El Ministerio del Interior ha contabilizado un total de 106 policías detenidos e investigados por delitos relacionados con el narcotráfico entre los años 2021 y 2025. Estos datos estadísticos han sido oficiales a través de una resolución de Transparencia emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad. La información recopilada por la administración central desglosa la evolución anual de los funcionarios policiales implicados en redes de tráfico de sustancias estupefacientes a lo largo de este periodo de cinco años.

El registro temporal facilitado muestra que durante el año 2021 se detuvo o investigó a 22 agentes, una cifra que experimentó un descenso hasta los 16 casos en el año 2022. Sin embargo, la tendencia volvió a incrementarse un año después, alcanzando los 24 expedientes en 2023, mientras que en el año 2024 se contabilizaron 20 agentes afectados. Finalmente, en el ejercicio de 2025, el número de funcionarios bajo sospecha volvió a situarse en 24, igualando de este modo el máximo histórico de toda la serie estadística analizada.

La resolución precisa que el Ministerio del Interior solo dispone del desglose específico entre la Policía Nacional y la Guardia Civil correspondiente al año 2025. En ese último ejercicio, los 24 agentes detenidos o investigados se distribuyeron de forma completamente equitativa, registrándose 12 miembros pertenecientes a la Policía Nacional y otros 12 integrados en la Guardia Civil. Fuentes del propio ministerio justificaron esta limitación informativa señalando que responde a “un cambio en el sistema de centralización de datos”, dado que desde 2025 la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil tienen “la obligación formal” de comunicar estas incidencias directamente a la Dirección General de Coordinación y Estudios.

Dentro de la documentación aportada por la vía de Transparencia, la administración no diferencia cuántos de los 106 casos acumulados corresponden estrictamente a agentes detenidos y cuántos a los formalmente investigados, de la misma manera que no se ofrece información complementaria sobre el empleo, el puesto de los implicados, el tipo de procedimiento judicial abierto o el estado actual de las investigaciones.

Entre los procedimientos de mayor relevancia destaca la situación del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, Óscar Sánchez Gil, quien se encuentra en prisión provisional por su presunta colaboración con una red criminal dedicada a introducir cargamentos de cocaína. A esta causa se suman otras investigaciones activas, como las diligencias sobre el jefe del Grupo III de Estupefacientes de Valladolid, la investigación penal al exjefe antidroga de Balears o la reciente desarticulación de una red de narcotráfico en Segovia, Madrid y Ávila que concluyó con ocho detenidos, entre ellos dos guardias civiles. El último de estos episodios se registró el pasado mes de marzo, cuando la unidad de Asuntos Internos arrestó a un guardia civil en Ceuta, en el marco de una operación coordinada por la Brigada Central de Estupefacientes con ramificaciones en el sur de Andalucía.