Dieciséis personas están siendo juzgadas en la Audiencia Nacional por el recibimiento realizado en 2022 al preso político Ibai Aginaga. La Fiscalía ha pedido penas de dos años de cárcel para todos ellos, y en los casos en los que se entiende que existe "reincidencia", la petición es aún mayor. El 8 de junio comenzó el juicio contra las dieciséis personas encausadas por el recibimiento de Berango (Bizkaia), y hoy se está celebrando la segunda y última sesión del juicio. Esta sesión ha comenzado con un testigo propuesto por la defensa, y posteriormente los encausados han sido llamados ante el tribunal. En las conclusiones detalladas al final, la Fiscalía ha mantenido la petición de condena para las dieciséis personas puestas en el foco, y lo mismo han hecho las acusaciones: Dignidad y Justicia, el partido Vox y la Fundación Villacisneros.

Basándose en el artículo 578.1, la Fiscalía ha acusado a las dieciséis personas encausadas de "enaltecimiento del terrorismo". Para este delito se prevén penas de entre uno y tres años de prisión, y en el caso de los de Berango, el Ministerio Fiscal ha solicitado penas de dos años de cárcel para todos ellos. Además, en los casos en los que se considera que existe "reincidencia", ha señalado que las penas deberían ser aún mayores, aunque sin concretar detalles.

En el primer día del juicio, cobró especial importancia el asunto del "colaborador" desconocido mencionado por la Guardia Civil para blindar sus informes policiales. En la base de las acusaciones, una de las principales pruebas es que un 'informante secreto' trasladó a los guardias civiles los supuestos discursos que se escucharon en el acto, pero, aún a día de hoy, no se ha mostrado ninguna grabación ni transcripción original de dichos discursos como prueba. Respecto a este tema, la Fiscalía ha afirmado que esto se ha debido a "la necesidad de mantener en secreto la fuente de información". La defensa, por su parte, ha cuestionado que dichas grabaciones existan; y, en caso de existir, ha dado a entender que tal vez habrían sido obtenidas de manera ilegal. Una de las acusaciones, concretamente la de la Fundación Villacisneros, ha destacado en sus conclusiones finales la "presunción de veracidad" que se debe otorgar a los agentes policiales.

En defensa de los derechos civiles y políticos

El único testigo que ha hablado a propuesta de la defensa ha abierto la sesión de hoy para desmentir la información que aparece en los informes policiales sobre una de las personas acusadas: le achacan haber gritado "Gora ETA militarra" (Viva ETA militar), pero el testigo ha explicado que eso no es verdad. Después de eso se ha dado la palabra a los encausados y, aunque la mayoría ha decidido no declarar, algunos han ofrecido explicaciones.

Uno de los que ha hablado ante el tribunal ha sido Hegoi Uriarte, quien ha negado la acusación de haber realizado un "enaltecimiento del terrorismo" el 13 de marzo de 2022: "Creo que ni ese acto ni este juicio tienen nada que ver con el enaltecimiento".

El encausado Sendoa Aratz Jurado también ha optado por tomar la palabra y ha dicho que no es verdad que hablara en el recibimiento. "Pero podría haberlo hecho, de hecho, estábamos allí ejerciendo nuestros derechos civiles y políticos; el derecho a la libertad de expresión, el derecho de opinión, el derecho de reunión y el derecho a la participación política efectiva", ha añadido.