Los chats secretos del narco en València: “Controlamos todas las unidades policiales”

El descifrado de las comunicaciones internas de una de las mayores organizaciones de narcotráfico del puerto de València ha expuesto el nivel de colaboración de la red con la Policía. Según los datos del sumario judicial de la 'Operación Spider', al que ha tenido acceso el diario El País, los líderes de la trama presumían de mantener bajo control a los cuerpos policiales poco antes de que la Policía Nacional desmantelara la organización en la denominada 'Operación Spider'. Las detenciones se produjeron el 22 de septiembre de 2025, con más de 80 detenidos, entre los que figuraban 17 trabajadores portuarios y un agente de la Guardia Civil. La red criminal estaba especializada en el tráfico internacional de cocaína, conectando sus operaciones desde la infraestructura valenciana con carteles de Colombia y mafias de los Balcanes. 

Lejos de ser un hecho aislado, la operación se enmarca en un ámplio listado de casos de relaciones entre el narco y cuerpos policiales. Hace tan solo dos años, en diciembre de 2024, el jefe de la Guardia Civil del puerto de Valéncia fue detenido por narcotráfico

Las investigaciones se han nutrido del análisis forense de los mensajes de la aplicación Zangi, un sistema de origen armenio con cifrado de nivel militar que la organización utilizaba para eludir el control policial que escapaba a sus manos. En las conversaciones interceptadas, Esteban B., considerado presunto responsable del aparato logístico, intentaba generar confianza en la red para coordinar un envío marítimo desde Ibiza hacia la Península afirmando textualmente que controlaban todas las unidades de control policial. A pesar de las estrictas medidas de seguridad que incluían la orden del presunto cabecilla, Josafat M., alias Kamal, de borrar las conversaciones diariamente por temor a redadas nocturnas, las autoridades lograron recuperar el histórico de chats. Las escuchas sugieren, además, que los delincuentes poseían filtraciones sobre el avance de la causa, llegando a predecir la fecha exacta de las detenciones con comentarios sobre la necesidad de limpiar sus viviendas de pruebas incriminatorias para afrontar un escenario de prisión preventiva reducida.

Sobornos y especulación

Las comunicaciones detallan, asimismo, un estricto esquema de pagos y un elevado músculo financiero para asegurar la colaboración de los operarios. La organización abonaba tarifas de entre 100.000 y 120.000 euros a los camioneros, por el transporte por carretera de la mercancía desembarcada, mientras los líderes debatían en los chats la conveniencia de no elevar en exceso los pagos para evitar que los conductores "se hicieran ricos y dejaran de trabajar". Por su parte, los llamados "rompedores", encargados de quitar de forma clandestina los precintos de los contenedores para extraer la droga, recibían unos 50.000 euros por operación. La red también contaba con tres estibadores calificados como la llave para introducir la mercancía en Europa, además de empresarios del transporte.

Según detalla El País, la organización utilizaba su influencia en el Centro de Empleo Portuario para amañar los exámenes de acceso a la estiba. Mediante este método, introducían a nuevos miembros afines en la plantilla portuaria, lo que les permitía controlar de manera directa los turnos de trabajo y el movimiento de contenedores específicos.

Además, el sumario revela que la red no solo distribuía droga, sino que operaba con una lógica de especulación comercial, comprando remesas de cocaína en momentos de bajada de precios en el mercado ilícito, con transacciones registradas a 13.500 euros el kilo en Alacant, para almacenarla y revenderla ante repuntes de la demanda. Los informes policiales reflejan que los líderes evaluaron también el traslado de cargamentos mediante el uso de drones de alta capacidad tras una reunión de coordinación en Marbella, un proyecto que finalmente no llegó a ejecutarse.