Medio siglo de violencia e impunidad fascista
El Estado español alcanza un máximo histórico de delitos de odio, un repunte alarmante que enlaza con casi cincuenta años de violencia impune, persecución ideológica y terrorismo de Estado.
Rastrear la huella de la violencia fascista y de extrema derecha en el Estado español desde los años ochenta exige adentrarse en un historial oscuro que ha mutado profundamente con el paso de las décadas. No existe un registro único e infalible que englobe de manera consolidada todos los ataques ocurridos durante este casi medio siglo, que son cuantiosos y muchos de ellos han pasado desapercibidos. Sin embargo, el análisis de los archivos oficiales, las hemerotecas periodísticas, las bases de datos sobre ‘terrorismo’ y los balances policiales permiten realizar un repaso aproximado y resumido siguiendo algunos de los hechos más destacados de su evolución histórica.
La etapa más sangrienta de este fenómeno se vivió, sin duda, durante la Transición y los primeros años 80 del siglo XX. Diferentes investigaciones académicas, como las publicadas por la plataforma The Conversation, estiman que solo la extrema derecha y los grupos parapoliciales, sin contar las víctimas directas de la Policía, dejaron entre 66 y 95 víctimas mortales, concentradas en su inmensa mayoría antes del año 1983. En este turbulento periodo operaron escuadrones como el Batallón Vasco Español, la Triple A, los Grupos Armados Españoles, Fuerza Nueva o el Comando Antimarxista.
El informe de la Comisión de Memoria Democrática del Gobierno, publicado en 2026, documenta oficialmente 63 víctimas mortales entre finales de 1978, coincidiendo con la entrada en vigor de la Constitución, y el 31 de diciembre de 1983. De esta cifra, más o menos rigurosa, aproximadamente 34 personas murieron a manos de organizaciones neofascistas y 29 a causa de violencias policiales. El año más letal fue sin duda 1980, con 28 casos registrados, seguido de 1979 con 22 víctimas. Entre los episodios que generaron mayor conmoción social destacan el atentado con bomba en el bar Aldana de la localidad de Alonsotegi en 1980, que dejó 4 muertos, o el mediático asesinato de la líder estudiantil Yolanda González.
Otras fuentes de estudio histórico, como las manejadas por la Fundación Giménez Abad, amplían el foco temporal hasta 1989 y sitúan la cifra en casi 100 asesinados exclusivos de la ultraderecha, a los que se sumarían entre 25 y 27 muertos provocados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en su guerra sucia de terrorismo de Estado comandado por el PSOE entre 1983 y 1987.
Años 90-2000: ofensiva neonazi callejera
Sin embargo, a partir de mediados de la década de los 80, la actividad letal organizada de corte fascista la ocuparon grupos neonazis. Durante los años 90 y los primeros 2000, el modus operandi dejó de ser el de comandos terroristas de la Transición para transformarse en agresiones perpetradas por bandas urbanas (como Bases Autónomas, Bastión o Vanguardia Nacional Revolucionaria), a menudo vinculadas a hinchadas ultras de fútbol. Fuentes como los Informes Raxen (del Movimiento contra la Intolerancia) y asociaciones antifascistas estiman en más de medio centenar las muertes provocadas por esta violencia desde inicios de los noventa. Se constatan incontables agresiones físicas contra inmigrantes, personas de la comunidad gitana, colectivos LGTBI, indigentes y militantes de izquierda.
En 1991, una mujer trans llamada Sonia fue asesinada a golpes en Barcelona por siete miembros de Vanguardia Nacional Revolucionaria, quienes también atacaron a personas sin hogar. En 1992, la trabajadora dominicana Lucrecia Pérez fue asesinada a tiros mientras dormía en una discoteca abandonada de Aravaca (Madrid) por un grupo neonazi de Bases Autónomas liderado por un guardia civil, convirtiéndose en uno de los primeros crímenes racistas mediáticos de la democracia. Ese mismo año moría también en Majadahonda el marroquí Hassan Al Yahami.
En 1993 fueron asesinadas varias personas por individuos vinculados a entornos fascistas, como el vigilante de discoteca José Herrería en Barcelona, un hombre sin hogar de 64 años quemado vivo en un coche en València, y el joven militante antifascista Guillem Agulló, de 18 años, apuñalado en el corazón en Montanejos por el grupo Komando Marchalenes IV Reich. La oleada fascista continuó con el joven Ricardo Rodríguez (apuñalado en 1995 en la zona de Costa Polvoranca, Alcorcón, por la Sección Cubos de Bases Autónomas) y otros asesinados a mediados de los noventa, como David Martín, el anciano Gabriel Doblado, Miguel Blanco o David González Rubio (1996). En 1998, el aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta fue apuñalado mortalmente en una emboscada cerca del estadio Vicente Calderón de Madrid a manos de Ricardo Guerra, miembro del grupo neonazi Bastión. En los años posteriores se sumarían víctimas como Omar Amhandi (2000), Augusto Ndombele (2002) o el joven antifascista de 16 años Carlos Palomino (2007), apuñalado en el corazón por el militar neonazi Josué Estébanez en la parada del metro de Legazpi del metro de Madrid cuando se dirigía a boicotear una manifestación de Democracia Nacional.
Algunos de estos crímenes terminaron en condenas; Estébanez, por ejemplo, recibió 26 años, siendo el primer caso destacado en el que se aplicó el agravante de odio ideológico, y Guerra fue condenado a 17 años. Sin embargo, las asociaciones a menudo han denunciado una impunidad relativa con otros perpetradores. En muchos procesos se dictaron penas reducidas o absoluciones de cómplices, y con frecuencia se minimizó el móvil ideológico, tratándolos judicialmente como “peleas de chavales”, como ocurrió en el caso de Agulló, donde el autor material cumplió 4 años de prisión.
Aumento reciente de los delitos de odio
En años más recientes, ha surgido una nueva tipología de violencia reaccionaria callejera, no siempre vinculada directamente con grupos neofascistas. La serie histórica sobre delitos de odio del Ministerio del Interior, que arrancó en 2014, revela una tendencia al alza sumamente alarmante. Según los datos, el año 2025 marcó un máximo histórico con 2.417 incidentes, con un fuerte aumento del 23,6% respecto a los 1.955 casos documentados en 2024. Las agresiones motivadas por racismo lideraron la estadística con 934 denuncias, seguidas por 571 ataques ligados a la orientación sexual o la identidad de género. Resulta llamativo el aumento del 64% en los delitos cometidos estrictamente por ideología política, que alcanzaron los 241 casos, aunque no aparecen desagregados por motivación ideológica concreta. También se aprecia un aumento de los delitos ligados a la islamofobia en más de un 130%.
El peligro del fascismo persiste hoy en forma de pequeñas redes informales y los llamados “lobos solitarios”. El “Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo” señaló en su último documento que el Estado español registró siete incidentes graves en 2025, frente a los cuatro del año anterior. En 2023, 16 miembros vinculados a la organización neonazi Combat 18 fueron detenidos. Más recientemente, en el año 2025, se detectó en Castelló una célula de la red neonazi internacional The Base, lo que condujo a la detención de a tres personas en posesión de armas y abundante material neonazi.
