El inspector de los millones emparedados destapa el ‘cartel’ de la Brigada de Estupefacientes

El inspector jefe de la Policía Nacional Óscar Sánchez Gil, en prisión preventiva desde noviembre de 2025 acusado de pertenecer a una organización de narcotraficantes, ha declarado ante la Audiencia Nacional que la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) falsifica informes de manera sistemática para ocultar a los jueces el verdadero origen de sus investigaciones. Según el testimonio al que ha tenido acceso elDiario.es, Sánchez Gil —que fue jefe de sección en la Brigada Central de Estupefacientes antes de dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid— describió durante su declaración del pasado 19 de mayo, por videoconferencia desde la cárcel, cómo la unidad construye sus operaciones "exitosas" sobre datos obtenidos de plataformas de telefonía encriptada asaltadas por servicios policiales extranjeros, ocultando ese origen a la autoridad judicial para obtener su aval. "Esta es la práctica habitual, sistemática, que realiza la Brigada Central de Estupefacientes cuando quiere ocultar el origen de una información", afirmó. El caso concreto que puso sobre la mesa es la incautación de 1.605 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras en 2021: según su relato, el informe de la agencia colombiana antidroga Diran que dio pie a esa operación es falso y se elaboró a partir de los datos de Anom, una plataforma de teléfonos encriptados creada por el FBI como cebo para el crimen organizado.

Las instrucciones que, según Sánchez Gil, impartió el actual jefe de la UDYCO cuando estaba al frente de la Brigada Central de Estupefacientes eran tres: que toda investigación abierta a partir de esos datos fuera “completamente secreta” y no se informara a ninguna autoridad, incluidos los jueces, ni siquiera a otros policías; que los colaboradores entregaran sus identidades secretas en la plataforma Sky FCC; y que si confidentes o policías corruptos aparecían en la información suministrada por Francia, se les garantizara la impunidad y no fueran investigados. Sánchez Gil intentó defenderse de las alusiones a un tal “Aduana” que aparecen en las conversaciones intervenidas, asegurando que no se refieren a él sino a otros funcionarios corruptos, y sostuvo que el pin de Sky FCC que contiene esas conversaciones es el único que la Policía no ha analizado en sus informes al juzgado. En él se mencionan el puerto de Algeciras, los contenedores de cocaína —a los que los narcos se refieren como “latas”—, los “cuadrantes” que permitirían conocer qué funcionarios corruptos están de servicio y unidades concretas como la de Análisis de Riesgos, Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil. El juez que investiga a la organización de Sánchez Gil ha ordenado a Asuntos Internos que analice sus afirmaciones y determine si tienen credibilidad.

La respuesta judicial a todo esto ha sido, cuando menos, ambigua. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anuló el pasado mes de mayo el procesamiento de Óscar Sánchez Gil e Ignacio Torán al considerar que el juez instructor “cerró la instrucción de forma prematura” y que los hechos se describían de forma “muy escueta". El tribunal calificó de “papel mojado” la decisión de enviar a juicio a los implicados mientras quedaban pendientes “un volumen importante de diligencias de investigación” fundamentales para acreditar los delitos; al parecer, 20 millones de euros emparedados en la casa de Sánchez no parecían constituir un indicio lo suficientemente sólido. Entre las tareas pendientes que el tribunal considera “decisivas” se encuentran la identificación de interlocutores en conversaciones encriptadas, recibir comisiones rogatorias internacionales sobre el blanqueo de capitales y el análisis de informes patrimoniales y dispositivos electrónicos incautados. La Audiencia advirtió de que avanzar con una investigación inconclusa “podría llegar a propiciar una situación de impunidad”. Según un oficio de Asuntos Internos remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EFE, Sánchez Gil habría ayudado a introducir en el Estado español al menos 37 contenedores marítimos con 58.499 kilos de cocaína, valorados en más de 2.000 millones de euros. De confirmarse, estas cifras lo situarían entre los mayores narcotraficantes investigados en la historia del Estado español.

Cascada de “casos aislados” en todo el Estado

Este caso no es sino la punta del iceberg de un fenómeno estructural relativamente ignorado que se extiende por todo el territorio del Estado. El Ministerio del Interior ha contabilizado 106 policías detenidos o investigados por delitos relacionados con el narcotráfico entre 2021 y 2025, con un repunte en 2025 en el que se arrestó a 12 policías nacionales y 12 guardias civiles, igualando el máximo histórico de la serie. Además, se estima que al menos cuatro de las diez mayores incautaciones de cocaína de la historia del Estado español cuentan con agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detenidos o implicados; la mayor de todas, las 13 toneladas interceptadas en Algeciras en octubre de 2024, destapó precisamente la trama de Sánchez Gil. En la Operación Spider, que desarticuló una red que almacenaba 4,5 toneladas de cocaína en el puerto de Valencia y sumó más de 80 detenidos, los líderes de la trama presumían en chats interceptados de mantener bajo control a los cuerpos policiales: “Controlamos todas las unidades de control policial”, llegó a escribir el presunto responsable logístico, que incluso predecía la fecha exacta de las detenciones. En los narcotúneles de Ceuta, la Audiencia Nacional investiga una presunta red de protección de agentes de la Guardia Civil al capo Mustapha C., 'Brouzi', con al menos un guardia civil jubilado en prisión provisional y tres agentes en activo implicados en las conversaciones intervenidas. El segundo túnel localizado en el Tarajal era una compleja obra de ingeniería con tres niveles subterráneos, raíles y vagones que, según los investigadores, no pudo funcionar sin "omisiones" de las autoridades a ambos lados de la valla. En Valladolid, el jefe del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, Luis Fernández, fingió destruir más de 50 kilos de cocaína incautados en la operación Churruca para después distribuirla entre su propio clan; la droga, con los mismos logotipos y empaquetado, reapareció en los registros realizados para desarticular la red que él mismo lideraba. En Balears, el jefe antidrogas Faustino Nogales boicoteaba sus propias operaciones desde dentro. En el Estrecho de Gibraltar, el teniente coronel David Oliva, exjefe antidroga de la zona, será juzgado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos tras descubrirse que compartía fiestas, viajes y celebraciones familiares con el clan de los Ariza mientras acumulaba propiedades de forma “inexplicable”.

A la luz de este historial y las acusaciones vertidas por Sánchez Gil, cada vez resulta menos sostenible la tesis de la “corrupción individual”, la teoría de “las manzanas podridas en un cesto sano”, y cobra fuerza la hipótesis de un fenómeno mucho más profundo, sistémico y todavía desconocido en gran parte y que las investigaciones en curso apenas empiezan a desvelar.