Almeida ordena no avisar a las personas sin hogar antes de destruir sus pertenencias

La Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid (PP) emitió el pasado mes de marzo una directriz que ordena a los empleados municipales no notificar con antelación a las personas en situación de sinhogarismo cuando se programen "intervenciones de limpieza a fondo" en las calles donde pernoctan. Esta nueva instrucción técnica, a cuyo contenido y comunicaciones internas ha tenido acceso el diario El País, rompe con la praxis habitual de los Equipos de Calle del consistorio, quienes hasta la fecha advertían con antelación a este colectivo vulnerable para que pudiese poner a salvo sus zapatos, medicamentos, documentación oficial y restos de pertenencias personales. La orden ha provocado una profunda alarma entre los propios profesionales locales, quienes han trasladado formalmente su preocupación al Colegio Oficial de los Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid al considerar que la medida incurre en una "grave vulneración de los principios éticos de su profesión".

El cambio de criterio administrativo ha situado a los trabajadores sociales ante un severo dilema deontológico al entender que actuar sin comunicación previa condena a las personas sin techo a una situación de absoluta indefensión, rompiendo de forma drástica sus procesos de intervención social y provocando la pérdida recurrente de documentación básica. Fuentes conocedoras del conflicto aseguran que los Equipos de Calle desobedecieron inicialmente la directriz municipal para proteger a los usuarios, una reacción ante la cual el Ayuntamiento optó por dejar de comunicar a estos empleados el momento exacto en el que se iban a producir las intervenciones de limpieza en la vía pública. Los profesionales afectados han optado por mantener el anonimato ante el temor a sufrir represalias laborales o castigos en la negociación en curso de su nuevo convenio colectivo, lo que ha silenciado de forma temporal la contestación interna en el funcionariado.

Por su parte, el Área de Asuntos Sociales del Consistorio madrileño no ha desmentido la existencia de esta orden interna al ser consultada por los medios, limitándose a argumentar que estas intervenciones "son de carácter puntual" y "se ejecutan exclusivamente cuando un espacio público presenta síntomas de degradación o puede generar un problema de salud pública tanto para los vecinos como para las propias personas sin hogar". Sin embargo, personal de Samur Social ha confirmado bajo condición de anonimato que, al no existir un aviso previo, la inmensa mayoría de las veces no hay nadie en los asentamientos temporales cuando llegan las cuadrillas, lo que deriva en que todas las pertenencias encontradas sean arrojadas directamente a la basura, constando casos recientes de destrucción de medicaciones críticas e identificaciones legales.

Esta realidad ha sido ratificada por personas afectadas en el entorno de la estación de tren de Príncipe Pío, como José David Sánchez, quien lleva ocho años viviendo en las calles de la capital y denuncia que los servicios de limpieza arrasan con campamentos enteros sin consideración, destruyendo carpas y pertenencias de compañeros que se encontraban ausentes en ese instante. En estos operativos exprés intervienen de manera conjunta la Policía Municipal, los empleados del Servicio de Limpieza Urgente (Selur) y trabajadores de Samur Social, excluyendo deliberadamente a los Equipos de Calle, quienes denuncian que esta dinámica "destruye el vínculo de confianza que construyen día a día" con la población vulnerable. A pesar de que la administración local califica las intervenciones de "esporádicas", los registros internos de los propios trabajadores sociales dibujan una campaña sistemática y diaria, contabilizándose tres protocolos de limpieza en diferentes puntos de la ciudad el pasado 22 de mayo, seis el 27 de mayo, siete el 9 de junio y cinco más el 10 de junio.