Las reducciones fiscales a los rentistas equivalen a 8 hospitales públicos o más de 30.000 profesores

Las deducciones fiscales de las que disfrutan los rentistas por el alquiler de vivienda restan cada año más de 1.200 millones de euros a las arcas públicas, según datos de Gestha a partir de la estadística del IRPF y la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado. Ese dinero, que deja de ingresarse, es un salario indirecto que los trabajadores pierden en forma de gasto social: menos recursos para sanidad, educación y prestaciones. La reducción del 60% en la base imponible por arrendamientos de vivienda costó nada más y nada menos que 716 millones de euros solo en la cuota estatal del IRPF en 2023; Gestha eleva la cifra a unos 1.200 millones anuales al incluir las cuotas autonómicas. En la práctica, de cada 100 euros que cobran los rentistas por alquiler de vivienda habitual, apenas 24 llegan a Hacienda. Un asalariado con 30.000 euros brutos paga 4.926 euros de IRPF, mientras que alguien con 20.000 euros de salario y 10.000 de alquiler tributa 2.701.

Con 1.200 millones de euros anuales se podrían financiar, de forma aproximada, el funcionamiento anual de unos 8 hospitales públicos de tamaño medio, teniendo en cuenta que el gasto en servicios hospitalarios y especializados alcanzó los 63.136 millones en 2024, con unos 387-450 hospitales públicos y un coste operativo medio estimado en torno a 130-160 millones por centro. O se podría financiar el coste anual de unas 4.000-5.000 camas hospitalarias, o alrededor de 200.000 hospitalizaciones —el coste medio por alta en el SNS se sitúa en unos 5.800-6.000 euros—, o el 1,2% del gasto sanitario público total de 2024. En educación, equivaldría al salario bruto anual de más de 30.000-32.000 docentes —el salario medio orientativo de maestros y profesores de secundaria ronda los 35.000-39.000 euros brutos anuales—, o a cientos de colegios o institutos públicos de tamaño medio, o a miles de plazas escolares adicionales y refuerzo de plantillas en Infantil, Primaria y Secundaria. El gasto público en educación no universitaria superó los 50.000 millones en 2024 y el de personal en educación pública los 42.460 millones, el 59,5% del total de 71.349 millones. En prestaciones y servicios sociales, permitiría financiar un volumen significativo de ayudas, plazas en residencias, servicios de dependencia o programas de protección social, así como el refuerzo de plantillas de trabajadores sociales, personal de atención primaria o servicios municipales básicos.

La AIReF ya advirtió de que esta reducción es regresiva: el 1% de los declarantes con mayores rentas concentra el 15% del beneficio, mientras que el 50% con menores rentas apenas percibe el 5%. Además, no ha conseguido hacer más asequible el alquiler en las zonas tensionadas. El reciente Real Decreto-ley de vivienda contempla ampliar estas deducciones hasta el 100% en determinados supuestos —para quienes bajen el precio del alquiler—, lo que elevaría aún más el coste fiscal.

Mientras tanto, solo 121.573 inquilinos se benefician de la deducción estatal residual por alquiler, suprimida en 2015, con un alivio medio de 212 euros y un coste total de 25,7 millones. Frente a ellos, más de 2 millones de rentistas disfrutan de un alivio medio superior a 3.000 euros. Cada euro que se detrae de la recaudación vía estas rebajas es un euro menos disponible para el gasto social que sostiene el salario indirecto de la mayoría de la población trabajadora: atención sanitaria, plazas escolares, docentes, camas hospitalarias y prestaciones. La ampliación de estas deducciones profundizaría la desigualdad y el empobrecimiento.