Dos policías nacionales detenidos por narcotráfico en Asturies
Una media de un policía nacional y un guardia civil son procesados cada mes por su vinculación con el narcotráfico.
La Policía Nacional ha detenido al menos a cinco personas por su presunta implicación en una trama de narcotráfico que operaba desde Asturies. Entre los arrestados hay dos agentes del propio cuerpo, según ha adelantado El Comercio. Uno de ellos está destinado en el aeropuerto de Asturies y el otro en Galiza. El primero fue arrestado el lunes por integrantes de la Unidad de Asuntos Internos llegados desde Madrid, que registraron su taquilla en el aeródromo antes de conducirle a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Asturies, en Uviéu.
Los arrestos se han producido en Avilés y Castrillón. Entre los detenidos hay una persona que regenta un negocio en el concejo de Castrillón y otra que trabaja en asuntos portuarios. A los agentes se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales (utilizarían negocios aparentemente legales para dar salida al dinero procedente del narcotráfico) y revelación de secretos. La investigación, iniciada en 2025, ha sido dirigida por el juzgado de Avilés y permanece bajo secreto de sumario. No se descartan nuevas detenciones. Está previsto que los arrestados pasen este miércoles a disposición judicial.
“Casos aislados”
Hace unas semanas, el 30 de septiembre, el sargento primero Miguel Ángel Barbero, responsable del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Segovia, fue detenido junto a otras tres personas en una operación relacionada con el tráfico de estupefacientes. La detención se produjo más de nueve años después de otra, también por narcotráfico, en la que fue investigado por tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia. Al parecer, no fue motivo suficiente para suspenderlo de sus funciones. En julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de aquellas actuaciones.
Las cifras ponen en cuestión el relato oficial sobre “casos aislados”. Lo cierto es que el Ministerio del Interior tenía contabilizados al menos 106 policías detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico entre 2021 y 2025, con un repunte en 2025 en el que se arrestó a 12 policías nacionales y 12 guardias civiles, igualando el máximo histórico de la serie y marcando una media de un agente procesado al mes en cada uno de los dos cuerpos. Por si esto fuera poco, al menos cuatro de las diez mayores incautaciones de cocaína de la historia del Estado español cuentan con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detenidos o implicados.
“Fabricación de informes falsos” y protección de chivatos y agentes corruptos “por sistema”
Los casos documentados dibujan un patrón muy claro que atraviesa cuerpos, rangos y territorios. En Valladolid, el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, Luis Fernández, fingió destruir más de 50 kilos de cocaína incautados para después distribuirla entre su propio clan. En Balears, el jefe antidrogas Faustino Nogales boicoteaba sus propias operaciones desde dentro. En el Estrecho de Gibraltar, el teniente coronel David Oliva, exjefe antidroga de la zona, será juzgado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos tras descubrirse que compartía fiestas y viajes con el clan de los Ariza mientras acumulaba propiedades de forma “inexplicable”. El inspector jefe Óscar Sánchez Gil, vinculado a la mayor trama de narcotráfico destapada en la historia del Estado español, se halla en prisión preventiva desde noviembre de 2025 acusado de pertenecer a una organización de narcotraficantes. Declaró ante la Audiencia Nacional que la UDYCO “fabrica informes falsos” de manera sistemática para ocultar a los jueces el verdadero origen de sus investigaciones y que garantiza impunidad a confidentes y agentes corruptos “por sistema”. Según un oficio de Asuntos Internos, Sánchez Gil habría ayudado a introducir en el Estado español al menos 37 contenedores marítimos con 58.499 kilos de cocaína, valorados en más de 2.000 millones de euros.
La implicación de agentes en las tramas de narcotráfico no es un fenómeno marginal ni un conjunto de “casos aislados”, como los califica el Ministerio del Interior. Afecta a las unidades especializadas en la persecución del narcotráfico, a los mandos intermedios y a los altos rangos, y se extiende por todo el territorio. La posición estratégica de los agentes detenidos les permite acceder a información reservada, facilitar el tránsito de mercancías o desviar las investigaciones, formando auténticas mafias narcopoliciales.
