El PSOE propone mantener el monumento a Carrero Blanco de Santoña “resignificándolo”

La agrupación local del PSOE en Santoña (Cantabria) ha hecho pública su postura oficial sobre el futuro del conjunto arquitectónico erigido en honor a Luis Carrero Blanco, quien fuera presidente del Gobierno de la dictadura franquista y natural de la localidad, muerto en una acción de ETA en 1973. Frente a la resolución dictada a comienzos de septiembre por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que exige la retirada del monumento del espacio público en un plazo máximo de seis meses, la formación propone como alternativa conservar la estructura del recinto y proceder a su “resignificación” para dar cumplimiento a la legislación vigente sin derribarlo.

La secretaria general y portavoz municipal del PSOE santoñés, Carmen González, ha explicado que la iniciativa consiste en retirar la placa dedicatoria al dirigente franquista y sustituir el nombre de la obra por “una denominación consensuada que ensalce los valores democráticos”. Desde el grupo municipal sugieren opciones como “Monumento a la democracia”, “Monumento a la Constitución Española” o “Monumento a quienes perdieron la vida en la Mar”. Según González, el resto de los elementos representados en la obra, como la proa de una embarcación y la rosa de los vientos “constituyen símbolos de carácter universal que no están vinculados intrínsecamente al régimen franquista, por lo que su permanencia está amparada por la norma estatal al igual que sucedió con la transformación del Valle de Cuelgamuros, anteriormente denominado Valle de los Caídos”.4

Este mes de junio, el Parlamento de Cantabria aprobó una proposición no de ley impulsada por Vox para blindar el conjunto escultórico apelando a las competencias autonómicas en materia de patrimonio. La iniciativa, que salió adelante con el apoyo del Partido Popular y del Partido Regionalista de Cantabria, insta al Gobierno regional a tramitar la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural para evitar su demolición por parte del Ejecutivo central. La medida exige aplicar la normativa regional para señalar el entorno como “Espacio de Memoria y Dignidad de las Víctimas del Terrorismo” e incluirlo en programaciones educativas.