El Consejo de Estado francés confirma la ilegalización de la Jeune Garde
Los magistrados ratifican la criminalización del antifascismo, impulsada por el exministro Retailleau bajo el argumento de que el grupo "incitaba a sacar al fascismo de las calles".
El Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa de Francia, confirmó este jueves 30 de abril la disolución definitiva del colectivo antifascista Jeune Garde, creado en 2018. Los magistrados han rechazado el recurso presentado por el grupo contra la orden de ilegalización lanzada el pasado 12 de junio por el entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau. La sentencia considera que la medida es "adaptada, necesaria y proporcionada" ante lo que califican como "agresiones al orden público", alegando que la organización promovía la "confrontación y la exclusión física" del fascismo en las calles.
El proceso de ilegalización fue activado por Retailleau, quien justificó la persecución del colectivo antifascista bajo la consigna de "no dejar pasar nada", mientras el aparato estatal permitía manifestaciones de grupos neonazis en el centro de París y ataques racistas en diversos puntos del país. El portal Contre Attaque destaca la contradicción de esta decisión judicial, señalando que la justicia francesa ha acabado por "inventar el delito de discriminación hacia los nazis". Este fallo se produce apenas unas semanas después de que la Asamblea Nacional francesa guardara un minuto de silencio en homenaje a un neonazi, evidenciando un proceso de derechización institucional acelerada.
Primero contra musulmanes y propalestinos, luego contra antifascistas
La resolución judicial se apoya en la "Ley de Separatismo" aprobada en 2021 bajo el mandato de Gérald Darmanin, una normativa que permite al Ejecutivo disolver asociaciones no solo por "constituir milicias de combate", sino por criterios ambiguos como la "incitación a la violencia contra bienes" o ser consideradas "antirrepublicanas". Inicialmente utilizada contra colectivos musulmanes y propalestinos, esta herramienta de control social se ha redirigido ahora contra el movimiento antifascista. En 2022, el Estado ya había disuelto el Grupo Antifascista Lyon y Alrededores (GALE), acusándolo de "legitimar" acciones mediante un "discurso ideológico dirigido contra la violencia y el racismo de Estado".
Leyes surgidas en 1936 contra el escuadrismo fascista disuelven colectivos antifascistas en 2026
Históricamente, las leyes de disolución administrativa surgieron en 1936 para proteger a la República del asalto de las ligas fascistas que intentaban subvertir el orden parlamentario. Paradójicamente, un siglo después, el aparato jurídico francés ha invertido la función de esta herramienta, utilizándola para desmantelar a quienes se oponen al auge de las organizaciones reaccionarias. Mientras el Estado proscribe a los dos principales colectivos antifascistas de Lyon, las agresiones de la extrema derecha siguen creciendo, incluyendo disparos contra niños no blancos en los Vosgos por parte de militantes racistas, según recuerda Contre Attaque.
Esta ofensiva institucional no solo golpea al antifascismo militante, sino que pone en riesgo la libertad de organización de cualquier estructura de la clase trabajadora. Sectores de la derecha francesa ya han reclamado que estos mismos mecanismos de ilegalización se apliquen contra partidos de oposición como La France Insoumise (LFI) o el Nuevo Partido Anticapitalista (NPA). La criminalización de la Jeune Garde sienta un precedente peligroso que amenaza la actividad política de los sindicatos y movimientos populares para organizar huelgas o bloqueos, abriendo de nuevo la puerta a que cualquier resistencia colectiva sea calificada como una "provocación a la violencia" contra el sistema.
