El Supremo británico estudia anular la prohibición de Palestine Action

El Tribunal Supremo del Reino Unido celebra esta semana su segunda vista para decidir si mantiene la ilegalización de Palestine Action, el grupo de acción directa contra la industria armamentística israelí, según Middle East Eye. Una parte del procedimiento se celebra en secreto por el carácter de “seguridad nacional” de las pruebas. El abogado Raza Husain KC, que representa a la cofundadora Huda Ammori, afirmó que menos del 1% de las protestas del grupo cumplen la definición legal de “terrorismo”: solo tres de las 385 acciones llevadas a cabo por Palestine Action en cinco años fueron evaluadas por el Ministerio del Interior como “constitutivas de terrorismo”, según los escritos presentados al tribunal. Husain declaró que la organización “nunca ha defendido la violencia contra individuos”. “No es la etiqueta lo que importa, es el fondo”, declaró, y recordó que las sufragistas, los grupos antiguerra, los ecologistas y los defensores de los animales utilizaron tácticas similares o más extremas y no fueron considerados terroristas ni proscritos. El letrado recordó que las sufragistas emplearon tácticas como incendios y ataques con bombas en su campaña por el derecho al voto de las mujeres y que hoy son ampliamente celebradas. Husain añadió que la prohibición ha supuesto “la destrucción total de un grupo de protesta que gozaba de un amplio apoyo en la sociedad civil” y ha tenido un “efecto disuasorio” sobre la libertad de expresión y de protesta en el Reino Unido. “Filton marcó un punto de inflexión: los activistas fueron detenidos como terroristas y tratados como tales. Eso supuso un shock para el movimiento”, dijo.

Desde que el Gobierno prohibió Palestine Action en julio de 2025, la consigna “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action” se ha convertido en una consigna de movilización social y ha llevado a 4.000 personas a enfrentarse a detenciones bajo la “Ley de Terrorismo” británica, incluidos abogados de derechos humanos, activistas ancianos y supervivientes del Holocausto, recuerda Middle East Eye. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, la policía detuvo a cientos de manifestantes frente a la embajada de Estados Unidos en Londres y en Edimburgo por el mero hecho de sostener carteles con esa frase. En la puerta del tribunal, decenas de activistas y celebridades fueron detenidos por sostener carteles que citaban publicaciones de Sarah Helm, periodista y esposa del asesor de seguridad nacional Jonathan Powell, que había criticado públicamente la prohibición. Los manifestantes personalizaron los carteles con descriptores como “judío”, “fisioterapeutas”, “hijo de superviviente del Holocausto”, “jardineros” o “gente normal”. Entre las 25 personas detenidas por la policía por sostener los carteles se encontraban el actor Alfie Enoch, que apareció en las películas de Harry Potter, y el músico de Massive Attack Robert Del Naja.

La vista llega después de que los jueces concedieran el recurso tras la proscripción del Gobierno bajo las leyes de excepción “antiterroristas” y supone el último intento del grupo de anular la prohibición por la vía judicial, después de un recorrido en los tribunales que incluyó una victoria en el Alto Tribunal en febrero de 2026, que declaró la proscripción ilegal y una interferencia desproporcionada en los derechos humanos, revocando esa decisión por el Tribunal de Apelación en junio de 2026 y con la autorización del Supremo en agosto para el recurso final.

James Eadie KC, abogado del Estado, sostiene en sus escritos al Supremo que “los principios aplicados por el Tribunal de Apelación al estimar el recurso del ministro eran antiguos, asentados y ortodoxos” y que “el Tribunal de Apelación no cometió ningún error de derecho. Sus conclusiones de hecho estaban plenamente justificadas por las pruebas que obraban en su poder”. Lobbys sionistas como el Community Security Trust y el Jewish Leadership Council han presentado pruebas al tribunal en apoyo de la prohibición, argumentando que la proscripción “protege a la comunidad judía británica”. Human Rights Watch y relatores especiales de la ONU presentaron declaraciones escritas en las que advierten de que la prohibición genera un efecto disuasorio en la sociedad civil. El secretario de Exteriores británico, Ed Miliband, declaró este año a LBC News que la proscripción de Palestine Action había llevado involuntariamente a que “abuelas y vicarios” fueran detenidos por delitos de terrorismo: “No creo que la intención de nadie fuera criminalizar a esas personas. Pero obviamente el Tribunal Supremo tiene que examinar esta cuestión y obviamente es algo que seguimos revisando como Gobierno”.

Definición oficial de “antisemitismo” en las escuelas: vetar la crítica a Israel

En paralelo, el Good Law Project y el grupo judío británico Na'amod han lanzado una impugnación legal contra la recomendación del Gobierno británico de que las escuelas adopten la definición de antisemitismo de la IHRA, según Middle East Eye. Jo Maugham, director ejecutivo del Good Law Project, declaró que le preocupa que “las reglas que confunden la crítica a Israel con antisemitismo... puedan ser uno de los motores del antisemitismo”. La definición de la IHRA, formulada originalmente en 2004 como una herramienta no vinculante para “monitorear el antisemitismo”, incluye siete de sus once “ilustraciones” con referencias a Israel. El informe Bell, que recomendó adoptar la definición en las escuelas, ha sido cuestionado por tergiversar sus conclusiones, equiparar la crítica a Israel con el antisemitismo y encuestar a un número reducido de estudiantes de un rango de edad estrecho. El propio informe reconoció que se trataba de una “muestra pequeña” que debía “tratarse con cautela”. Kenneth Stern, autor principal de la definición, ha advertido contra su uso como instrumento disciplinario o legal.

En 2018, el abogado de derechos humanos Geoffrey Robertson emitió una opinión legal en la que afirmaba que la definición “probablemente enfriará la libertad de expresión en la práctica”. Na'amod declaró lo siguiente Middle East Eye: “Los alumnos judíos deben estar seguros en la escuela, y el antisemitismo debe tomarse en serio. La definición de la IHRA no hace ese trabajo”. El Departamento de Educación defendió la medida: “El antisemitismo es un problema creciente en toda la sociedad, incluidos nuestros colegios, y los niños y el personal judíos nunca deberían enfrentarse al odio o los prejuicios en la educación”. La definición ha sido adoptada formalmente por 47 países. El Sindicato Nacional de Educación ha criticado la medida y advirtió de que corre el riesgo de “crear una jerarquía del racismo”. Gary Spedding, consultor político sobre Israel-Palestina, calificó el informe Bell de “descuidado, engañoso e inexacto” y lo situó dentro de un “desmantelamiento sistémico, legal e institucional de cualquier apoyo a Palestina”.