Ley, orden y alfombra roja al fascismo

¿Cómo pudo el fascismo, un movimiento minoritario y marginal en sus orígenes, acceder al Estado en Italia, Alemania, España y Francia? En 1919, Mussolini reunía tan solo un puñado de excombatientes en Milán; en 1928, el Partido Nazi obtenía el 2,6% de los votos. Catorce años después, Adolf Hitler era canciller del Reich. La historiografía dominante durante décadas ha presentado estos desenlaces como anomalías, como quiebras de la razón o como el producto de una especie de violencia irracional inexplicable que irrumpió desde fuera de la política, una violencia que solo cabe recordar y lamentar en abstracto. Sin embargo, la investigación posterior ha reconstruido un itinerario mucho más complejo e incómodo para el pensamiento dominante: el fascismo no fue una anomalía externa a la democracia liberal, sino el resultado de una crisis del orden capitalista en la que las élites burguesas buscaron salvaguardar la propiedad privada, el orden social y la hegemonía nacional, una fase de convulsiones en la que las direcciones socialdemócratas, al priorizar la legalidad, la colaboración de clases y la contención de la radicalización obrera, contribuyeron a paralizar una respuesta unitaria de los trabajadores.

El presente reportaje reconstruye ese itinerario en cuatro escenarios. Primero, en Alemania, el más estudiado, donde la dirección de la SPD asumió un “legalismo defensivo” que fracasó frente a los gabinetes presidenciales autoritarios, actuó guiada por su anticomunismo y entregó importantes conquistas de la democracia de Weimar, mientras la teoría del “socialfascismo” de la Internacional Comunista identificaba a la socialdemocracia como “enemigo principal”, suponiendo por momentos que no alcanzaría suficiente apoyo como para constituir una amenaza real. En Italia, la subida de Mussolini en octubre de 1922 fue fruto de un compromiso entre el fascismo y la clase dirigente tradicional, y los socialistas, divididos y sin un programa claro, no articularon un frente común. En Francia, las ligas fascistas se echaron a la calle y comunistas y socialistas tardaron meses en firmar un pacto de unidad de acción, hasta que la amenaza inminente forzó el giro hacia el Frente Popular. En España, la represión de los levantamientos revolucionarios, la exclusión de amplios sectores obreros del marco político y la confianza en que la legalidad bastaría para contener a los militares más reaccionarios dejaron posteriormente al movimiento obrero con una capacidad de respuesta limitada ante el golpe de julio de 1936. 

El hilo conductor serán las decisiones políticas concretas que redujeron el margen de acción de la clase obrera y allanaron el terreno sobre el que después se erigió la dictadura fascista. El análisis de cada escenario se organizará en torno a una serie de ejes transversales que se repiten con variantes en cada estado: la represión previa del movimiento obrero (huelgas, ocupaciones, milicias, prensa y sindicatos tratados como amenaza al orden antes que el fascismo); las leyes de excepción y el anticomunismo, con estados de sitio, censura, prohibiciones y tribunales especiales; el programa socioeconómico antiproletario, hecho de austeridad, defensa de la propiedad privada a ultranza, contención salarial y pactos con patronales y terratenientes; el belicismo, el colonialismo y el nacionalismo, con guerras imperialistas, expediciones coloniales y militarización de la vida política; la tibieza frente a las milicias fascistas, con tolerancia policial, amnistías, alianzas parlamentarias y preferencia por el “mal menor” (refiriéndose al fascismo frente a la amenaza revolucionaria); igualar fascismo y comunismo, con el discurso del “totalitarismo” y la “amenaza bolchevique” que relativiza el peligro real; la división del movimiento obrero que retrasó o hizo fracasar el frente único; el papel de las élites (Ejército, Iglesia, monarquía, gran empresa, banca, terratenientes, prensa y aparato judicial) como agentes de orden, legitimación o financiación; la construcción del enemigo interno por parte de la prensa conservadora y nacionalista; y el orden machista como proyecto de reconquista de la mujer frente a los derechos civiles logrados en el primer tercio del siglo XX; y, por último, la forma en que las instituciones burguesas intentan después presentar el fascismo como una “desviación” o incluso como una especie de “anomalía histórica” para ocultar su propia corresponsabilidad histórica.

En todo ello habrá que distinguir, precisamente, entre responsabilidad histórica, complicidad activa y efectos no deseados, porque no todas las fuerzas reformistas y conservadoras “quisieron” el fascismo; muchas de sus decisiones respondieron a la búsqueda de estabilidad, a la presión del capital monopolista o al miedo a la revolución. Pero el efecto acumulado de esas decisiones fue, precisamente, lo que terminó poniendo la alfombra roja al fascismo en los cuatro países, veamos cómo.

Alemania: la República que no quiso defenderse

La República de Weimar nació a partir de una agria derrota militar y de una revolución traicionada. En noviembre de 1918, la monarquía del Káiser se derrumbó y los consejos de obreros y soldados se propagaron como la pólvora en todo el país. La situación rimaba con los acontecimientos en Rusia un año antes. La socialdemocracia (SPD), que controlaba el gobierno provisional, tuvo ante sí la posibilidad de culminar la transformación revolucionaria. No lo hizo. Prefirió aliarse con los mandos del Ejército imperial y con los Freikorps (unidades paramilitares formadas por oficiales desmovilizados, veteranos reaccionarios y jóvenes nacionalistas, precedentes de las tropas de asalto nazis SA) antes que entregar el poder a los consejos obreros aupados por la lucha obrera alemana y los vientos que soplaban desde Rusia. En enero de 1919, esa alianza se tradujo en el infame aplastamiento de la insurrección espartaquista: los dirigentes comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht fueron detenidos y masacrados sin juicio por miembros de los Freikorps, que actuaban con el aval político del gobierno socialdemócrata. El ministro socialdemócrata Gustav Noske autorizó expresamente la intervención de los paramilitares para reprimir aquella revolución.

El bautizo de fuego de la República de Weimar fue la piedra angular de un régimen que protegió en todo momento al aparato de Estado heredado del Imperio y la propiedad de los señores, y contribuyó a profundizar la escisión del movimiento socialista. La judicatura de Weimar, formada en su mayoría por jueces de tendencia conservadora, aplicó sistemáticamente un doble rasero a la batalla política encarnizada que se libraba en las calles. El estadístico Emil Julius Gumbel documentó que entre 1919 y 1922 se cometieron 376 atentados políticos mortales: 354 fueron obra de los fascistas y 22 de la izquierda. De los 354 crímenes de derecha, 326 quedaron sin condena; los pocos condenados recibieron penas que promediaban apenas cuatro meses de prisión, además de una única cadena perpetua y ninguna ejecución. Entre los autores de izquierdas, en cambio, hubo diez condenas a muerte y penas que alcanzaron una media de quince años. La justicia de Weimar era, en palabras del propio Gumbel, “tuerta” (“auf dem rechten Auge blind”, ciega del ojo derecho). Esta impunidad nutrió, envalentonó y legitimó a los camisas pardas.

Sobre esta violencia fundacional anticomunista y una justicia tuerta y complaciente, los gobiernos socialdemócratas fueron aplicando una política socioeconómica que acabó de erosionar su propia base social y regalando un descontento al fascismo. La austeridad, la pérdida del poder adquisitivo y la defensa del orden capitalista durante la crisis de entreguerras alimentaron el desencanto de amplios sectores de la pequeña burguesía y de las clases medias empobrecidas. La hiperinflación de 1923 y, más tarde, la Gran Depresión destruyeron los ahorros y la estabilidad de millones de personas. El SPD, principal partido y principal fuerza obrera de masas de la República, quedó atrapado en un callejón sin salida entre su compromiso con la legalidad burguesa y su incapacidad para ofrecer una salida material a la crisis. Esa contradicción lo fue aislando cada vez más de los trabajadores que decía representar y lo dejó sin aliados cuando la tormenta fascista se desató.

En el plano político, la dirección del SPD asumió lo que se conoció como “legalismo defensivo”, una estrategia que, según reconoce incluso la propia historiografía del partido, resultó “igualmente infructuoso” frente a los gabinetes presidenciales autoritarios en los que participaba. La socialdemocracia actuó por guiada por su anticomunismo y entregó importantes conquistas de la democracia de Weimar. La Internacional Comunista y el Partido Comunista de Alemania (KPD) identificaron correctamente al fascismo como una amenaza contrarrevolucionaria, pero la línea del “socialfascismo”, adoptada partiendo de la experiencia de la contrarrevolución de 1918-1919, llevó a considerar a la socialdemocracia como el enemigo principal y a minusvalorar, durante demasiado tiempo, la capacidad del nazismo para conquistar el Estado y movilizar a amplios sectores sociales. Posteriormente hubo intentos de frente único tanto desde abajo como desde las direcciones, especialmente entre 1931 y 1932, pero fueron tardíos, desiguales y marcados por la desconfianza mutua: el KPD condicionó sus propuestas a la ruptura con la dirección socialdemócrata, mientras el SPD exigía condiciones que el KPD consideraba inaceptables. De todas formas, los comunistas se batieron en las calles con dureza contra las SA de Ernst Röhm, y lo hicieron hasta el final, pero esto no fue suficiente y no pudieron contener su avance. Esta incapacidad de articular una resistencia masiva de los trabajadores antes o en el momento de la toma del poder nazi no solo se debió a la subestimación inicial del nazismo por parte de ambos partidos, sino también a la profunda fractura política y sociocultural que, después de la experiencia de la Revolución alemana, había dividido al movimiento obrero y socialista en organizaciones de masas que rivalizaban directamente en sindicatos, deporte, cultura y juventud.

Los conservadores y el gran capital se encargaron de rematar la tarea. El presidente Paul von Hindenburg y sus asesores hicieron un trato con Hitler en enero de 1933: le entregaron la cancillería porque tenía “la popularidad que a ellos les faltaba”, mientras ellos conservaban “el poder que él necesitaba”. Hindenburg no actuó por iniciativa propia ni su trato fue un trato en el vacío, ya que fue presionado por el canciller Franz von Papen, por los nacionalconservadores, por los terratenientes de la Agrarier y por sectores industriales y bancarios. El historiador Bernd Jürgen Wendt describe cómo la decisión fue “arrancada” a Hindenburg “tras una fuerte resistencia” contra el “pequeño cabo bohemio”, “a instigación de Franz von Papen y con el aplauso de representantes de la gran agricultura, la industria, la Reichswehr y el sector bancario”. Otto Meissner, secretario de Estado de la Oficina del Presidente del Reich, testimonia que Papen y el resto de la camarilla en torno a Hindenburg (sobre todo su hijo Oskar y el propio Meissner), “junto con algunos banqueros e industriales ricos”, aceptaron a Hitler como canciller de un gabinete con hegemonía conservadora. La fórmula “empleo para Hitler, poder para los conservadores”, atribuida a Papen por la historiografía, describe cuál era su intención: al parecer, creían que la responsabilidad de gobernar moderaría sus posturas y que podrían “controlarlo”. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de un gabinete dominado por conservadores, con el beneplácito de los grandes industriales, los terratenientes y la derecha nacionalconservadora, que aceptaron al líder nazi como instrumento para destruir los sindicatos y aplastar a los comunistas. En ese sentido, los conservadores no fueron “engañados” por Hitler, compartían buena parte de su programa con el fascismo, y eligieron. Aquella república burguesa sin defensores había encontrado a sus sepultureros.

Cuando el nazismo descabezó al KPD tras el incendio del Reichstag el 27 de febrero de 1933, con las libertades fundamentales suprimidas y detenciones arbitrarias y ataques de las SA contra los comunistas y socialdemócratas, el SPD no respondió con una huelga general ni con un frente único obrero. Sus diputados se limitaron a votar en contra la Ley de Habilitación (el único partido que lo hizo entre los que quedaban), con toda la fe de la dirección socialdemócrata puesta en la legalidad. Evitó en todo momento la confrontación abierta con los nazis y simplemente esperó sobrevivir dentro del nuevo orden. Tres meses después, el SPD fue prohibido, confiscado, perseguido y liquidado con los mismos métodos que usaron contra el KPD.

Italia como laboratorio

Si en Alemania el fascismo llegó al poder desde dentro de una república parlamentaria en crisis, en Italia fue antes: allí el Estado liberal ensayó por primera vez la fórmula de utilizar a una milicia contrarrevolucionaria para aplastar a un movimiento obrero en ascenso. El fascismo italiano fue el primer movimiento fascista, se articuló como movimiento de masas, ensayó la toma del Estado y lo logró. Además, es claro ejemplo histórico donde la clase dirigente liberal mostró con claridad su disposición a sacrificar la democracia burguesa para preservar el orden capitalista. La posguerra de la Primera Guerra Mundial dejó un país en crisis: el ingreso nacional neto había caído drásticamente y, tomando como base 100 el nivel medio de los salarios reales en 1913, el índice había descendido a 64,6 en 1918. El desempleo, la inflación y el aumento de los precios golpearon con dureza a la clase trabajadora y la pequeña burguesía, ya castigadas por la guerra. Sobre ese terreno estalló lo que se denominó como “bienio rojo” de 1919-1920, un ciclo de huelgas, ocupaciones de tierras y fábricas, y experiencias de autogestión obrera en Turín y Milán, con un pico revolucionario en septiembre de 1920, cuando medio millón de trabajadores ocuparon las fábricas. El término “bienio rojo”, ampliamente difundido, fue instrumentalizado por publicistas burgueses liberales y conservadores para sembrar el “gran temor” que las luchas obreras y campesinas suscitaban en las clases propietarias y justificar la reacción fascista que siguió. 

Giovanni Giolitti y muchos otros viejos estadistas liberales y nacionalistas que habían hegemonizado la política italiana antes de la guerra, habían pensado, de forma homóloga a Hindenburg en Alemania, que el fascismo sería un instrumento útil para dar la estocada final al socialismo revolucionario y presionarlo para que volviera al redil del constitucionalista. Giolitti, la monarquía y el Ejército inicialmente creyeron que podrían utilizarlo y luego deshacerse de él, aunque algunos sectores del conservadurismo se vieron atraídos ideológicamente. Cuando Mussolini lanzó la Marcha sobre Roma en octubre de 1922, el rey Víctor Manuel III se negó a firmar el estado de sitio que habría permitido al Ejército dispersar a los camisas negras y entregó el gobierno al propio Mussolini. La Marcha sobre Roma culminó con un despliegue de camisas negras, presionando a la clase política liberal y a la monarquía, lo que precipitó los acontecimientos. La historiografía más reciente, con autores como Enzo Collotti y Nicola Tranfaglia, insiste en la “alianza política entre el fascismo y las élites tradicionales en la economía, la sociedad y el Estado” como una alianza que tenía como objetivo la “represión violenta de las organizaciones de clase de los trabajadores” y construir una sociedad fuertemente jerárquica que satisficiera las “exigencias de los grupos dominantes” amenazados por una democratización con riesgo de inclinarse hacia el socialismo revolucionario.

Es decir, la reacción no fue exclusivamente fascista, también fue introducida por la derecha tradicional y los liberales. El Estado liberal, los grandes terratenientes e industriales percibieron la radicalización obrera como una amenaza existencial y toleraron e impulsaron al fascismo como fuerza de “orden” contra socialistas, cooperativas y sindicatos. El escuadrismo, la violencia de las bandas de pistoleros fascistas armados, se dirigió contra los ayuntamientos, los sindicatos y las Cámaras de Trabajo controladas por los socialistas y los católicos del Partito Popolare, especialmente en la llanura del Po y en Toscana. Entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 1921 se registraron 207 muertos y 819 heridos por ataques fascistas. El historiador Paul Guichonnet describe el mecanismo: “aprovechándose de la inercia, a menudo cómplice, de las autoridades, el squadrismo recurre a la intimidación, e incluso al terror”. Las escuadras actuaban así, con una impunidad, normalmente acompañados por la patronal agraria local, y las autoridades liberales que miraban hacia otro lado mientras los fascistas sembraban el terror contra los socialistas. El “biennio nero” de 1921-1922 fue una campaña sistemática de destrucción de las bases obreras. Solo en los primeros seis meses de 1921, en la llanura padana, las escuadras fascistas perpetraron 726 ataques: 59 casas del pueblo, 119 cámaras de trabajo, 107 cooperativas, 83 ligas campesinas, 141 secciones socialistas, 100 círculos culturales, 28 sindicatos obreros y 53 círculos recreativos obreros fueron destruidos. En la provincia de Bolonia, los ataques causaron 19 muertos y casi 2.000 heridos solo en 1921. 

El diputado socialista Giacomo Matteotti denunció la connivencia liberal y conservadora antes de ser secuestrado y asesinado por los fascistas en junio de 1924. Con su asesinato, la máscara del “legalismo defensivo” cayó por su propio peso. La oposición parlamentaria respondió retirándose de la Cámara y instalándose en el Aventino, un episodio que pasó a la historia como la “Secesión del Aventino”. Los diputados opositores proclamaron la “imposibilidad de reanudar los trabajos de la Cámara mientras un nuevo gobierno no hubiera restablecido las libertades democráticas”. Su esperanza era que el rey Víctor Manuel III retirara la confianza a Mussolini y forzara su dimisión, pero esto no ocurrió. Ivanoe Bonomi, Antonio Salandra y Vittorio Emanuele Orlando presionaron al monarca, pero el rey “rehusó dar un paso que se lo impedía la Constitución en tanto Mussolini aún conservaba su mayoría en el parlamento” y, según una versión ampliamente discutida, habría respondido con una frase que se convirtió en la debacle de la República liberal: “Soy sordo y ciego. Mis ojos y mis oídos son la Cámara y el Senado”. El 3 de enero de 1925, en la Cámara, Mussolini asumió “solo yo, la responsabilidad política, moral, histórica, de todo lo sucedido” y endureció el régimen que se consolidaría en los meses siguientes. La oposición que había confiado en la legalidad se encontró sin herramientas para defenderla.

El Partido Socialista Italiano (PSI), por su parte, estaba escindido entre el sector de Giacinto Menotti Serrati, que rechazaba cualquier colaboración de gobierno, y los reformistas de Filippo Turati, partidarios de una línea similar a la del SPD alemán, apostando por una “penetración pacífica” y de compartir responsabilidades de gobierno. En el congreso de Livorno de 1921, la moción maximalista unitaria de Giacinto Menotti Serrati obtuvo 98.028 votos; la comunista de Amadeo Bordiga y Antonio Gramsci, 58.783; y la reformista de Filippo Turati, 14.695. Los comunistas abandonaron el congreso y fundaron el Partido Comunista de Italia (PCI), mientras los reformistas fueron expulsados en octubre de 1922, pocos días antes de la Marcha sobre Roma. Esa división, junto a los conflictos entre sindicatos católicos y socialistas, impidió cualquier frente antifascista eficaz. Antonio Gramsci, desde la cárcel, interpretó el ascenso del fascismo como el resultado de una “crisis de hegemonía del régimen liberal parlamentario” que culminó en una dictadura cesarista. La clase obrera italiana, dividida y sin dirección unitaria, no pudo impedir que la élite liberal entregara el Estado a quien prometía restaurar el orden por todos los medios necesarios.

La escuela de esta violencia fueron las campañas coloniales en Libia, Eritrea y Somalia, justificadas ideológicamente por el nacionalismo expansionista que a su vez era compartido con el liberalismo. La propaganda nacionalista y luego fascista presentó la expansión colonial como la “justa conquista de un ‘lugar bajo el sol’ para una nación de proletarios”. El régimen de Mussolini profundizó ese plan con la “pacificación” de Libia (1923-1932), la invasión de Etiopía (1935-1936), la de Albania (1939) y las campañas en los Balcanes. Estas expediciones respondieron, según el historiador Patrick Bernhard, a un imperialismo que sirvió de modelo para los planes expansionistas nazis de colonización de Europa del Este. La conquista de Etiopía se llevó a cabo con bombardeos con gas contra civiles e instalaciones médicas, y el régimen llegó a pedir a las mujeres italianas que donaran sus alianzas de oro para financiar la invasión. La guerra colonial fue, en resumen, el laboratorio de racismo institucional y su fuente de legitimación nacionalista. El país que aplastó a su movimiento obrero con las escuadras y entregó el Estado a Mussolini era el mismo que ya había interiorizado la cultura militar de la Gran Guerra y el derecho a conquistar “su” lugar en el reparto del pastel colonial. El fascismo, en ese sentido, no inventó nada, lo llevó hasta sus últimas consecuencias y aplicó su lógica dentro de las fronteras europeas. 

Del orden monárquico español al alzamiento fascista

Mientras en Italia el fascismo se impuso como movimiento de masas ante la pasividad de las élites liberales, conservadoras y monárquicas, en el caso español fueron las élites conservadoras y las cúpulas militares quienes tuvieron la iniciativa de recurrir al fascismo para aplastar a la República y al movimiento obrero, una represión que no fue inventada por Franco, pero que su régimen pero que su régimen aprendería de experiencias anteriores para elevarlo a un nivel superior.

La Segunda República española también heredó esta misma tradición de violencia estatal contra las masas proletarias y los pueblos colonizados. La Semana Trágica de julio de 1909, desencadenada por la huelga general contra la guerra de Marruecos, terminó con la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia y con una represión que la historiografía interpreta, con más o menos consenso, como un precedente directo de la lógica general del orden monárquico, y, en cierta medida, también del republicano. En la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) fue objeto de una persecución implacable y quedó prácticamente desmantelada, mientras la dirección de la UGT y del PSOE ensayó una estrategia de “intervencionismo” que llevó a Francisco Largo Caballero a aceptar un puesto en el Consejo de Estado del régimen. Pero aquella colaboración fue conflictiva y contestada por las bases de UGT, acelerando tensiones internas que anticipaban la fractura posterior. Esto llevó a que el PSOE finalmente se negara a participar en la Asamblea Nacional Consultiva en octubre de 1927, y la ruptura definitiva con la dictadura llegó en el verano de 1929, cuando rechazaron la nueva oferta de Primo de Rivera y asumieron la reivindicación republicana de Cortes Constituyentes. La dictadura, en cualquier caso, sentó las bases del autoritarismo conservador que se mantuvo en los primeros años de la República y reapareció con fuerza en 1936.

El punto de inflexión llegó en octubre de 1934. La entrada de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) en el gobierno republicano de Alejandro Lerroux desencadenó una huelga general revolucionaria impulsada por el PSOE, que en Asturias se convirtió en una insurrección obrera que se enfrentó al Ejército durante dos semanas. La represión posterior contra las comunidades mineras, dirigida desde Madrid por Franco y Goded, empleó a la Legión y a los Regulares marroquíes, tropas coloniales del Ejército de África. Fue la primera vez que estas fuerzas fueron traídas a la Península para sofocar un movimiento revolucionario, un claro precedente de lo que luego vendría en la Guerra Civil contra la propia República. El gobierno radical-cedista se empleó a fondo con el Ejército para aplastar la insurrección minera, con la CEDA deseando por destruir los sindicatos socialistas y por imponer su idea de “Estado corporativo”. Previamente, en 1933, el gobierno de Manuel Azaña ya había utilizado métodos de excepción contra la CNT: los sucesos de Casas Viejas, en enero de ese año, terminaron con el asesinato de una veintena de campesinos y con la aplicación de la “ley de fugas” por orden del director general de Seguridad, interpretando una instrucción del ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga. La matanza de Casas Viejas se convirtió en símbolo de la represión parapolicial y desengaño popular con el Estado, cosa que fue aprovechada por los enemigos de la República.

Los militares que se habían fogueado contra el movimiento obrero y las poblaciones colonizadas del norte de África se encontraron con la tibieza del republicanismo burgués, que no impidió la conspiración militar para el alzamiento. El gobierno del Frente Popular, primero presidido por Azaña y luego por Casares Quiroga, tenía información sobre la conspiración y tomó algunas medidas: alejó de los centros de poder a los generales más antirrepublicanos. Goded fue destinado a la Comandancia militar de Balears, Franco a la de Canarias y Mola al gobierno militar de Iruñea; otros generales significados, como Orgaz, Villegas, Fanjul y Saliquet, quedaron en situación de disponibles. Sin embargo, esas medidas fueron tardías, insuficientes y descoordinadas, y no sirvieron para frenar la conspiración; en el caso de Franco, incluso le enfurecieron más. Azaña y Casares Quiroga fueron advertidos del golpe por diferentes medios, pero no actuaron con contundencia.

A esto se le sumó el estado del movimiento obrero y la izquierda. Tras el golpe de julio de 1936, hubo unidad revolucionaria en Catalunya y Aragón, pero la desconfianza entre anarquistas, socialistas, comunistas y poumistas condicionó toda la guerra. La fractura principal opuso a quienes defendían ganar la guerra como objetivo prioritario (comunistas, socialistas, republicanos y nacionalistas) y quienes se planteaban la revolución como objetivo simultáneo o prioritario: la CNT-FAI, el POUM y los seguidores de Largo Caballero en la UGT. Esa división, que estalló en los “sucesos de mayo” de 1937 en Catalunya y provocó la caída del gobierno de Largo Caballero, debilitó la retaguardia republicana y contribuyó a la derrota, junto al embargo internacional, la intervención militar de la Alemania nazi y la Italia fascista en favor de Franco, y la pasividad de las democracias burguesas.

En el Estado español, a diferencia de Italia o Alemania, el fascismo no tomó el poder mediante una movilización de masas encuadrada en un partido fascista. Fue un golpe cívico-militar apoyado por las fuerzas conservadoras (Ejército, Iglesia, monárquicos, terratenientes y gran capital industrial), la Italia fascista y con la Falange como componente movilizador y represivo auxiliar, pero subordinado a la dirección militar. La República no cayó porque un movimiento fascista de masas (aún débil en el caso español) la asaltara con la pasividad de la clase dominante: cayó porque las élites conservadoras, que llevaban décadas reprimiendo al movimiento obrero y difundiendo el miedo a la revolución socialista, eligieron al sector más reaccionario del Ejército de la propia República como instrumento predilecto para disparar por la espalda a la democracia burguesa. Las fuerzas obreras, que llegaron a ese momento decisivo profundamente enfrentadas, fueron las que impidieron que el golpe se consumara de inmediato y el enfrentamiento desembocara en una Guerra Civil. Mola coordinó el levantamiento, y Franco, que el 23 de junio había escrito a Casares Quiroga asegurando que las sospechas de golpe “no eran ciertas” (cuando él mismo era uno de los generales implicados), se puso al frente de las tropas coloniales, que actuaron en la península con la misma doctrina y los mismos métodos que en África: una guerra de exterminio. 

Francia: el fascismo contenido, no ausente

El ejemplo histórico francés ofrece el caso inverso donde la unidad antifascista llegó a tiempo para frenar por un momento al fascismo, pero no desmanteló el bloque social y económico que, años después, sostendría al régimen de Vichy. Y es que la III República Francesa no fue inmune al fascismo, aunque el debate sobre la naturaleza exacta de sus ligas sigue abierto en la academia. La tesis de una supuesta “alergia francesa” al fascismo, defendida por historiadores como Serge Berstein, Michel Winock y Antoine Prost, no niega la existencia de una extrema derecha violenta y antiparlamentaria, pero discute, como buena parte de los politólogos, si las ligas de los años treinta eran movimientos fascistas “en sentido estricto”. Berstein ha argumentado que las ligas eran más bien “un avatar del bonapartismo”, y Winock considera que la tradición democrática francesa “actuó como un dique”. Frente a ellos, Brian Jenkins y Chris Millington sostienen en su estudio sobre el 6 de febrero de 1934 que ligas como las Croix-de-Feu o la Solidarité Française “no tenían nada que envidiar a sus homólogas italianas y alemanas en materia de antiparlamentarismo, anticomunismo y autoritarismo”. Lo que impidió que el fascismo llegara al poder en Francia, añaden, no fue una supuesta “inmunidad” por su tradición, sino “la vivacidad de sus adversarios comunistas y socialistas”, que supieron organizarse mejor que en otros países.

La derecha parlamentaria y social, por su parte, no combatió la amenaza fascista con la misma determinación con la que combatía al movimiento obrero; de hecho, no la combatió: las ligas fascistas actuaron como fuerza de presión antiparlamentaria y anticomunista, y los sectores conservadores las toleraron o las instrumentalizaron, al igual que en Alemania e Italia. El coronel de La Rocque, jefe de las bandas Croix-de-Feu, llegó a la explanada de los Inválidos en la citada noche del 6 de febrero, pero se negó a dar el golpe de fuerza definitivo por un cálculo político: las ligas aún podían servir para presionar al Parlamento y desgastar a los socialistas y los comunistas sin necesidad de asumir el coste o el riesgo de una ruptura abierta.

El Frente Popular, en respuesta, aplicó su programa electoral y el gobierno de Léon Blum disolvió el 18 de junio de 1936 cuatro ligas (las Croix-de-Feu, las Jeunesses Patriotes, la Solidarité Française y el Parti Franciste), en una de las acciones gubernamentales más contundentes contra el movimiento fascista. Algunos de los elementos más duros de las ligas disueltas se reagruparon en la Cagoule, que en noviembre de 1937 intentó un golpe de Estado. La unidad entre comunistas, socialistas y radicales se construyó precisamente sobre esta constatación de que la República, las conquistas obreras y las libertades políticas estaban amenazadas por el fascismo extraparlamentario.

Uno de los principales límites o puntos débiles del Frente Popular no fue su tibieza ante el fascismo, sino la composición de su propia alianza. El Partido Radical era condición indispensable de la coalición, pero también su freno. Sus bases sociales (pequeña burguesía y clases medias urbanas) defendían la pequeña propiedad, el orden republicano y la estabilidad financiera. Así, el gobierno de Blum se encontró con el “muro del dinero”: la Banque de France, aún en manos privadas, el Senado conservador y la prensa patronal bloquearon las reformas más ambiciosas. Los radicales marcaron desde el inicio los límites de lo que estaban dispuestos a aceptar, y cuando las reformas parecieron ir demasiado lejos, retiraron su apoyo y derribaron a Blum en junio de 1937. La experiencia terminó sin reformar las instituciones ni consolidar un bloque capaz de resistir la ofensiva reaccionaria.

El anticomunismo y la diplomacia conservadora francesa cumplieron un papel importante a la hora de debilitar el antifascismo europeo con la no intervención en la Guerra Civil española. El gobierno de Blum había autorizado inicialmente enviar armas a la República, e incluso el ministro del Aire radical Pierre Cot llegó a preparar un cargamento de aviones. Pero el 23 de julio Blum viajó a Londres y el secretario de Exteriores británico, Anthony Eden, le advirtió contra el envío de armas. A su regreso, la noticia se había filtrado a la prensa de derechas y varios ministros radicales se habían rebelado. Temiendo el riesgo de una guerra europea y que Francia quedara sola frente a Alemania en un momento de caos interno, Blum aceptó el embargo de armas a la República española el 25 de julio, atendiendo a la presión británica y a la hostilidad de los radicales, el Ejército y parte de la opinión pública católica, que la consideraban una causa “comunista”. Francia abandonó a la República española y, con ello, debilitó la primera línea de defensa contra el fascismo en Europa.

Los historiadores siguen debatiendo si en el caso francés el Frente Popular interrumpió realmente el fascismo o si fue una derrota en diferido. Otros creen que fue ambas cosas a la vez: contuvo la amenaza en 1936, cuando las ligas fascistas podían haber intentado un asalto al poder, y demostró que la movilización obrera y popular podía funcionar como un dique de contención más sólido que los cálculos electoralistas de la derecha y de los sectores más reformistas de la SFIO. Sin embargo, no destruyó las bases sociales y políticas sobre las que se apoyaría posteriormente la Francia colaboracionista de Vichy durante la ocupación nazi. Robert Paxton demostró que el régimen de Pétain “hizo mucho más que reaccionar a las presiones alemanas”: sus dirigentes persiguieron su propia agenda autoritaria y racista, la “Revolución Nacional”, y trataron de convertir a la Francia derrotada en un aliado de la nueva Europa de Hitler. La Francia de Vichy fue una dictadura autoritaria, católica, corporativista, anti-judía y colaboracionista, con componentes ideológicos claramente fascistas, pero también con una base conservadora más amplia y características propiamente francesas. Serge Berstein compara el régimen con el franquismo, porque se reunieron todos los que aceptaron la desaparición de la República, el parlamentarismo y las libertades políticas en favor de un régimen “reaccionario, autoritario, corporativista, nacionalista, excluyendo de la comunidad nacional a los judíos, los inmigrantes, persiguiendo a los francmasones”. A partir de 1943, bajo la presión de Joseph Darnand y su Milicia, el régimen adquirió incluso “rasgos cada vez más claramente fascistizantes”, que ya estaban presentes pero no eran exclusivos. El colaboracionismo francés, por tanto, también respondió a un proyecto de clase de las élites conservadoras del país que, cuando la República estuvo en peligro, prefirieron el orden fascista a la democracia burguesa, sin una oposición considerable de conservadores y liberales. Es muy discutible, por tanto, que el fascismo “no existiera” en Francia o que fuera una especie de imposición exterior del nazismo alemán. Fue contenido a tiempo porque hubo una amplia movilización antifascista con un fuerte contenido de clase y, más tarde, las élites que lo habían tolerado encontraron en la derrota militar la ocasión de consumar su propio proyecto.

La fábrica del enemigo interno: prensa, Iglesia y orden machista

Antes de que las escuadras destruyeran sedes socialistas o los camisas pardas asaltaran sindicatos, un entramado de periódicos, púlpitos y asociaciones había pasado años construyendo la figura del enemigo interno en los tres casos: el “bolchevique”, el “judío”, el “masón”, el “separatista”, el “rojo”. En Italia, Il Popolo d’Italia, fundado por Mussolini en 1914, fue el principal instrumento de propaganda del régimen y atacó sistemáticamente al socialismo y al “peligro bolchevique”. En Alemania, el Völkischer Beobachter, órgano oficial del NSDAP desde diciembre de 1920 cumplió un papel importante en la agitación fascista contra la República de Weimar y en difundir el odio contra los judíos en todos sus artículos. En el Estado español, el ABC, que sigue existiendo, publicaba secciones fijas que presentaban cada huelga o incidente como prueba de que “el país vive en el caos”, y difundía desinformación sobre supuestos planes revolucionarios. Ese tratamiento sectario presentaba la República como una “amenaza para la patria, la propiedad y la religión”, y preparaba el terreno para el golpe: instalaba la idea de que solo el Ejército podía salvar el orden. El Debate, órgano de la CEDA, acompañaba la misma narrativa de una República “bolchevizada”. En Francia, L’Action française, Gringoire y Je suis partout expresaban su odio contra el “judío Blum” y difundieron un discurso que, según los historiadores, fue directamente responsable de la agravación del clima político. La prensa contribuyó a construir el enemigo que justificó el fascismo.

La Iglesia fue el segundo gran pilar de legitimación. En Italia, los Pactos de Letrán de 1929 resolvieron la “cuestión romana” y obtuvieron para el régimen fascista un “vasto apoyo entre los católicos italianos” que “reforzó significativamente” a Mussolini. En España, la Iglesia se convirtió en el “alma del Nuevo Estado”: el nacionalcatolicismo fundió nacionalismo y catolicismo en una unidad indisoluble, y la jerarquía eclesiástica pasó del acatamiento inicial a la República a apoyar abiertamente al bando franquista durante la guerra. En Francia, la Iglesia católica mantuvo relaciones cordiales con Pétain, y los obispos apoyaron al mariscal mientras Vichy colmaba a la institución de subvenciones, ventajas fiscales y poder sobre la juventud. En Alemania el caso fue distinto, pero no inocente: Hitler declaró en 1933 que veía en las “dos confesiones cristianas” (catolicismo y protestantismo) factores esenciales para la “preservación de nuestro pueblo”, y el 20 de julio de ese año firmó un Concordato con el Vaticano que garantizaba la libertad de culto a cambio de que el clero se retirara de la política partidaria. Las iglesias no fueron declaradamente fascistas como en otros casos, pero su anticomunismo, su defensa del orden familiar tradicional y su disposición a pactar con el poder las convirtieron en correas de transmisión que cumplieron un papel significativo en la consolidación del III Reich.

El tercer pilar fue el orden social machista. El fascismo fue, también, un proyecto de reconquista sobre la mujer. En Italia, el régimen consideraba a la mujer trabajadora una “ladrona” que “robaba el pan al hombre”, y las libertades civiles y políticas de la mujer eran vistas como “peligrosas” no solo porque “disminuían la natalidad”, sino porque propiciaban la emancipación de la mujer. El ideal era una familia de doce hijos, y la política de género se articuló en torno a la figura de la mujer como madre. En Alemania, el nazismo elevó la maternidad a “culto” y reservó a la mujer la “domesticidad” y la esfera privada, mientras concedía la “Cruz de Honor de la Madre Alemana” a quienes tenían al menos cuatro hijos y endurecía las penas por aborto. En España, la Sección Femenina de la Falange y la Iglesia mitificaron el modelo de mujer sustentado en la trilogía “Dios, Patria y Hogar”, y la educación de las niñas se orientó a la trilogía doméstica que las confinaba a la exclusividad en la vida privada. En la Francia de Vichy, la “Revolución Nacional” de Pétain promovió un modelo en el que la mujer quedaba sujeta a la familia y a su función de madre, y la ley del 11 de octubre de 1940 suspendió el empleo de mujeres casadas en la administración pública. Ese proyecto reaccionario no era exclusivo del fascismo, sino un consenso histórico del conservadurismo europeo contra los derechos civiles conquistados en el primer tercio del siglo XX (el sufragio, el divorcio, la anticoncepción, la emancipación de la mujer obrera), que la reacción misógina del periodo de entreguerras interpretó como “indicios de la decadencia moral” y como una amenaza para el orden establecido.

La articulación de esos tres dispositivos (la prensa que fabrica el enemigo, la Iglesia que lo legitima y el orden de género que reconstruye la disciplina social machista) explica por qué el fascismo pudo presentarse como una fuerza de “orden” y no como una ruptura. Porque el fascismo histórico fue mucho más que una máquina de violencia; fue también una máquina de producción de consenso. Y en esa producción, el fascismo encontró un lenguaje común en el conservadurismo, el liberalismo y las direcciones de la socialdemocracia, que también participaban, en mayor o menor medida, de la defensa del machismo, del anticomunismo y del orden social. Esa coincidencia, más que cualquier conspiración, hizo que fuera tan difícil detenerlo a tiempo.

Conclusión

En los cuatro ejemplos históricos hemos identificado una misma tendencia: cuando la disyuntiva fue entre ampliar las libertades económicas y políticas de la clase trabajadora o preservar el orden, el partido de la burguesía dijo “orden”. Entonces, el fascismo irrumpió desde el interior de la crisis de la democracia liberal, alimentado por el miedo a la revolución, y a partir de la criminalización y la división del único sujeto realmente interesado y capacitado para detenerlo: la clase trabajadora.

La socialdemocracia no creó el fascismo, ni los conservadores lo quisieron siempre como proyecto definitivo, pero ante la disyuntiva histórica entre profundizar en el poder de la clase trabajadora y preservar el orden establecido en un momento de crisis, eligieron lo segundo. En consecuencia, cuando el fascismo llegó, ya no se encontró una sociedad preparada y organizada para resistirlo, sino una clase trabajadora dividida y desorientada, unas instituciones burguesas cómplices y un lenguaje político que llevaba años intentando confundir la revolución y la emancipación con la catástrofe.

Si hemos visto que el fascismo es una respuesta natural del capital en crisis, la pregunta que queda abierta es si los mecanismos que entonces allanaron su camino (la criminalización de la protesta, las políticas antiproletarias de austeridad, el anticomunismo, la connivencia, la falsa equivalencia entre fascismo y comunismo) no están siendo reconstruidos en la crisis de hoy, con otros nombres y otros enemigos, pero con la misma lógica de fondo: destruir las libertades democráticas para salvar al capitalismo.