Ocho de cada diez propietarios tiene una sola vivienda y apoya regular el alquiler

La gran mayoría de los hogares del Estado español sigue siendo propietaria, pero la propiedad está polarizándose. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, alrededor del 73% de los hogares residen en vivienda en propiedad, en descenso y en mínimos históricos en algunas mediciones; la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España situaba la propiedad de la vivienda principal en torno al 70-72% en 2024. Y de ese grupo, el 82-83% posee una única vivienda, que usa como residencia habitual, según informes de Fotocasa Research. Además, los datos del Ministerio de Consumo y el CSIC muestran que el 60-61% de las viviendas en alquiler están en manos de multiarrendadores y personas jurídicas: los rentistas de una sola vivienda controlan apenas el 39% del mercado.

La vivienda se ha consolidado como la primera preocupación del Estado español, también entre propietarios. Los barómetros del CIS de 2025-2026 registran menciones del 41 al 48,8%, cifras récord, y el 86% considera que el derecho a una vivienda digna no está garantizado para todos, mientras el 83% cree que el acceso a la primera vivienda empeorará o seguirá igual.

En una entrevista en El Salto en marzo de 2026, el sociólogo e investigador del CSIC Javier Gil, autor de Generación inquilina (Capitán Swing), resumió el cambio de tendencia de la siguiente forma: estos unipropietarios “han dicho basta ya”. Según Gil, “no les interesa prioritariamente que su vivienda suba de valor, sino solucionar la crisis que afecta a hijos, nietos y sobrinos”, castigados por la emancipación tardía, los alquileres altos y la imposibilidad de comprar sin ayuda familiar o herencia.

Las encuestas confirman ese giro. La GESOP (2024) midió un 64,3% de apoyo a la contención de precios del alquiler en zonas tensionadas, con un 78% entre votantes del PSOE y un 88% entre votantes de Sumar. El Ateneo del Dato (2026) registró un 73,6% a favor de la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler, incluido un 65% de votantes del PP y un 60% de votantes de Vox. En Catalunya, el CEO indica un respaldo en torno al 74% a limitar los pisos turísticos, además de mayorías a favor de regular alquileres y obligar a los grandes tenedores a destinar vivienda a alquiler social. Para Gil, estos datos desmontan la hipótesis del “rentismo popular”, según la cual las clases medias propietarias bloquearían las regulaciones por interés material propio.

Detrás del cambio de sentido común hay una razón material. La herencia se ha convertido en el principal mecanismo de acceso a la propiedad para muchos jóvenes: como señala Gil, “da igual cuánto estudien o trabajen”, lo que rompe la promesa meritocrática de la clase media y construye solidaridad entre padres y abuelos propietarios y sus hijos y nietos inquilinos, ahora reunidos en las acampadas por la vivienda de la Puerta del Sol. Al mismo tiempo, los multiarrendadores acumulan hasta cuatro veces más renta mediana y cientos de veces más riqueza neta que los inquilinos, según los informes del Ministerio de Consumo, el CSIC y el Banco de España, y desde 2008 crecen los hogares sin propiedad y los multipropietarios mientras el peso de los unipropietarios se reduce.

Gil advierte que los discursos de extrema derecha sobre ocupación, inmigración o escasez buscan precisamente romper esa solidaridad generando miedo entre los unipropietarios, y sostiene que las encuestas reflejan que la operación no está triunfando: el sentido común se desplaza hacia ver la vivienda como un bien que debe regularse, y no solo como un activo privado absoluto.