El Nuevo Ejército Popular de Filipinas reivindica la ejecución de un hombre acusado de violar a una menor
La insurgencia comunista anuncia que un tribunal revolucionario condenó a muerte a Jonathan Sumanion, de más de 50 años, ante la inacción del sistema judicial filipino.
El Nuevo Ejército Popular (NPA, por sus siglas en inglés), brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, reivindicó la ejecución de un hombre identificado como Jonathan Sumanion, de más de 50 años y conocido como Natan. La ejecución se habría consumado el pasado 4 de octubre alrededor de las 05:00 horas en su domicilio del barangay Yaoyao, en el municipio de Cauayan (provincia de Negros Occidental). Según publicaron medios de entorno comunista como Red Herald y la prensa local Digicast Negros, la organización insurgente explicó la acción armada afirmando que un tribunal revolucionario investigó y condenó a muerte al sujeto por la presunta violación de una menor en el año 2024.
La versión difundida por las estructuras del NPA sostiene que la intervención respondió a la inoperancia del sistema penal estatal filipino, que no tramitó sanción alguna contra el acusado. Por ello, no existe documentación pública procedente de la policía, la fiscalía o los organismos judiciales de Filipinas que acredite la apertura de diligencias por la supuesta agresión sexual de 2024, ni la existencia de una denuncia previa.
El hecho se sitúa en cambio en la constante actividad armada que el NPA mantiene en la isla de Negros, un territorio históricamente castigado por la alta concentración de la propiedad de la tierra, la explotación en las plantaciones y el despliegue de las Fuerzas Armadas de Filipinas. Recientemente, estructuras como el Roselyn Jean Pelle Command del NPA reivindicaron también acciones militares contra tropas estatales y unidades auxiliares en el municipio de Escalante, manteniendo la dinámica de enfrentamiento continuo entre la guerrilla y el aparato del Estado en la provincia.
El NPA, que libra un conflicto armado prolongado contra el Gobierno de Manila, asume habitualmente tareas de orden público, protección comunitaria y administración de justicia en zonas rurales remotas de la isla de Negros, donde la presencia de las instituciones estatales es prácticamente inexistente o se limita al despliegue militar para proteger la propiedad privada de la tierra y enfrentar la insurgencia comunista. En consecuencia, las organizaciones armadas en el ámbito rural filipino utilizan de forma habitual la denominación de tribunales populares para explicar la legitimidad política de sus acciones contra supuestos informantes, miembros de las fuerzas policiales, terratenientes o agresores de distinto tipo.
