denunciado la presencia de “adoquines, cuchillos de grandes dimensiones y hornillos” en el campamento. La Comunidad de Madrid, por su parte, ha presentado un recurso contencioso-administrativo con medidas cautelarísimas para reclamar la “inmediata disolución” de la acampada. A falta de menos de 24 horas para la votación, el escenario más probable es que ambos decretos decaigan y el Gobierno sufra una nueva derrota parlamentaria en una cuestión que ha derivado en una crisis política de primer orden. La acampada de Sol se consolida como un movimiento que trasciende la votación del viernes: sus participantes ya debaten cómo organizar la protesta a nivel estatal y no descartan una huelga general.